La Suprema Corte de Justicia abrió ayer dos juicios para revisar las leyes secundarias de la reforma judicial
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias). La Suprema Corte de Justicia abrió ayer dos juicios para revisar las leyes secundarias de la reforma judicial, en particular, las que regulan la elección de juzgadores por voto popular en 2025 y años posteriores.
El Ministro Jorge Pardo Rebolledo admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad promovidas por el PRI y Movimiento Ciudadano, que piden invalidar las reformas a las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicadas el 14 de octubre.
Estas leyes contienen los detalles operativos de los procesos electorales ordenados por la reforma constitucional al Poder Judicial, publicada el 15 de septiembre.
La Corte recibió estas demandas apenas el lunes y jueves pasado, pero por tratarse de materia electoral, los casos son de trámite prioritario, y por tanto, fueron admitidos de inmediato por el Ministro.
Para invalidar cualquier aspecto de ambas leyes, o los decretos en su totalidad, se requiere el voto de al menos ocho Ministros y Ministras, mayoría que sólo será posible durante las siguientes dos semanas, pues el Ministro Luis María Aguilar se retira de la Corte el 30 de noviembre.
Lo anterior, dado que es previsible que las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz bloquearán cualquier intento de afectar la elección judicial de junio de 2025, en la que ellas mismas serán candidatas para permanecer en la Corte.
Debido a la prioridad del tema, es probable que Pardo designará a varios de sus secretarios para elaborar un proyecto lo antes posible, y así discutirlo en el Pleno durante la última semana de Aguilar en el tribunal.
La norma más importante es la LGIPE, a la que fue necesario modificar 17 porciones del articulado existente, así como agregar un nuevo libro con 42 artículos que regulan temas como campañas de aspirantes a juzgadores federales y estatales, la jornada electoral, fiscalización, cómputo de votos, declaraciones de validez y asignaciones de mayoría.
El régimen transitorio, en tanto, se refiere a la elección de junio de 2025, en la que serán votados 881 cargos, incluida la renovación total de la Corte, puestos en el Tribunal Electoral, el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, 464 plazas de Magistrado de Circuito y 386 de Juez de Distrito.
La LGIPE fue el fundamento legal para la convocatoria del Senado a la elección, que a su vez norma la actuación de los comités de Evaluación de los tres Poderes, que están en etapa de recibir inscripciones de los interesados en ser candidatos.
Sin embargo, cualquier declaratoria de invalidez de la Corte podría ser rápidamente contrarrestada por Morena y sus aliados en el Congreso, donde sólo se necesita mayoría simple para aprobar reformas legales.
Además, la propia reforma constitucional -que la Corte no pudo invalidar el pasado 5 de noviembre- contiene múltiples detalles operativos para instrumentar la elección de 2025, incluidos los formatos que deben tener las boletas.
"Estamos en la carretera rumbo a Reynosa y acaban de secuestrar a gente en un carro", alertó una mujer.
"Se los llevaron, hay mucho tráfico y la gente se está regresando", añadió.
"Para que tomen sus precauciones".
La mujer reprochó que no había presencia policiaca, pese a que hay cuartel de Fuerza Civil en la zona y la Guardia Nacional debe vigilar la carretera, y agregó
