Por Andrés Timoteo
LOS DÍAS NEGROS
Negocios incendiados y cadáveres descuartizados en varias ciudades, bares atacados a balazos, un empresario que, acorralado por la inacción de las autoridades recurrió a la defensa por cuenta propia atropellando y matando a dos extorsionadores en Minatitlán, y otros dos empresarios asesinados por la mafia en Tuxpan en menos de una semana.
A lo anterior sumen tres feminicidios, catorce desaparecidos y seis 'ejecutados' individualmente. Vaya, el acumulado más actual da 78 "hechos aislados" de esos que la zacatecana Rocío Nahle asegura que no cuentan porque son sucesos rarísimos en la entidad. Ajá.
En el sur de Veracruz, la tierra política y adoptiva de la gobernante, regresaron los días negros y se cayó el velo de aquella presunción durante el cuitlahuato cuando se contaban días y meses "sin 'ejecuciones' ni secuestros".
Vaya, que el sur estaba pacificado.
Nunca lo estuvo, se trató de un maquillaje: la Fiscalía no abría carpetas investigadoras o reclasificaba los delitos.
Y ni así lograron ocultar la realidad. No se olvidan, por ejemplo, las oleadas de atentados incendiarios contra establecimientos comerciales, restaurantes y talleres mecánicos.
Era lo más visible, pero lo oculto fue la extorsión o, cómo le dicen en el argot delictivo, el 'cobro de piso'.
Este último es el causante de que Coatzacoalcos y Minatitlán sean casi 'ciudades fantasmas' pues las inversiones se esfumaron, los comercios cerraron y hay zonas enteras que están desoladas.
Si no fuera por la industria petrolera, la región estaría en la penuria total.
Y la extorsión ha llegado a tal grado que ¡hasta los ayuntamientos pagan cuota a la delincuencia!
No es invento, una pista se remonta a enero del 2018 cuando un grupo criminal 'levantó' y tuvo secuestrado por varios días al director de ingresos de la Tesorería de Coatzacoalcos, Elías Gutiérrez.
Lo liberaron con vida pero el funcionario renunció inmediatamente.
¿El motivo? Los criminales exigían el 'cobro de piso' al ayuntamiento de más de un millón de pesos mensuales así como la información fiscal del empresariado para definir los montos de la extorsiones.
No se dijo públicamente, pero todos en el sur lo supieron: el entonces alcalde morenista Víctor Carranza -compadre y compañero de juergas de José Luis Peña- habría llegado a un acuerdo con los delincuentes y cedió a todas sus exigencias. Eso se mantiene con Amado Cruz Malpica, el edil actual.
En el lapso del 2018 al 2021 se produjo un crecimiento exponencial del 'cobro de piso' a causa de tal permisión y se desplomó la actividad empresarial, más de sesenta comercios cerraron.
Una medición se tuvo en el desmantelamiento de siete hoteles -Varadero, Bringas, Bellavista, Dumar, Isabella, Suite Margón y City Exprés- y otros diez moteles.
El edil Carranza tratando de ocultar los verdaderos motivos culpó a la pandemia de Covid-19.
Empero, el descalabro empresarial no se replicó en otros puntos de Veracruz también azotados por el cierre pandémico.
Los hoteleros el sur señalaron que el motivo real fue la inseguridad y especialmente la extorsión.
LAS OCURRENCIAS
La entonces secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú, en un afán de justificar el desplome de la oferta hotelera acabó por darles la razón a los empresarios con una declaración tan torpe como sintomática: ¡culpó al INEGI por difundir encuestas que ubicaban a Coatzacoalcos entre las ciudades más inseguras del país!
Según la minanteca Arbesú, en ese tiempo sedicente comadre y posición de Nahle en el gabinete cuitlahuista, el INEGI espantaba a los turistas y tenía una 'campaña negra' contra Veracruz.
¡Brillante ocurrencia!
Ahora Nahle anuncia que los casos de extorsión, como que el obligó al dueño del bar "El Jalisquito" de Minatitlán a embestir y matar a sus extorsionadores, los combatirá a base de mayores condenas carcelarias.
Es otra ocurrencia y retardataria. Desde hace décadas, estudios alrededor del mundo desmontaron el mito de "más penas, menos delitos".
No funciona y menos en sociedades con gobiernos débiles o fallidos, donde jueces y policías están involucrados o permiten el crimen.
No sirve establecer hasta la cadena perpetua si los infractores saben que la autoridad no los va a perseguir ni llevar a juicio.
Para ellos, la ganancia por delinquir es mayor al riesgo de ser castigados.
Tal lógica encaja al dedillo en Veracruz donde la fiscal Verónica Hernández mantiene una estadística del 98.7 por ciento de impunidad en los delitos denunciados.
El dicho de Nahle es también tramposo porque le traslada la responsabilidad de atacar a la extorsión a los diputados -que deberán modificar la ley- en vez de exigirles resultados a Hernández Giadáns y a su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Reyes, quien no ha dado golpe alguno en los cuatro meses que lleva en esa oficina.
Ambos son a los que debe poner a trabajar para combatir el 'cobro de piso' y otros ilícitos, pero no lo hace porque su pretensión es justificar el desastre en vez de solucionarlo.
Ya antes sorprendió con la ocurrencia de los "hechos aislados" que se le siguen acumulando y se encaminan a convertirse en la regla y no la excepción en su sexenio.
*Envoyé depuis Paris, France.
