* Cada vez más mexicanos buscan asilo en la Unión Europea. Sin embargo, muy pocos lo consiguen

BRUSELAS. (Agencias).- El número de mexicanos que buscan protección internacional en la Unión Europea (UE), porque sufrieron persecución o piensan que su vida corre peligro, va en aumento, particularmente las solicitudes hechas por mujeres.

De acuerdo con el Atlas Migratorio de la UE, la base de datos armonizada de los 27 Estados miembros del bloque con relación a los flujos procedentes de 171 países, 335 mexicanos solicitaron refugio en suelo comunitario en 2023.

La cifra muestra una tendencia ascendente desde 2021, cuando 135 tocaron las puertas de la Unión pidiendo asilo.

En 2022, 260 mexicanos recurrieron al régimen de protección temporal que pueden solicitar personas que temen por su vida por concepto de religión, nacionalidad, opinión política o desempeño de su profesión, como suele ser el caso de periodistas y defensores de derechos humanos.

Durante el mismo periodo, igualmente ha crecido el número de solicitudes hechas por mexicanas.

En 2020 y 2021, 41% de las aplicaciones de asilo en la UE procedentes de México fueron realizadas por mexicanas, en 2022 y 2023 escaló a 48% y 49%, respectivamente.

A pesar de que el informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo en 2023 sostiene que en México el número de desaparecidos de manera forzada supera las 110 mil víctimas, los niveles de delitos graves son altos y sostenidos, los activistas sufren ataques y amenazas con regularidad, y el índice de impunidad supera 95%, la posibilidad de encontrar resguardo en suelo europeo es baja para el mexicano.

Del total de las resoluciones emitidas en primera instancia en casos asociados a mexicanos, 85% fueron rechazadas en 2021, 81% en 2022 y 69% en 2023.

La mayoría de los casos en los que el dictamen fue favorable fue en reconocimiento de los derechos establecidos en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, seguido por el criterio humanitario.

El tercer instrumento invocado para una sentencia positiva fue la llamada protección subsidiaria, otorgada en casos en los que las autoridades ven motivos fundados para creer que si regresa a su país de origen enfrentaría alguno de los daños graves previstos en la ley de Ginebra, a pesar de no reunir los requisitos para ser reconocidos como refugiado, según dicha convención.

En 2015, la UE puso en marcha un mecanismo diseñado para cartografiar la represión y las violaciones cometidas contra defensores de derechos humanos en países terceros, incluyendo México.

Implementado por un consorcio de 12 ONG, el programa fue además diseñado para crear canales directos de apoyo a individuos y sus familiares, de manera que puedan tener acceso a fondos europeos para representación legal, gastos médicos y medidas de protección.

Entre el universo de las personas en riesgo, hay defensores de los derechos humanos, periodistas, blogueros, académicos, abogados, sindicalistas y representantes de comunidades indígenas.

Desde su aplicación, el instrumento ha encendido 302 alertas sobre México por amenazas, intimidación, abusos judiciales, represalias, violencia física, desaparición forzada o muerte.

Desde el pico de 2018, cuando se emitieron 70 alertas, la tendencia había sido descendiente hasta el presente año, cuando se han vuelto a disparar, pasando de 10 en 2023 a 22, equivalente a 8% de todas las alertas emitidas por el mecanismo en lo que va de 2024, hasta su última actua-lización.

Del último bloque, nueve corren el riesgo de detención y siete enfrentan abusivos procedimientos judiciales; en tanto que cuatro han perdido la vida, Adriana y Virginia Ortiz García, hermanas y defensoras de derechos humanos indígenas triquis, el sacerdote tzotzil y defensor de derechos humanos Marcelo Pérez Pérez, y el líder indígena Nahua, Antonio Regis Nicolás, asesinado por el Cártel Jalisco Nueva Generación de camino a su domicilio en el municipio de Aquila, Michoacán.

Los últimos en entrar a la lista europea de activistas en peligro son Román Sosa Miñón y Saúl Robles Aragón, activistas de la comunidad indígena Chontal El Coyul, condenados a 15 años de prisión el pasado 8 de mayo por el Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos, del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, por el delito de despojo de tierras en perjuicio de la Sociedad Agrícola Ganadera El Coyul Oax, S.C.

De acuerdo con el consorcio, que incluye a la Federación Internacional de Derechos Humanos, la lista de alertas no puede considerarse completa ni exhaustiva, las cifras reales son mucho más elevadas debido a que muchos ataques no son notificados.