* Invisibles y presentes en el agua, el suelo, el aire y el suministro de alimentos, las sustancias perfluoroalquiladas se acumulan en el organismo y nunca se descomponen en el medioambiente
WASHINGTON.- Por primera vez, el gobierno federal exige a los sistemas municipales de abastecimiento de agua que eliminen seis sustancias químicas sintéticas relacionadas con el cáncer y otros problemas de salud que están presentes en el agua del grifo de cientos de millones de estadounidenses.
La extraordinaria medida de la Agencia de Protección del Medio Ambiente obliga a los proveedores de agua a reducir las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidas colectivamente como PFAS, a niveles próximos a cero.
Estos compuestos, presentes en todo tipo de productos, desde el hilo dental hasta las espumas de extinción de incendios o los juguetes de los niños, se denominan "sustancias químicas eternas" porque nunca se degradan por completo y pueden acumularse en el organismo y el medio ambiente.
Estas sustancias químicas son tan omnipresentes que pueden encontrarse en la sangre de casi todas las personas de Estados Unidos.
Un estudio gubernamental de 2023 sobre pozos privados y sistemas públicos de abastecimiento de agua detectó sustancias químicas PFAS en casi la mitad del agua corriente del país.
La exposición a los PFAS se ha asociado a trastornos metabólicos, disminución de la fertilidad en las mujeres, retrasos en el desarrollo de los niños y aumento del riesgo de algunos cánceres de próstata, riñón y testículos, según la EPA.
Michael S. Regan, administrador de la E.P.A., calificó la nueva normativa de "cambio de vida".
"Esta medida evitará miles de muertes y reducirá decenas de miles de enfermedades graves", declaró el Sr. Regan en una llamada con periodistas el martes.
Describió la norma como la medida más importante que el gobierno federal ha tomado nunca para reducir la exposición a PFAS en el agua potable.
"Estamos un gran paso más cerca de cerrar por fin el grifo de las sustancias químicas para siempre de una vez por todas", afirmó.
La EPA calculó que el cumplimiento de la norma costaría a las empresas de suministro de agua unos 1.500 millones de dólares anuales, aunque las empresas sostienen que los costes podrían ser el doble y están preocupadas por cómo financiarlo.
Los estados y las administraciones locales han demandado con éxito a algunos fabricantes de PFAS por contaminar el suministro de agua potable, pero las indemnizaciones concedidas a los municipios se han visto reducidas por los costes de limpieza de las sustancias químicas, según los responsables municipales.
Los ejecutivos del sector afirman que, en última instancia, los contribuyentes pagarán la factura en forma de aumento de las tarifas del agua.
La ley bipartidista de infraestructuras de 2021 prevé 9.000 millones de dólares para ayudar a las comunidades a hacer frente a la contaminación por PFAS y la E.P.A. dijo que 1.000 millones de dólares de ese dinero se reservarían para ayudar a los estados con las pruebas y tratamientos iniciales.
Se espera que el Sr. Regan anuncie formalmente la regulación el miércoles en Fayetteville, Carolina del Norte, cerca del lugar donde, en 2017, una planta química de Chemours vertió agua contaminada con PFAS en el río Cape Fear, haciendo que el agua potable local no fuera segura.
El Sr. Regan, que anteriormente ocupó el cargo de máximo regulador medioambiental de Carolina del Norte, supervisó en su momento la investigación sobre los PFAS de Cape Fear y obligó a Chemours a limpiar el aire, el suelo y el agua de las comunidades de la cuenca baja del río Cape Fear.
En 2022, la EPA descubrió que las sustancias químicas podían causar daños a niveles "mucho más bajos de lo que se creía" y que casi ningún nivel de exposición era seguro.
Según la nueva norma de la EPA, las empresas de suministro de agua deben controlar la presencia de PFAS en el agua y notificar al público y reducir la contaminación si los niveles superan la nueva norma de 4 partes por billón de perfluoroalquilos y polifluoroalquilos.
Anteriormente, la agencia había aconsejado que el agua potable no contuviera más de 70 partes por billón de estas sustancias químicas.
Los sistemas públicos de abastecimiento de agua tienen tres años para completar sus controles.
Si esas muestras muestran que los niveles de PFAS superan las nuevas normas de la EPA, las empresas de servicios públicos tendrían otros dos años para comprar e instalar equipos diseñados para filtrar los PFAS.
En un estudio revisado por expertos realizado en 2020, los científicos del Environmental Working Group, una organización sin ánimo de lucro, calcularon que más de 200 millones de estadounidenses tenían PFAS en el agua potable.
Los defensores de la salud pública y los científicos afirmaron que la nueva normativa llega con retraso.
"Cada vez son más los estudios científicos que demuestran que las sustancias químicas PFAS son más nocivas para la salud humana de lo que se pensaba, y a niveles extremadamente bajos", afirmó Anna Reade, directora de defensa de las PFAS del grupo ecologista Natural Resources Defense Council.
Sólo en el último año, más de una docena de estudios revisados por expertos han encontrado pruebas de otros efectos sobre la salud de la exposición a los PFAS, como un retraso en el inicio de la pubertad en las niñas, que provoca una mayor incidencia de cáncer de mama, enfermedades renales y enfermedades tiroideas; una disminución de la densidad ósea en las adolescentes, que puede provocar osteoporosis; y un mayor riesgo de diabetes de tipo 2 en las mujeres.
