* La decisión del Tribunal podría alterar radicalmente la naturaleza de la libertad de expresión en Internet
WASHINGTON.-El Tribunal Supremo parecía preocupado el lunes por una ley de Florida que prohíbe a las empresas de medios sociales desfavorecer a los oradores conservadores, al menos en la medida en que impide a las principales plataformas como Facebook y YouTube hacer juicios editoriales. Sin embargo, varios jueces indicaron que la ley puede ser constitucional si se aplica a otros sitios como Gmail, Venmo, Uber y Etsy.
El tribunal dedicó más de dos horas a debatir la ley de Florida, y pasó a considerar una similar de Texas en un segundo alegato.
Sin embargo, a tenor de las preguntas formuladas en el primer debate, los magistrados parecían indecisos sobre cómo abordar las impugnaciones generales de leyes que pueden ser inconstitucionales en aspectos clave, pero permisibles en otros.
La decisión del tribunal, que se espera para junio, será casi con toda seguridad su declaración más importante sobre el alcance de la Primera Enmienda en la era de Internet, y tendrá importantes implicaciones políticas y económicas.
Una sentencia que declare que las plataformas tecnológicas no tienen discreción editorial para decidir qué publicaciones permiten expondría a los usuarios a una mayor variedad de puntos de vista, pero casi con toda seguridad amplificaría los aspectos más desagradables de la era digital, como la incitación al odio y la desinformación.
Esto, a su vez, podría asestar un duro golpe a los modelos de negocio de las plataformas, que se basan en la selección para atraer a usuarios y anunciantes.
Los partidarios de las leyes dijeron que eran un intento de combatir lo que llamaban censura de Silicon Valley, a través de la cual las principales empresas de medios sociales habían eliminado publicaciones que expresaban opiniones conservadoras.
Las leyes fueron impulsadas en parte por las decisiones de algunas plataformas de vetar al presidente Donald J. Trump tras el atentado del 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Las leyes, de Florida y Texas, difieren en sus detalles.
La de Florida impide a las plataformas prohibir permanentemente a los candidatos a cargos políticos en el estado, mientras que la de Texas prohíbe a las plataformas eliminar cualquier contenido basado en el punto de vista de un usuario.
"Para generalizar un poco", escribió el juez Andrew S. Oldham en una decisión que confirmaba la ley de Texas, la ley de Florida "prohíbe toda censura de algunos oradores", mientras que la de Texas "prohíbe cierta censura de todos los oradores" cuando se basa en las opiniones que expresan.
Las dos asociaciones comerciales que impugnan las leyes estatales - NetChoice y la Computer & Communications Industry Association - dijeron que las acciones que el juez Oldham calificó de censura eran opciones editoriales protegidas por la Primera Enmienda, que prohíbe en general las restricciones gubernamentales a la expresión basadas en el contenido y el punto de vista.
Los grupos afirman que las empresas de redes sociales tienen derecho a las mismas protecciones constitucionales de que gozan los periódicos, que en general son libres de publicar lo que quieran sin interferencia del gobierno.
Los estados respondieron que las plataformas de Internet eran transportistas comunes obligados a transmitir los mensajes de todo el mundo y que las leyes protegían la libertad de expresión al garantizar que los usuarios tuvieran acceso a muchos puntos de vista.
Los tribunales federales de apelación llegaron en 2022 a conclusiones contradictorias sobre la constitucionalidad de ambas leyes.
Un panel unánime de tres jueces del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el 11º Circuito confirmó en gran medida una medida cautelar que bloqueaba la ley de Florida.
Pero un panel dividido de tres jueces del Quinto Circuito revocó la orden de un tribunal inferior que bloqueaba la ley de Texas.
El gobierno de Biden apoya a las empresas de medios sociales en los dos casos, Moody contra NetChoice, nº 22-277, y NetChoice contra Paxton, nº 22-555.
El Tribunal Supremo bloqueó la ley de Texas en 2022 mientras el caso avanzaba por una votación de 5 a 4, con una inusual coalición en disidencia.
Los tres miembros más conservadores del tribunal -los jueces Samuel A. Alito Jr., Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch- presentaron una disidencia diciendo que habrían dejado que la ley entrara en vigor.
La jueza Elena Kagan, liberal, también disintió, aunque no se unió a la disidencia y no dio razones propias.
Se hizo una corrección el 26 de febrero de 2024:
Debido a un error de edición, en una versión anterior de este artículo se indicaban mal los detalles de las leyes sobre redes sociales promulgadas por dos estados conservadores.
La de Florida impide a las plataformas excluir permanentemente a los candidatos a cargos políticos en el estado, mientras que la de Texas prohíbe a las plataformas eliminar cualquier contenido basado en el punto de vista de un usuario, y no al revés.
