*La medida contra migrantes drenaría 2.5 billones de dólares de la economía en 10 años, indican organismos y expertos; además, prevén una crisis en los sectores agrícola y de la construcción.

MIAMI. (Agencias).- Donald Trump ha insistido en las deportaciones masivas, aunque sea poner la soga a las finanzas y a las agencias en Estados Unidos.

La promesa de deportar a 11 millones de indocumentados sería, ante todo, un esfuerzo logístico monumental.

Las agencias encargadas de la detención y deportación de inmigrantes, como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) están mal equipadas para manejar una operación de esta escala.

De acuerdo con las estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE cuenta con 7 mil 711 empleados para las operaciones de deportación.

“Comparando esta cifra con el número de inmigrantes que Donald Trump quiere expulsar, es evidente que estas agencias necesitarían una expansión muy amplia de personal y recursos”, señala desde Texas el especialista en seguridad binacional, Jaime Ortiz.

En 2019, por ejemplo, ICE deportó a 267 mil inmigrantes. A este ritmo, tomaría más de 40 años detectar, detener y deportar a 11 millones de personas.

“Incluso, si se duplicara o triplicara la capacidad operativa de ICE, como ha propuesto Trump, los tiempos seguirían siendo desmesurados”, dice Ortiz; con una estimación de entre 13 y 20 años, “aún con el apoyo de la Guardia Nacional, que además, no es su función legal”.

Las personas detenidas tendrían que ser alojadas en centros de detención, lo que conllevaría enormes costos adicionales.

Expertos como Edward Alden, del Council on Foreign Relations, han señalado que aumentar las deportaciones masivas requeriría más esfuerzo que sólo aumentar el número de agentes:

“El verdadero obstáculo es la infraestructura. Aumentar el personal no es suficiente; necesitaríamos duplicar o triplicar las instalaciones de detención y eso lleva tiempo y dinero”.

Además, la Oficina de Contabilidad General de Estados Unidos (GAO) ha criticado que los métodos de ICE para estimar los costos de detención no son confiables, lo que plantea dudas sobre la viabilidad presupuestaria de expandir el programa.

El impacto económico de deportar a millones de indocumentados es otro de los puntos críticos.

Según un estudio del Center for American Progress, “un enfoque de deportación tiene el efecto acumulativo de drenar 2.5 billones de dólares de la economía estadounidense en 10 años. Se trata de una oscilación de 4 billones de dólares en el PIB dependiendo del enfoque político que adoptemos”.
“Se debería principalmente a la pérdida de mano de obra en sectores clave como la agricultura, la construcción y el sector de servicios que dependen en gran medida de la fuerza laboral inmigrante”.

Uno de los sectores más afectados sería la agricultura, donde 50% de los trabajadores agrícolas son indocumentados, de acuerdo con diversas asociaciones de trabajadores del campo de Estados Unidos.

La American Farm Bureau Federation ha advertido repetidamente que deportar a los indocumentados causaría una “crisis agrícola”, al obligar a los productores a depender de mano de obra más cara o de importaciones de alimentos.

John Feinblatt, presidente de New American Economy, ha destacado el impacto en la construcción y los servicios:

“La mayoría de los inmigrantes indocumentados trabajan en sectores que ya sufren de una grave escasez de trabajadores. Las deportaciones masivas incrementarían este problema, aumentando los costos y retrasando proyectos clave de infraestructura”.

Si sucedieran las deportaciones masivas de Trump, la construcción y el sector servicios también experimentarían una escasez crítica de mano de obra, lo que llevaría a una desaceleración económica generalizada.

El país se enfrentaría a una recesión al perder a millones de trabajadores, según indicó un estudio de American Immigration Coalition.

El análisis señala que una implementación masiva de deportaciones podría provocar una caída del PIB anual entre 4.2 % y 6.8%, lo que equivale a pérdidas de entre 1.1 y 1.7 billones de dólares anuales.

Estas cifras superan el impacto de la Gran Recesión de 2007-2009, cuando el PIB se redujo un 4.3%.

El impacto negativo sería especialmente severo en California, Texas y Florida, estados que albergan casi la mitad de los inmigrantes indocumentados del país y donde uno de cada 20 residentes podría ser deportado.

Por otro lado, el pago de impuestos por parte de los indocumentados es significativo.

Según el Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP), el sector contribuye aproximadamente con 11 mil 740 millones de dólares en impuestos estatales y locales cada año.

Además, se calcula que pagan alrededor de 12 mil millones de dólares al sistema de seguridad social, aunque no son elegibles para recibir beneficios.

Deportar a esta población generaría una brecha fiscal que sería muy difícil de cubrir.

Deportar a 11 millones de indocumentados eliminaría una parte significativa de estos ingresos fiscales, lo que afectaría a los programas sociales y servicios esenciales financiados por estos impuestos.

El plan también tendría un costo operativo exorbitante.

De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, procesar y deportar a 11 millones de personas costaría entre 100 mil millones y 150 mil millones de dólares; considerando los costos de detención, transporte, personal adicional y procedimientos legales.

Una investigación de Yale Insights estima que el número real de inmigrantes indocumentados en la Unión Americana podría estar entre 16 millones y 22 millones.

“Los costos para llevar a cabo esta idea de Trump, de deportaciones masivas, sería doblemente absurda”, dice Jiménez, “estaríamos hablando de entre 200 y 300 mil millones de dólares. Una locura”.

Además, programas recientes como la admisión temporal de personas de países como Ucrania, Cuba, y Venezuela también han añadido a esta población, aunque no siempre se les contabiliza de inmediato como indocumentados.

Para dimensionar el costo de las detenciones, se estima que cada inmigrante cuesta alrededor de 208 dólares por día en detención, según cálculos del National Immigration Forum.

El proceso de deportación como se ha mencionado tardaría años porque el sistema judicial de inmigración está ya saturado con más de 2 millones de casos pendientes de acuerdo con el American Immigration Council.

Otro de los aspectos más devastadores de las deportaciones masivas sería su impacto en los millones de niños ciudadanos estadounidenses que tienen al menos un padre indocumentado.

Actualmente, de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, al menos 4 millones 400 mil niños nacidos en Estados Unidos viven con al menos un progenitor sin estatus legal.

En caso de que sus padres fueran deportados, estos niños quedarían desamparados o separados de sus familias, lo que desataría una crisis humanitaria sin precedentes en la nación.

Viabilidad legal

Más allá de las implicaciones económicas y sociales, la viabilidad legal de las deportaciones masivas enfrenta obstáculos considerables.

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el debido proceso para todas las personas en el país, independientemente de su estatus migratorio.

Además del debido proceso, los inmigrantes detenidos también tienen derecho a apelar las decisiones de deportación, lo que puede prolongar los casos durante varios años.

Expertos legales han advertido que, dado el estado actual del sistema de inmigración, procesar este volumen de deportaciones no sólo sobrecargaría las cortes, sino que también colapsaría los centros de detención.