Por Andrés Timoteo

LOS INMACULADOS

Obras públicas inexistentes o simuladas, todas con sobrecosto y otorgadas a empresas cuestionadas –sin experiencia en el ramo, creadas 'al vapor' con el inicio de cuatrienio y ligadas a políticos marrulleros, incluidos familiares de los gobernantes locales-, además del manejo discrecional de los apoyos sociales y en general del presupuesto municipal.

También la extorsión a proveedores y la alteración de sus presupuestos y pagos para justificar los famosos 'moches' y 'diezmos' -que ya no son el 10 por ciento sino por lo regular la vigésima y hasta trigésima parte del monto total- y las cantidades exorbitantes a cambio de los insumos, hasta los más nimios, y la facturación a modo usando compañías 'fantasmas'.

Eso privó durante todo el 2022 en dos administraciones municipales.

Además del enriquecimiento súbito -y a la vista de todos- de los alcaldes, sus familiares y determinados funcionarios.

Tal cosa se cuenta en Comapa y Hueyapan de Ocampo donde los negocios al amparo del poder y la expoliación del erario engrosaron el peculio personal de los ediles y sus colaboradores que han construido o comprado mansiones, se mueven en camionetas de lujo y derrochan billetes en francachelas.

No guardan si quiera las apariencias.

Inversamente a lo que se ve y se oye en ambos municipios, el "rgano de Fiscalización Superior (Orfis) declaró que sus cuentas públicas del 2022 están limpísimas.

Los auditores no le encontraron ni un solo peso bajo sospecha a los ediles Juan Gómez Martínez y Gabriel Eugenio Lagunes Jáuregui.

A lavar sus cuentas se les pasó la mano con el 'Maestro Limpio' al grado de que el reporte suena burdo.

¿Por qué Delia González, la titular del Orfis, los hizo pasar como inmaculados?

Por encargo, el primero es el padre del titular de la Junta de Coordinación Política en el congreso local, Juan Gómez Cazarín y el segundo es su cuñado.

El tal "Gaby" Lagunes es hermano de la diputada panista Nora Lagunes a quien se le liga sentimentalmente con Gómez por eso a él y al "Yona" Martínez, les limpiaron todo. Con ello, al legislador tuxtleco se le revierte la acusación contra la auditora González de que 'limpió' las cuentas públicas de varios entes municipales.

Tal salivazo le cae en el rostro. Solo hay que revisar el informe respectivo para verificar que a González Cobos solo le faltó adosar un certificado de virginidad para "El Yona" y "El Gaby" porque a su vista este par salió más puro que una doncella de rancho. Bueno, ya son de rancho solo para el Orfis también los adorna la doncellez contable.

Pero como ya se ha dicho, el enojo de Gómez con la auditora no es por esos ayuntamientos sino por otros para los que pidió un reporte abultado de anomalías a fin de exhibirlos, presionarlos y chantajearlos para que suelten los contratos de obra pública a empresas recomendadas. Ese es todo el argüende.

Uno de ellos es San Andrés Tuxtla donde ha tratado de someter a la alcaldesa Elena Solana, pero ésta se resiste y lo combate por la vía legal. La edil acaba de ser amparada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y ahora tiene el 'fierro' jurídico para impugnar el resultado de la auditoria de la cuenta pública del 2022 hecha por el Orfis.

A Solana le reportaron un presunto daño patrimonial por 53 millones de pesos pero esto fue en base a los documentos que elaboraron los funcionarios de la legislatura y cuya validez se anuló con el fallo de la SCJN que tiró la intervención de la tesorería.

"Intenta formar un cacicazgo regional", señaló la edil sanandresana en referencia a Gómez tras celebrar el fallo judicial. Ahora lo conveniente es que vaya por la revancha.

La respuesta fue virulenta pero sin impacto mayor. Él, su chalán Rafael Fararoni, también diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia, y hasta la diputada federal Paola Tenorio se le fueron encima a la munícipe acusándola de corrupta, aunque tras el descalabro que propinó la SCJN esos señalamientos son estériles.

Están en empate, 1-1, aunque el gol de Solana fue más demoledor para aprendiz de cacique.

28 GARROTAZOS
Por cierto, hablando del ínclito, el lunes también la SCJN le propinó el palazo número 28 al invalidar el artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado fue aprobada por el congreso local en el 2020 a fin de negar la ratificación de los magistrados que concluyan su gestión y soliciten una extensión por cinco años.

Los diputados pretendieron atribuirse una 'facultad soberana' de decidir sobre el Poder Judicial y las leyes existentes, además de que tampoco respetaron un amparo que obtuvo la magistrada Martha Ramírez Trejo quien en diciembre del 2020 fue echada ignominiosamente del Tribunal Superior de Justicia sin respetar su derecho a la ratificación.

A pesar de que una sala regional ratificó el amparo, éste fue desacatado y entonces el expediente llegó al pleno de la SCJN que, otra vez, exhibió a los diputados en su yerro e ignorancia.

Ahora por mandato de los magistrados deben atender la solicitud de magistrada Ramírez y corregir la pifia jurídica. Literalmente les corrigieron la plana pues les reescribieron el artículo 213 de a citada ley.

También se emitió jurisprudencia, o sea que las burradas de los diputados morenistas liderados por el tuxtleco Gómez dieron pie a una interpretación jurídica que puede ser usada en todo el país para evitar este tipo de abusos y barrabasadas. Puras vergüenzas salen del congreso estatal.

¿Cuántos descalabros van? Este sería el número 28 de las dos legislaturas que ha conducido el tuxtleco y el cuarto del 2023.

¿Ya ven que sí es imprescindible poner que en la regencia del Poder Legislativo a una persona estudiada?

Las 65 y 66 legislaturas bajo el dominio del morenismo ya están en los anales -y no es albur aunque suene pertinente– de la historia como las peores que ha tenido Veracruz por haber estado plagadas de rebuznadores levanta-pezuñas pues a estar alturas ya no se puede asegurar que los que se sientan en las curules tengan dedos humanos.