Por Andrés Timoteo

BANALIZACIÓN
Hay quienes se ‘desgarran las vestiduras’ porque desde la dirigencia del PRI cuestionan a la diputada local, Ana Guadalupe Ingram luego de que se unió en votación a la bancada de Morena para avalar la cuenta pública 2022 tan llena de desfalcos y sospechas de estar torcida a fin de ocultar el hurto en el gobierno cuitlahuista.

A pesar del “Fofo” (Adolfo) Ramírez Arana y su secretaria, Lorena Piñón, impuestos en el comité directivo estatal de ese partido y repudiados por una buena parte de la militancia, los directivos priistas están en su derecho de pedirles cuentas a los legisladores sobre su comportamiento parlamentario.

Los estatutos así lo prevén y así es el quehacer político-partidista-parlamentario.

Pero tanto la señora Ingram como sus cercanos acusan ataques internos, ‘guerra sucia’, ‘fuego amigo’ y hasta violencia política por razón de género cuando simplemente le piden dar una explicación por su voto pro-morenista.

No es la primera vez que la diputada se une gustosa al dedo alzado de los guindas, solo revisen su historial parlamentario.

En este caso en particular hay una duda razonable sobre que Ingram habría pactado algo con el oficialismo porque de lo contrario no se entiende su voto a favor, más aún cuando su compañero de bancada Marlon Ramírez recientemente hizo públicos diversos chanchullos financieros en dependencias estatales.

Al parecer a la diputada no importaron las empresas ‘fantasmas’, el desvío de fondos públicos y la turbia “limpieza” que hizo el Orfis de esas dependencias.

¿A cambio de qué Ingram avaló las cuentas peripuestas? Eso es lo que debe explicar puntualmente.

Sin embargo, la legisladora recurre a la falsa victimización alegando que la violentan por ser mujer. Vaya forma de banalizar una condición que en realidad sufren muchas mujeres veracruzanas que a diario enfrentan discriminación y ataques en los espacios políticos y públicos.

Por pedirle cuentas a Ingram no la violentan por razón de género, pero ella trivializa el concepto sin ningún recato. Y ya es la tercera vez lo hace.

La primera fue en octubre del 2018 cuando ella junto con otras diputadas en San Lázaro acusaron a gritos que se cometía violencia política de género contra la entonces secretaria Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Rosario Robles.

Con ese argumento defendían a la funcionaria peñista responsable de la “Estafa Maestra” con la que se robaron 7 mil 600 millones de pesos en Sedesol.

Tal pillaje lo quisieron ocultar banalizando los atropellos por razón de género.

La segunda ocasión fue cuando el exsecretario estatal de Salud, Roberto Ramos Alor, afirmó en una comparecencia del 2021 que había diputadas “totalmente palacio que busca reflectores”. Entonces, Ingram que ‘se puso el saco’ lo denunció por violencia de género, pero no prosperó la queja.

Vaya que el destino es caprichoso pues quién iba a decir que las palabras de Ramos Alor se cumplieron dos años después pues ahora la señora Ingram es “totalmente palacio” -pero morenista-.

Y acorralada por su comportamiento parlamentario, hoy nuevamente invoca y banaliza el delito de violencia política de género y hasta amenaza a sus propios correligionarios del PRI con que serán castigados “de manera contundente” por cuestionarla y que “deben tener mucho ojo en el tema".

Aquí hay una advertencia real a los priistas amagados pues ahora la diputada tiene de su lado al gobierno cuitlahuista y, por ende, al OPLE, al Tribunal Electoral y a la Fiscalía cuitlahuistas.

En una de esas, los preguntones del tricolor hasta terminan en el ‘tambo’ o al menos sancionados por meterse con una aliada de la 4T.

Pero también los priistas tienen ‘fierros’ jurídicos para defenderse pues desde enero de este año existe una jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que anula los abusos sobre el tópico de la violencia política de género.

Se determinó que las críticas y cuestionamientos hacia una política a través de la prensa y las redes sociales no implican necesariamente un acto de violencia política por razón de género cuando éstos no sean ofensas y se avoquen al desempeño público de las aludidas.

Entonces, la diputada solo los está espantando con el ‘petate del muerto’.

OPORTUNISMO Y OCURRENCIAS
En temporada de campañas siempre aparecen ocurrentes y oportunistas. Ya saltaron dos de ellos que buscan colgarse del tiempo comicial para obtener retazos de poder o ganancias pecuniarias.

Uno es el experredista Juan Carlos Mezhua quien anuncia que será “candidato independiente” a la gubernatura porque, afirma, Veracruz “necesita caras nuevas y gente honesta”. No se rían, eso dice.

Obviamente todos saben de dónde viene la idea de meterlo en la competencia y quiénes lo financiarán. Es lo mismo que en el 2016 hizo el expanista Juan Bueno sostenido económicamente por el duartismo y la fidelidad. Mismo caso con Mezhua, ambos son ‘totalmente palacio” -hasta deberían de hacer un trío musical con Lupe Ingram-.

El cuitlahuismo le perdonó los 96.3 millones del daño patrimonial que provocó al ayuntamiento de Zongolica donde fue alcalde del 2018 al 2021. Los cuatro años robó a gusto y hasta la fecha no lo molesta la Fiscalía.

Ahora Mezhua les pagará la impunidad tratando de restarle votos a la oposición, aunque son pírricas sus expectativas de apoyo ciudadano, igual que Bueno Torio en el 2016.

Otro que se acaba de auto-meter en las propuestas para la candidatura de la coalición que se pretende entre el PAN, PRI y PRD es el exalcalde de Medellín de Bravo, Hipólito Deschamps, quien paga gacetillas promocionando una encuesta que lo pone en quinto lugar entre los evaluados, con un 5.7 por ciento de las preferencias.

Es una ocurrencia. Deschamps dejó a Medellín de Bravo en el desastre y ni los medellinenses votaron por él cuando quiso ‘chapulinear’ a una diputación local, entonces ¿quién lo querrá como gobernador? Que no se azote el ‘tiktokero’ con sus encuestas hechizas porque hay vidrios en el suelo.

*Envoyé depuis Paris, France.