* “Eso nos convierte de los Estados Unidos de América en una confederación de estados”, dijo el juez de distrito David Ezra
AUSTIN, TEXAS.- Un juez federal expresó este jueves su preocupación por una ley de Texas que daría a la policía amplia autoridad para detener a los migrantes acusados de entrada ilegal a partir de marzo, diciendo que sería una "pesadilla" si Estados Unidos se convirtiera en un mosaico de estados que aplican diferentes leyes de inmigración.
"Eso nos convierte de los Estados Unidos de América en una confederación de estados", dijo el juez de distrito David Ezra, que no emitió inmediatamente un fallo. "Eso es lo mismo que la Guerra Civil dijo que no se podía hacer".
Editor86
Ezra está considerando una demanda presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en lo que es la primera prueba legal de lo que los opositores han llamado el intento más dramático de un estado para vigilar la inmigración desde una ley de Arizona de 2010 que fue parcialmente anulada por el Tribunal Supremo.
Es una de las varias batallas judiciales que Texas está librando con la administración del presidente Joe Biden sobre hasta dónde puede llegar el estado para tratar de impedir que los inmigrantes crucen la frontera.
El juez se mantuvo escéptico durante las casi tres horas que duró la vista en Austin, y a menudo cuestionó duramente a los abogados que defendían la ley firmada por el gobernador republicano Greg Abbott.
Ezra, que fue nombrado por el ex presidente Ronald Reagan, no dijo exactamente cuándo se pronunciaría, pero dijo que esperaba dar tiempo suficiente para cualquier apelación antes de que la ley entre en vigor el 5 de marzo.
La medida permitiría a cualquier agente del orden de Texas detener a personas sospechosas de entrar ilegalmente en el país.
Una vez detenidos, podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por un delito menor de entrada ilegal.
Los inmigrantes que no abandonen el país podrían ser detenidos de nuevo y acusados de un delito más grave.
Ezra señaló que tiene experiencia en la audiencia de los casos que se ocupan de cuestiones fronterizas y está familiarizado con las preocupaciones planteadas por Abbott y otros funcionarios estatales sobre los cruces ilegales.
Pero dijo que "no creía" en el argumento de que sólo los criminales están llegando a través de la frontera, llamando a la "gran mayoría" de los migrantes que entran en los EU sin permiso de otra manera la gente respetuosa de la ley.
También cuestionó que facultar a los jueces locales para expulsar a personas de EU pudiera interferir con los procesos o protecciones federales.
El Estado señaló declaraciones de funcionarios policiales que harían cumplir la ley. Ezra respondió: "Tengo que pronunciarme sobre lo que dice la ley, no sobre lo que ellos dicen que harán o no harán".
Ezra se frustró durante un intercambio con un abogado del Estado que dijo que las personas con casos de asilo pendientes que fueran detenidas en virtud de la ley no serían expulsadas del país, en virtud de sus protecciones federales.
"¿Simplemente vas a la cárcel?" preguntó Ezra.
"Sí", respondió Ryan Walters, jefe de la división de litigios especiales de la Oficina del Fiscal General de Texas, momentos después de afirmar que "no hay lugar más seguro" que una prisión estatal para que un inmigrante espere un caso ante un tribunal de inmigración.
Durante meses, se han intensificado las tensiones entre el gobierno de Biden y Texas sobre quién y cómo puede patrullar la frontera.
El Departamento de Justicia también ha llevado a Texas ante los tribunales por una barrera flotante en el Río Grande y ha defendido la capacidad de los agentes de la Patrulla Fronteriza de EU para cortar y retirar kilómetros de alambre de espino que el estado ha instalado a lo largo de la frontera.
Los gobernadores republicanos de todo Estados Unidos han respaldado los esfuerzos de Abbott.
Una fuerte presencia de miembros de la Guardia Nacional de Texas en la ciudad fronteriza de Eagle Pass ha denegado a los agentes de la Patrulla Fronteriza el acceso a un parque situado frente al río.
Los agentes habían utilizado anteriormente el parque para vigilancia y patrullas, así como para procesar a los migrantes que conseguían cruzar el Río Grande hasta suelo estadounidense.
Los grupos de derechos civiles han argumentado que la nueva ley, conocida como Proyecto de Ley 4 del Senado, podría dar lugar a violaciones de los derechos civiles e invitar a la elaboración de perfiles raciales.
Los republicanos han defendido la ley diciendo que probablemente sólo se aplicaría cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
También sostienen que no se utilizaría para perseguir a inmigrantes que llevan mucho tiempo establecidos en Estados Unidos porque el delito menor prescribe a los dos años.
