Por Andrés Timoteo
LOBOS EN EL SUR
Es una de las muchas caretas de la tragedia humanitaria en Veracruz sin atender. Hace años que en el sur los 'lobos' devoran jóvenes.
Estos simplemente se esfuman -un eufemismo para decir que los secuestran-, no se les vuelve a ver y los únicos que los buscan son sus familiares.
Los parientes se quedan solos en tarea pues el gobierno les regatea la ayuda o de plano los ignoran. Cierto, han habido casos en los que se logra saber el destino aciago que tuvieron los desaparecidos y los hay, aunque rarísimos, en los que logran retornar a sus hogares.
Esto gracias a la presión mediática y la movilización de sus familiares y amigos. De lo contrario tal catástrofe pasaría silenciosa y nunca llegaría a los oídos de quienes tienen el poder de mover el aparato gubernamental.
Según diversos colectivos de búsqueda, en la zona sur habrían más de 300 personas desaparecidas en la última década con características particulares que revelan que son parte de un coto de caza para los depredadores.
El rango de edad va de los 14 a los 30 años y son de clase media-baja y baja, trabajadores o estudiantes casi todos.
Por alguna de esas dos razones -empleo o escuela – así como por diversión, es decir por acudir a alguna fiesta o baile popular, se trasladan a los sitios donde son plagiados por delincuentes o -ojo aquí – por elementos de las corporaciones policíacas.
Si bien en las últimas semanas el estado de Jalisco está en el 'ojo del huracán' mediático por la desaparición de al menos una docena de jóvenes, raptados por los cárteles del narcotráfico, Veracruz tiene historia vieja en estas bestialidades.
Nadie olvide a Susana Tapia, José Benítez, Alfredo González, Bernardo Benítez Arroniz y Mario Arturo Orozco de 16, 24, 25 y 27años, respectivamente, que desaparecieron en Tierra Blanca el 11 de enero del 2016 en las postrimerías del duartismo. Nunca fueron encontrados, ni siquiera sus restos.
A esos chicos que eran originarios de Playa Vicente los intervinieron policías estatales en Tierra Blanca cuando regresaban del puerto de Veracruz y los entregaron a un grupo criminal que los asesinó, incineró y arrojó sus cenizas a un río de la zona.
El caso retumbó a nivel nacional e internacional por la intervención de la policía duartista en la desaparición forzada y su colusión con el crimen organizado, pero que nunca hubo castigo a todos los implicados ni claridad en las pesquisas para conocer el destino de las víctimas.
El colmo es que pese a que la Secretaría de Seguridad Pública estuvo involucrada y se detuvo a ocho expolicías sus procesos judiciales están estancados.
No hay sentencias emitidas y los reos han ido ganado amparos que los aproximan a la liberación en breve, entre ellos Marcos Conde, subdelegado regional de la SSPE y protegido de Arturo Bermúdez, el titular de la dependencia en ese entonces. A Bermúdez nunca lo tocaron. Está libre e impune.
NUEVAS PRESAS
Desde el 2019, cuando Verónica Hernández llegó a la Fiscalía se dejó de recibir a los familiares y se les ha negado la información de la pesquisa -en realidad no existe ninguna investigación aunque debería-.
En tanto, el juez del caso, José Arquímedes Luna, los maltrata soezmente.
En ocasiones, a pesar de viajar cuatro horas para buscarlo en su despacho de Boca del Río, este se niega a recibirlos.
Tampoco la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Aurelia Jiménez los quiere atender. En un par de veces han hecho antesala casi toda una jornada en sus oficinas de Jalapa sin lograr verla.
Al final, alguna secretaria les notifica que "la magistrada está ocupada acompañando al señor gobernador en un evento muy importante".
Para ella es más importante Cuitláhuac García que los jóvenes desparecidos. Tal es su parámetro con las víctimas que no le merecen su tiempo.
Pues bien, la remembranza anterior era necesaria porque los lobos salieron otra vez de cacería y se llevaron otras seis presas en el sur -algunos dicen que serían hasta diez-.
Se trata "scar Ramírez Miranda, José Manuel Martínez Tinoco, Ever Yahir de los Santos Morales, Francisco Javier Tapia Hernández, Cristóbal Cintura Rufino y Cristián Iván Melchor Anell de 18, 20, 24 y 30 años de edad, respectivamente.
Son originarios del puerto de Veracruz pero laboraban para una empresa constructora que tuvo obra en Tres Valles.
El 27 de agosto fueron 'levantados' por hombres armados y desde entonces no se les ha vuelto a ver. Y, como siempre, la Fiscalía cuitlahuista no atiende la petición de localizarlos.
ABEJORROS OCUPADOS
Ayer, los familiares se manifestaron ayer en la ciudad de Veracruz denunciando dos cosas: que son ocho los jóvenes desparecidos pues otros dos fueron 'levantados' individualmente, y que la fiscala Hernández se rehúsa a dales audiencia mientras que los ministeriales les regatean la información y les prodigan un trato indigno.
Pero lo más grave es que no están buscando a los extraviados. Han pasado 12 días y nada se mueve en la Fiscalía, aunque tal parálisis se explicaría con un rumor oscuro que está circulando: que los jóvenes habrían sido secuestrados por policías vestidos de civil para entregarlos a la mafia como sucedió en Tierra Blanca en el 2016. La historia se estaría repitiendo.
Ojalá no sea cierto, pero en el cuitlahuismo ya no se puede descartar ninguna atrocidad por muy extrema que parezca. Igualmente los diputados federales y locales de los distritos sureños y de la conurbación Veracruz-Boca del Río -y de todos los partidos: Morena, PAN y PRI – han dado portazos en la cara a los familiares de los desparecidos.
Cobran -y mucho- como representantes populares pero no se interesan por las víctimas.
Están ocupados en el zumbido prelectoral mientras los lobos siguen devorando jóvenes.
Se hacen sordos ante el clamor de los familiares, aunque estos podrán desquitarse muy pronto ya que en unos meses esos mismos zánganos – los diputados panistas, priistas y morenistas- irán a tocarles la puerta para pedir el voto. ¡Que los reciban con un portazo en las narices!
*Envoyé depuis Paris, France.