Por Andrés Timoteo
INVICTUS LINGUA
Y lo volvió a hacer.
El gobernante en turno, Cuitláhuac García nuevamente emitió una declaración en torno a las víctimas que parirá consecuencias fatales.
Dijo que los cinco agricultores originarios de Actopan que desaparecieron luego de salir de una audiencia en la Fiscalía Regional de Veracruz no tenían la calidad de ausentes forzados sino de fugados ante una inminente imputación judicial.
Según García, los campesinos habría huido porque un juez de instrucción los vincularía a un proceso penal por el delito de despojo de tierra.
Esto que hizo de nueva cuenta es muy grave ya que a esas cinco personas no se les busca como víctimas del delito de lesa humanidad sino que los rastrean -si acaso – como presuntos delincuentes.
Empero, las fuentes al interior de la misma Fiscalía dicen que ni lo uno ni lo otro.
Por los dichos García Jiménez se pararon de inmediato operativos y protocolos para localizar a los cinco agricultores originarios de la comunidad Santa Rosa, en Actopan, igual que sucedió en mayo del 2022 con el caso de Viridiana Moreno.
Ella había desaparecido el 18 de mayo luego de acudir a una entrevista de trabajo en Cardel.
Sus padres y amigos se movilizaron denunciando la desaparición forzada y exigiendo que las autoridades la localizaran, pero tres días después, el 21 de mayo, el gobernante declaró que la joven "no estaba desaparecida sino resguardada".
Y todos los protocolos de búsqueda se detuvieron.
Dos días más tarde se encontró el cuerpo mutilado de Viridiana en Playa Chachalacas, Úrsulo Galván.
De ese gazapo han pasado dos años y García Jiménez ni siquiera ha ofrecido una disculpa pública a pesar de que sus palabras tuvieron consecuencias mortales.
Ahora repite el mismo desliz con los campesinos Jesús Cervantes Grajales, José Juan Montiel Cervantes, Rafael Montiel Cervantes, David Hernández Aguilar y Lorenzo Ortiz Báez a quienes no se les ha vuelto a ver desde el 15 de febrero.
No solo detuvo su búsqueda sino además los criminalizó.
García continua con la 'invictus lingua', dirían los cultos.
La lengua invicta, imparable en decir sandeces, en difamar a las víctimas y elevar los embustes a carpetas de investigación judicial.
Nadie como él.
Por cierto, con estos cinco actopeños ya son dos las desapariciones forzadas múltiples que se dan luego de que las víctimas pisaron oficinas gubernamentales.
El 8 de diciembre pasado cuatro personas desaparecieron luego de que fueron intervenidas por agentes de Tránsito municipal en Ciudad Mendoza.
Ellos fueron llevados a la oficina de la dependencia y desde entonces están ilocalizables.
Para no variar, el gobernante García Jiménez también los demonizó ligándolos con el crimen organizado, así se lavó las manos.
Ah, y nueve de los doce agentes viales involucrados en esa desaparición forzada siguen fugados.
La Fiscalía ni la Secretaría de Seguridad Pública los están buscando como tampoco a los cuatro desaparecidos. Nada y eso revela mucho de lo que hay detrás.
EXPEDIENTE "C"
Ha causado cierto revuelo mediático la adhesión del empresario misanteco Rubén Carrasco Mora a la campaña del candidato opositor a la gubernatura, José Yunes Zorrilla, luego de que durante los últimos cinco años fue uno de los prestanombres consentidos del cuitlahuismo.
Carrasco dejó el partido Morena, por el cual intentó en varias ocasiones obtener una diputación, y saltó a la alianza PAN-PRI-PRD, lo que da pie a una lectura y a una filtración.
De la primera se entiende que el tipo es pragmático, está oliendo la derrota de la zacatecana Rocío Nahle y por eso cambió de casaca buscando asegurar futuros negocios y, obviamente, la protección para cuando llegue el momento de las indagatorias judiciales.
De esto lo último se desprende la filtración. Los aliancistas lo habrían aceptado no porque el misanteco tenga un capital político-electoral significativo y ni siquiera porque les pueda aportar dinero para costear la campaña, sino por la información.
Se habla de un "Expediente C" que se comprometió a entregarles. Interprétese como se guste la "C", tanto "Expediente Coyame" como "Expediente Carón".
Y es una relatoría pormenorizada de los negocios turbios que hizo como socio y prestanombres del presidente de la Junta de Coordinación Política del congreso local, Juan Gómez.
El más vistoso de ellos es la refresquera Coyame en Los Tuxtlas en el cual se desviaron millones de pesos del erario y resultó una engañifa.
Fue "un lavadero de dinero", un "pretexto para robarse mucho dinero", comentan los enterados esa información que ofreció Carrasco -apodado "El Coyame" así como el nombre de su empresa 'fantasma' de bebidas embotellas- a cambio de que fuera recibido en la alianza opositora.
Afirman que en ese 'dossier' jurado da santo y señal de esas truculencias con el tuxtleco Gómez "para cuando llegue el tiempo de ajustar cuentas y preparar celdas", según les dijo a los pepistas.
Y que incluso si gana la morenista Rocío Nahle tendrán un instrumento tan fuerte para exponer la corrupción del cuitlahuismo que ella se verá obligada a llevarlos -al menos a Gómez Cazarín- ante los tribunales.
*Envoyé depuis Paris, France.
