*Tras 4 mil 378 indagatorias por posible corrupción en cinco años, la institución federal registra apenas ocho sentencias
CIUDAD DE MÉXICO. Agencias.- Desde marzo de 2019 hasta julio de 2024, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción inició cuatro mil 378 indagatorias, pero apenas logró ocho sentencias, la mayoría contra funcionarios de menor rango que no pisaron la cárcel al haber obtenido beneficios para sustituir la prisión por otra medida.
Esto se desprende de una revisión a los fallos obtenidos vía transparencia.
Por el despacho que encabeza María de la Luz Mijangos pasaron investigaciones contra personajes políticos como el presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno; el exsecretario de Gobernación con Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, y el expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a las que se les dio “carpetazo” mediante dictámenes de No Ejercicio de la Acción Penal.
Otras investigaciones que también quedaron archivadas son las iniciadas por presuntos desvíos e irregularidades en la Sagarpa, el ISSSTE, la Secretaría de Seguridad, la extinta Policía Federal y el sindicato de Pemex.
Aunque algunos personajes políticos aquí mencionados han dicho que fueron exonerados, esta es la primera vez que la Fiscalía brinda las versiones públicas de los dictámenes donde decreta no ejercer acción penal en acatamiento a diversas resoluciones del INAI.
En el caso de Segalmex, la fiscalía ha abierto nueve indagatorias tras diversas denuncias presentadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que en conjunto involucran un posible daño al erario por 433 millones de pesos, de acuerdo con información proporcionada por la SFP vía transparencia tras interponer un recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI).
De estas nueve indagatorias, una fue remitida por “incompetencia” a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, y las otras ocho continúan en trámite, es decir, no se ha podido determinar la comisión de un delito, a pesar de que cuatro de ellas se iniciaron en 2019.
Carpeta de Felipe Calderón
Otro expediente al que la fiscalía le dio carpetazo fue la denuncia presentada en 2020 por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra Felipe Calderón por las presuntas irregularidades en que se habría dado la extinción de Luz y Fuerza del Centro en 2009.
En agosto de 2023, Martín Esparza, líder del SME, dio a conocer en diversas entrevistas que les habían notificado el no ejercido de la acción penal por la presunción de delitos como abuso de poder, desviación de recursos públicos y actos de corrupción.
Inconforme con esta resolución, según dijo Esparza, interpuso un amparo ante un tribunal colegiado.
Aunque se solicitó información sobre el estatus de la indagatoria, la fiscalía anticorrupción se negó a informar si la carpeta sigue en investigación o fue archivada, pese a un recurso de revisión ante el INAI.
Sentencias diluidas
Desde que comenzó a operar la fiscalía anticorrupción, y hasta mediados de 2024, el ministerio público se abstuvo de seguir investigando en 220 carpetas, y en otras 790 decidió no ejercer acción penal. Es decir, archivó mil 10 indagatorias (23%) por diversos delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones, tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones, entre otros.
Además, concluyó 66 indagatorias mediante mecanismos alternos de solución de controversias, entre ellos, acuerdos reparatorios.
Del total de las investigaciones iniciadas, apenas judicializó 210 carpetas (el 4.7%) de las cuales logró sólo dos sentencias en juicio oral, y seis más mediante procedimiento abreviado, este último una forma rápida de terminar el proceso penal sin llegar a juicio oral.
Entre las sentencias más significativas que ganó la Fiscalía fue el caso de Roberto Cabrera, excomisionado nacional de búsqueda, que fue hallado culpable del delito de ejercicio ilícito del servicio público al haber entregado miles de perfiles genéticos de personas desaparecidas a una empresa que lucró con la información.
Aunque la fiscalía anticorrupción pedía una sentencia de 5 años con 9 meses de prisión, el juez lo condenó a tres años y le permitió sustituir la prisión por jornadas de trabajo en favor de la comunidad.
Otro de los ocho sentenciados fue Félix Alvarado Arellano, un gerente adscrito a Pemex Exploración y Producción que trabajaba en un yacimiento de la sonda de Campeche, y que fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública tras detectar inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales de 2011 a 2014.
Tras un análisis a su evaluación patrimonial se detectaron depósitos bancarios en sus cuentas, así como la adquisición de una casa y dos coches que fueron financiados con recursos cuyo origen no pudo acreditar.
La sentencia por el delito de enriquecimiento ilícito fue de dos años, pero no pisó la cárcel porque el juez que resolvió el caso le otorgó el beneficio de sustituirla por trabajo comunitario.
Un caso más de enriquecimiento ilícito donde el funcionario no llegó a prisión por los beneficios otorgados en el procedimiento abreviado ocurrió en el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), donde un analista aumentó “injustificadamente” sus ingresos por 3.1 millones de pesos.
También fue sentenciado un jefe de departamento de Control Vehicular de la Presidencia de la República que en 2019 hizo un uso indebido de doce tarjetas de gasolina que debían haberse utilizado en los vehículos oficiales.
La sentencia fue de un año y cuatro meses de prisión por peculado, pero tampoco llegó a la cárcel debido a los beneficios obtenidos mediante el procedimiento abreviado, se lee en la resolución judicial.
En Campeche, un policía federal le pidió dinero al conductor de un camión de carga para no multarlo. Según se lee en el fallo judicial, el agente detuvo al chofer y le solicitó el permiso de carga particular, pero no lo portaba.
Entonces lo amenazó con retener la unidad y la obligación de pagar una multa de 36 mil pesos.
El conductor del camión le marcó por teléfono a su patrón, a quien el policía federal le pidió ocho mil pesos para liberar el vehículo, cantidad que horas después le fue transferida.
En la sentencia lo acusaron de cohecho y lo condenaron a 2 años y 8 meses de prisión, pero el juez le otorgó el beneficio de la sustitución de la cárcel por trabajo en favor de la comunidad.
