Por Andrés Timoteo
DELITOS EN AUTOCRACIA
Lo que muchos pensaban que era una retórica exagerada y cuya concreción estaba muy lejana a México, ya está pisando los umbrales.
El gobierno obradorista está por dar el primer pasó para "regular" a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas particulares para que revelen su financiamiento proveniente del extranjero y en qué lo invierten.
Así lo anunció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez, pero tal propuesta poco tiene que ver con la revisión fiscal sino que su objetivo es el control político y coartar tanto la libertad de expresión como la de prensa.
Enviarán una iniciativa para, primero, obligar a que las donaciones provenientes del extranjero, especialmente de Estados Unidos, sean informadas y luego vendrá la Ley de Agentes Extranjeros como ya se aplica en Rusia, Venezuela y Nicaragua.
Usando de 'sparring' a la organización Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) que ha realizado reportajes -con las normas periodísticas- y reportes -con las normas del análisis académico- que evidencian a su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador canturrea que hay injerencismo, el primer término para construir la acusación predilecta de las autocracias: catalogar a críticos y opositores como agentes extranjeros con objetivos golpistas.
A MCC le reprocha haber recibido 96.7 millones de pesos de la embajada de Estados Unidos y otras fundaciones privadas del vecino país del 2018 al 2024 para que criticar a su gobierno.
Y se queja de dichas aportaaciones pese a que el propio gobierno las ha recibido más cuantiosas de esas mismas agencias norteamericanas.
La United States Agency International Development (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) han costeado la operación del Sistema Anticorrupción y la milicia mexicanos.
Por ejemplo, en el 2021 se dio a conocer que el USAID destinó 165.3 millones de dólares -3 mil 110 millones de pesos- al Ejército a través del Programa de Financiamiento Militar Extranjero, cifra que supera en mil por ciento a las donaciones entregadas a ONG. Aún así, López Obrador denuncia intervencionismo.
El injerencismo y la oposición financiada desde el extranjero son las primeras denominaciones de un régimen autoritario para después evolucionar a la calificación de terrorismo y golpismo como en su momento sucedió en Rusia, Venezuela y Nicaragua.
Solo hay que revisar el devenir en la última década en esos tres países para dar el campanazo de alerta de que el obradorato está dando los primeros pasos -que los continuará Claudia Sheinbaum porque el tabasqueño seguirá mandando- para llegar a una Ley de Agentes Extranjeros y diseñar los delitos que usan los regímenes dictatoriales a fin de controlar, perseguir, expulsar, encarcelar y, en casos extremos, eliminar físicamente a opositores y críticos.
ASÍ COMENZÓ ALLÁ
El 2012, Vladímir Putin impulsó en Rusia la Ley de Agentes Extranjeros que, primero, ordenó a todas las organizaciones civiles, activistas y periodistas informar si recibían donativos del exterior. Incluso si eran corresponsales contratados por agencias informativas o diarios.
En el 2020 reformó esa ley para clasificar como delincuentes a esos mismos "agentes extranjeros".
A través de la oficina llamada Rosfinmonitoring se les vigila y caza con revisiones fiscales, congelando cuentas bancarias y elaborando expedientes penales.
La víctima más famosa es el político Alekséi Navalni a quien primero mandó a envenenar y luego lo metió a prisión donde falleció en febrero pasado, presuntamente asesinado.
La última hazañas del autócrata ruso fue declarar como "agentes extranjeros y organizaciones extremistas y terroristas" a todos los que participen en el movimiento LGBT por la diversidad sexual.
En Venezuela, la Ley de Agentes Extranjeros se aprobó en el 2021 por decreto el dictador Nicolás Maduro con los mismos efectos y objetivos de la normatividad rusa.
No fue algo nuevo, su antecesor Hugo Chávez impulsó en el 2010 la Ley en Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional que tenía los mismos efectos pero más disimulados.
Desde septiembre del 2020, una ley similar entró en vigor en Nicaragua a petición del dictador Daniel Ortega.
Con esa ley ha corrido del país y encarcelado a estudiantes, sacerdotes, académicos, activistas, periodistas y políticos opositores.
Desde el 2023 ha expulsado a una treintena de religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, al que primero condenó a 26 años de prisión.
También intervino y se apoderó de los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua (UCA) manejada por los Jesuitas y otras 26 universidades privadas.
Vaya, hasta expulsó al certamen Miss Universo porque la ganadora Sheynnis Palacios hizo críticas al régimen.
Ella está decretada como "una agente extranjera y golpista contra la Revolución Sandinista" por lo que no puede volver al país.
La bella está en Costa Rica y si regresa terminará en una mazmorra.
En Rusia, Venezuela y Nicaragua hace tiempo decían que los gobernantes no se atreverían a tanto y se atrevieron.
Así comenzó allá y para allá va México. Pronto se tendrá el delito de "enemigo de la cuarta transformación", ya verán.
*Envoyé depuis Paris, France.
