CIUDAD DE MÉXICO.– Un juez federal emitió una orden de aprehensión contra Jorge Yáñez Polo, quien fuera contador de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), por no haberse presentado voluntariamente para cumplir con la prisión preventiva que se le impuso en septiembre de 2020, como parte de un proceso que se le imputa por posible defraudación fiscal.
De acuerdo con información constatada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Yáñez Polo evadió pagar 28 millones 150 mil 800 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), entre los años de 2014 a 2018; por dichas irregularidades la Procuraduría Fiscal de la Federación denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR), que lo judicia-lizó.
Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP congeló las cuentas bancarias del imputado, así como de colaboradores y familiares, de los que destacan María del Carmen Ampudia, Alonso Ancira, Gilda Lozoya Austin, Marie Helene Eckes, Francisco Serafín y Rodrigo Arteaga, con lo que se investiga las posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El 7 de septiembre de 2020, Yáñez Polo compareció mediante videoconferencia en audiencia inicial, en la que un juez de control estimó la existencia de pruebas suficientes para acreditar su probable responsabilidad, por lo que lo vinculó a proceso y ordenó que el contador se sometiera a prisión preventiva justificada como medida cautelar, ante ello se le ordenó presentarse de forma voluntaria para ser ingresado al Reclusorio Norte, pero no cumplió.
Emilio Lozoya se encuentra preso desde el 3 de noviembre de 2021, cuando en una audiencia por el caso Odebrecht la FGR justificó riesgo de fuga por parte del exdirector de Pemex durante el sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto, con lo que la justicia federal dictó prisión preventiva en su contra.
Se le acusa de los delitos de cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El argumento en el que se centra la imputación, es que Lozoya Austin recibió al menos 10 millones de dólares de la constructora brasileña a cambio de entregar contratos de Pemex y gestionar la asignación de otros en varias dependencias del gobierno.
