Por Andrés Timoteo
EL ESCENARIO PERFECTO
Al periodista Jacinto Romero lo mataron a tiros hace tres años.
Le metieron cinco balas cuando fue interceptado en calles de Ixtaczoquitlán, en la zona centro.
Días antes estuvo recibiendo amenazas a través de mensajes de texto.
"Deja de escribir mamadas, hijo de tu puta madre", fue una de ellas.
Otra: "Por eso a los putos periodistas se los carga la chingada".
Y "Ya debes muchas Jacinto y esta fue tu última mamada", le escribieron antes de ser baleado aquel jueves 19 de agosto del 2021.
La investigación judicial para dar con sus asesinos es un cochinero.
En noviembre del 2021 y abril del 2022 fueron detenidas cuatro personas, la mayoría identificadas con partidos políticos, lo que confirma que la autoría intelectual del homicidio surgió de ese mundillo.
Dos eran regidores electos del ayuntamiento zoquiteco, Roberto Trinidad González Cruz de Morena y Patricio Alejandro de los Santos Rosas de Movimiento Ciudadano.
Otro es Casto Emilio Hernández Sánchez, exagente municipal y promotor del partido guinda.
Cuatro fueron liberados en septiembre del año pasado, González Cruz y Hernández Sánchez junto con una mujer de nombre a Ana Rosas Laura Rodríguez, tras recibir amparos judiciales.
Solo queda uno en la cárcel, el emecista De los Santos pero no por mucho tiempo pues ya tiene amparos por dictarse que lo liberarán, según denunció Germán Romero, hijo del periodista asesinado.
"Sabemos que vienen amparos qué favorecen a las otras personas y ya mejor no le movemos", dijo.
No le falta razón pues los liberados ya deslizaron amenazas contra los familiares del periodista para que se desistan en la exigencia de justicia.
El asunto es totalmente político pues se dio prioridad para liberar los detenidos identificados con el partido Morena y la "cuarta transformación", y en breve estará libre el emecista al que apodan "El Munra" en los triforios delictivos de la zona.
No serán castigados y, en cambio, tienen 'manga ancha' para acosar a los familiares de la víctima para que guarden silencio.
Lo han logrado pues Germán Romero de plano anticipó que se quedarán al margen.
"No sabemos a qué nos enfrentamos, la seguridad del estado -léase el cuitlahuismo- da mucho qué hablar, el gobernador prometió que el crimen no quedaría impune y pues no hizo nada", afirmó en el marco del tercer aniversario del crimen.
Y añadió lo revelador: "Nosotros (la familia) decidimos que se lo dejamos a Dios y que la Fiscalía si quiere que haga su trabajo, si no, ya no pasa nada.
Por seguridad de mi familia ya no le buscamos".
La síntesis es: los asesinos sueltos, el crimen impune y los deudos silenciados.
Vaya, el escenario perfecto para los intereses del cuitlahuato y de los mata-periodistas.
MISMO MANOSEO
El manejo ministerial del caso de Romero es parecido al de la periodista papanteca María Elena Ferral asesinada hace cuatro años, el 30 de marzo del 2020.
La actuación de la fiscala Verónica Hernández es similar en deficiencias, omisiones, opacidad y manoseo político-partidista.
Primero presumió la detención de once personas por dicho crimen, pero casi todas ya salieron de prisión y otras están por recibir amparos para su excarcelamiento.
Y todos son actores secundarios, algunos involucrados por estar enemistados o ser críticos del exsecretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros.
Tal es el caso del también reportero José Cárdenas Juárez quien es descrito por colegas de la zona norte como un "periodista ejemplar y ajeno al crimen", pero que fue involucrado desde la Fiscalía para desquitar venganzas personales de Cisneros y otros políticos de la región.
Ah y el que no ha sido aprendido -vaya, ni siquiera se le busca- es el exalcalde de Coyutla, Basilio Picazo, autor intelectual del homicidio quien, desde la impunidad y el manto protector del gobierno estatal, se ha dedicado a amenazar a los familiares de Ferral para que se desistan en la exigencia de justicia.
¿Cómo lo van a detener si los Picazo son operadores de Morena en la Sierra del Totonacapan?
HASTA EL MEMORIAL
Por cierto, el 31 de julio se cumplieron nueve años del asesinato del fotorreportero Rubén Espinosa y la activista Nadia Vera, en la Ciudad de México a donde habían huido tras recibir amenazas del gobierno duartista.
Y como los otros casos de colegas victimados, el suyo sigue impune, aunque la responsabilidad es de la Fiscalía capitalina.
Lo que llama la atención es que el gobierno de Cuitláhuac García a través de su representante en la Ciudad de México, Reina Enith Domínguez Wong, alcaldesa de Pueblo Viejo y quien se autopromueve como "la norveracruzana más cercana a Rocío Nahle" -es pariente de los líderes petroleros del sur del estado de apellido Wong- pidió al gobierno de Martí Batres retirar el memorial de Rubén Espinosa.
La placa se había colocado en el 2021 sobre la calle Luz Saviñón de la colonia Narvarte, donde sucedió el crimen, pero este año fue quitada a petición del gobierno veracruzano.
Lo mismo se hizo con la placa de Regina Martínez en la Plaza Lerdo de Jalapa.
El cuitlahuismo hecha tierra sobre la memoria de los periodistas asesinados en el duartismo.
Los quiere borrar.
Envoyé depuis Paris, France.
