*Al menos 300 jueces y magistrados estatales podrían unirse a la suspensión de labores contra la reforma judicial
CHIHUAHUA.- Los asuntos que son tramitados al mes entre los juzgados de primera instancia y las salas de segunda instancia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son siete mil 403, los cuales podrían verse afectados en caso de un paro de dichos órganos, que es considerado como medida de protesta contra la reforma judicial.
En el último año reportado del Poder Judicial del Estado (PJE) que cuenta con 260 días laborales la primera instancia de la justicia recibió 88 mil 256 trámites civiles, familiares, mercantiles, laborales y penales, mientras que en los órganos de segunda instancia fueron siete mil 985.
Ayer, en entrevista con El Diario, la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Myriam Hernández, dio a conocer que el paro de labores, similar al que realizó durante meses el Poder Judicial de la Federación, es una de las alternativas de protesta que tenían los juzgadores y personal del Poder Judicial estatal.
Hernández explicó que la medida de paralizar las actividades en tribunales locales es tema de análisis entre los juzgadores, a partir de la reforma judicial nacional que busca la elección de jueces y magistrados por voto popular.
Por ello, indicó, fue presentada una controversia constitucional en contra de dicha reforma, mientras que de forma individual los jueces y magistrados han recurrido a los amparos, recursos que han sido presentados, pero que tienen pocas esperanzas de prosperar, ante la decisión del Legislativo Federal y la presidenta Claudia Sheinbaum de no acatar las resoluciones judiciales en contra.
Entre los motivos de rechazo a la reforma por parte del Poder Judicial de Chihuahua, Hernández Acosta enlistó que violaron el proceso legislativo, al no agostarse la discusión ni hacer las consultas suficientes que requieren los cambios constitucionales.
“Entre otras cosas, la violación a la independencia judicial, la elección popular de jueces, que si bien somos un poder político no debe de contaminarnos la política, porque rompe con la imparcialidad de las resoluciones. ¿A quién le va a responder un juez que le debe todo a un pagador, a un patrocinador o a un partido? A los intereses precisamente de ese patrocinador o de ese partido”, criticó.
“Deseamos que haya algún cambio de timón, que haya alguna enmienda sobre todo esto. Ojalá fuera así para que en algún punto nosotros no tengamos que parar también”, advirtió.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El informe de las actividades judiciales del estado del año 2022, el más actualizado que está disponible en el portal del TSJE, asienta que en ese periodo ingresaron a trámite más de 96 mil asuntos, tanto a los juzgados de primera instancia como a las salas de segunda instancia.
Esta cantidad de asuntos es lo que estaría en juego en un eventual paro de labores del Poder Judicial del Estado, aunque en el del Poder Judicial Federal no afectaron algunas cuestiones consideradas urgentes, las que todavía no ha definido la justicia estatal.
En la primera instancia, los juzgados que atienden materia familiar recibieron 33 mil 581 asuntos y emitieron 27 mil 686 sentencias; los especializados en materia civil ingresaron 23 mil 287 y sentenciaron en 14 mil 341 casos.
Los juzgados penales del sistema adversarial (sistema oral, vigente desde 2006) registraron 18 mil 604 asuntos y emitieron 17 mil 208 sentencias; mientras que los del sistema tradicional (que perdió vigencia desde 2006, pero en el mismo quedaron los asuntos no resueltos hasta entonces) mantenían abiertos mil 376 asuntos y en ese año emitieron 125 sentencias.
En materia mercantil, la primera instancia ingresó 11 mil 181 asuntos y emitió nueve mil 162; mientras que en materia laboral, que recién comenzó en los últimos meses de ese año, ingresaron a sus juzgados 227 asuntos y fueron emitidas 50 sentencias.
En la segunda instancia, que revisa las resoluciones de la primera en casos de impugnaciones y reclamos, ingresaron tres mil 764 asuntos civiles; dos mil 352 familiares y mil 825 penales; además de 41 del área especializada de justicia para adolescentes y otros tantos asuntos en materias administrativa y fiscal.
Ante la eventualidad de un paro judicial estatal, esta sería una aproximación a las dimensiones de las afectaciones que traería, pues la totalidad implica que son tramitados cerca de 400 asuntos por día en los 14 distritos judiciales que tiene la entidad: Bravos, Morelos, Abraham González, Andrés del Río, Arteaga, Benito Juárez, Camargo, Galeana, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Manuel Ojinaga, Mina y Rayón, demarcaciones a través de las que la justicia atiende los 67 municipios.
