Por Andrés Timoteo
Y NO APARECIERON
Vino y se fue el presidente Andrés Manuel López Obrador y los cuatro de Ciudad Mendoza no aparecen.
El lunes se cumplió un mes de que fueron secuestrados por agentes de Tránsito municipal y nada se sabe de ellos.
Tampoco de sus plagiarios pues solo dos -según la versión oficial- están detenidos.
El resto sigue prófugo y sin que las autoridades los busquen.
¿López Obrador resolvió el caso como lo había prometido? No lo hizo y ni siquiera atendió a los familiares de las víctimas.
Estos no fueron recibidos por el mandatario y ni siquiera los dejaron aproximarse al tabasqueño para entregarle una petición escrita.
Solo les quedó manifestarse con algunas peticiones escritas en cartulinas.
Algunos dicen que el presidente habló con el gobernante estatal, el abucheado Cuitláhuac García, y le pidió atender el caso.
Claro, no hay certeza de que eso haya pasado, es simplemente la especulación de algún opinador con imaginación creativa, pero si fue así, resultó peor para las víctimas.
Al día siguiente, García Jiménez se dedicó a criminalizar a los desaparecidos.
Acusó a uno de ellos de ser cercano a un capo regional del crimen organizado apodado “El Bukanas” -sus voceros exhibieron a la prensa una fotografía de la víctima con el presunto delincuente- y trató de aislar la desaparición forzada, en la que participaron empleados municipales, en una disputa entre bandas delictivas.
Pero si el crimen organizado infiltró a la oficina de Tránsito en Ciudad Mendoza, ¿por qué no ha ido tras los diez agentes huidos?, ¿por qué no llama a cuentas al jefe de todos ellos, el alcalde morenista Héctor Rodríguez quien, según las propias deducciones de García Jiménez, permitió que el crimen organizaron infiltrara esa dependencia?
¿Por qué no instruye a la Fiscalía a indagar el nexo de políticos locales con la delincuencia? No lo hizo ni lo hará.
En cambio vuelve a la vieja estrategia de culpar a las víctimas de su propia desgracia.
Su diatriba sobre que los desaparecidos eran delincuentes es justificar que hayan sido secuestrados y dejar de investigar el caso, lo que significa no perseguir ni castigar a los perpetrados.
Eso dejó la visita presidencial que, se suponía, debía servir para resolver y recuperar a los cuatro desaparecidos de Ciudad Mendoza.
EL CARTEL GUINDA
Para entender lo sucedido en ese municipio fabril hay que reparar en que los sufridos habitantes padecen a los facinerosos, tanto los criminales puros como los que ostentan cargos políticos.
Basta hacer un recuento rápido de quienes controlan los ayuntamientos de la zona que algunos llaman jocosamente el “Cartel Guinda”.
En Ciudad Mendoza gobierna Héctor Rodríguez, un pillo de siete suelas que tiene parte de la responsabilidad de esa desaparición y que usa a los elementos de vialidad para extorsionar y, ahora se sabe, para secuestrar y desaparecer personas.
Ricardo Pérez, primo del exsecretario de Educación, Zenyazen Escobar, y que el año pasado fue detenido por la policía con armas y equipo táctico que usan los delincuentes, es alcalde de Río Blanco.
A este tipo la Secretaría de Seguridad Pública lo boletinó como un “sujeto generador de violencia” en la región.
Sin embargo duró poco en la cárcel, su caso no llegó a un juez porque intervino directamente el gobernante en turno, Cuitláhuac García, para liberarlo y que regresara a despachar en el palacio municipal.
En Ixtaczoquitlán el edil es Nahum Álvarez que tiene al municipio en el caos por la inseguridad y además se ha negado a cumplir con su promesa de campaña de buscar y localizar a los siete comerciantes víctimas de desaparición forzada por parte de policías municipales en el 2019.
Sigue protegiendo a los expolicías y al grupo criminal que ordenó el secuestro múltiple.
Ernesto Torres despacha en Nogales. Llegó al cargo por el PVEM en alianza con Morena.
En Acultzingo está Alfredo Cruz, electo por Redes Sociales Progresistas y en Tlilapan Jaime López postulado por Movimiento Ciudadano, ambos hoy también están en Morena.
Solo se “salvan” el orizabeño Juan Manuel Diez y la alcaldesa de Mariano Escobedo, Guadalupe Durán.
LOS TIENEN RODEADOS
Y se entrecomilla el “salvan” porque Diez Francos que es priista opera ya para Morena. Le acaba de mandar a la zacatecana Rocío Nahle a uno de sus operadores más cercanos, el exalcalde Igor Rojí. Repite la estrategia del 2018 cuando mandó a otro exalcalde, Hugo Chahín, a Movimiento Ciudadano para restarle votos al mismo tricolor en el distrito y facilitar los triunfos locales de Morena.
Desde el 2021, Chahín opera para los guindas.
En Mariano Escobedo, Durán Alcántara está a punto de dejar el PRD para sumarse a Morena.
El brinco partidista está programado para los próximos días cuando la zacatecana Nahle visite la región y presuma que otro edil del Sol Azteca adherido a su campaña.
Durán entendió la amenaza: Morena o la cárcel.
En resumen, los pobladores de la región fabril de Valle de Orizaba sufren la delincuencia organizada que está en concupiscencia con los birlescos guindas que ocupan las alcaldías.
Los tienen rodeados, pues.
*Envoyé depuis Paris, France.