TEXTO IRREVERENTE | MENTIRAS Y BURLAS - Ayer se cumplieron dos semanas de la represión policíaca contra pobladores de la comunidad Totalco, en el municipio de Perote, y de la ejecución extrajudicial de dos campesinos...
Ayer se cumplieron dos semanas de la represión policíaca contra pobladores de la comunidad Totalco, en el municipio de Perote, y de la ejecución extrajudicial de dos campesinos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE)...
Por Andrés Timoteo
MENTIRAS Y BURLAS
Ayer se cumplieron dos semanas de la represión policíaca contra pobladores de la comunidad Totalco, en el municipio de Perote, y de la ejecución extrajudicial de dos campesinos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) y no hay visos de justicia para las víctimas ni de castigo para los victimarios.
Ni un solo mando policíaco o policía raso ha sido presentado ante los tribunales y lo que se tiene de parte del gobierno cuitlahuista es la faramalla de desaparecer a la Fuerza Civil, pero tampoco su comandante, Humberto Segura Barradas, ni sus subalternos han sido llamados a cuentas.
Ya no se diga del jefe de ellos, el oaxaqueño Cuauhtémoc Zúñiga quien es el responsable, junto con el gobernante en turno Cuitláhuac García, de todo lo sucedido en Perote de acuerdo a la cadena de mando la SSPE.
Con el correr de los días se ha ido desgranando las mentiras del gobierno estatal.
Una, la falsedad de las sanciones sobre 18 criaderos de cerdos desde el 2023 como asegura la Procuraduría del Medio Ambiente la cual solo puso sellos en una de sus 51 instalaciones y las quitó casi inmediatamente después de que los empresarios pagaran el 'moche' al procurador Sergio Rodríguez -se dice que fue de 5 millones de pesos-.
La segunda es que la planta sancionada ni siquiera se ubica en Perote, el punto del conflicto, sino en Jalacingo, concretamente en el poblado Loma Larga, a 30 kilómetros de distancia.
Las plantas en el territorio peroteño siguen funcionando a toda su capacidad, explotando los mantos freáticos, ensuciando cuerpos de agua y apestando el aire.
Y la tercera mentida es que, según García Jiménez, "ya se llegó a un acuerdo" con los manifestantes y que siempre hubo "comunicación con ellos".
Para nada, el mandatario no fue al lugar para escuchar a los ciudadanos tras el asesinato de los dos campesinos argumentando que "no era instancia investigadora" y luego dijo que "tenía otros asuntos que atender". Tampoco envió a funcionarios de primer nivel.
Los funcionarios menores que acudieron a la mesa de negociación -la segunda porque en la primera dejaron plantados a los lugareños - únicamente ofrecieron pagar becas a las víctimas, 920 pesos mensuales por cada uno de los seis huérfanos de los hermanos Cortina.
Ah y el dinero no saldrá de las arcas estatales sino que a los niños los inscribirán en las Becas del Bienestar.
Así, la cantidad y la forma son insultos para las víctimas.
También es una burla que el gobierno cuitlahuista se rehúse a firmar cualquier compromiso para auditar, inspeccionar y clausurar las zahúrdas de Granjas Carroll.
Hay una sospechosa pero elocuente reticencia de la autoridad para proceder contra la empresa porcina cuyas únicas sanciones anunciadas han sido de saliva. Granjas Carroll es intocable para el cuitlahuismo, ¿por qué será?
ESCONDER LA MUGRE
Por otro lado, la decisión de extinguir al grupo Fuerza Civil sin procesar a sus mandos ni investigar todas sus acciones -las de este sexenio y las de los periodos anteriores- algunas que son crímenes de lesa humanidad, es una medida para esconder la mugre debajo del tapete.
Ni por asomo se apuesta a la justicia transicional que es cuando se revisa el pasado para allegar justicia a las víctimas de un periodo de violaciones graves a los derechos humanos.
Todo es simulación e impunidad.
No solo es dar el plumazo para extinguir al grupo policíaco sino que debe ser investigado en su integridad, a todos sus mandos y jefes generales, léase los gobernadores y sus secretarios de Seguridad en los diez años que estuvo en funciones.
Pero a Cuitláhuac García no le conviene documentar los abusos pues él mismo es responsable de lo que hizo ese grupo policíaco en los últimos cinco años y seis meses, desde diciembre del 2018 cuando inició su gobierno.
Con Javier Duarte y Arturo Bermúdez, los 'gorilas' de la Fuerza Civil operaron como sicarios del crimen organizado.
Fueron aliados de Los Zetas y para ellos -y para los capos del gobierno- perpetraban desapariciones, 'levantones', torturas, asesinatos y enterramiento en fosas clandestinas.
Vaya, el tiradero de cadáveres -algunos de policías- en la Barranca de la Aurora es un ejemplo ilustrativo de lo que hizo la Fuerza Civil en el duartismo.
A ese grupo lo toleró el yunismo y con el cuitlahuismo retomó sus funciones de 'escuadrón de la muerte' y sicariato.
Los de la Fuerza Civil bajo el cuitlahuato fueron los que detuvieron a la mayoría de los presos políticos del sexenio, los que les 'sembraban' armas y droga, o les montaron los teatros de supuestos ultrajes a la autoridad a personajes de la oposición o que eran incómodos en palacio de gobierno.
Y fueron los que desaparecieron a sus propios elementos, como a Alan Cuetero "El Archi", director de la Policía Vial de la SSPE, por citar otro ejemplo ,y tal como operaban en el duartismo.
Por eso, lo que pretende el gobernante García Jiménez es esconder las felonías, evitar investigaciones y apostarle a la impunidad y al olvido para que él mismo no sea cuestionado, ya no se diga enjuiciado, por esos crímenes. Un plan con maña, con saña y con insania.