CIUDAD DE MÉXICO.- La cifra es 6% mayor a la registrada en los comicios presidenciales de 2018, cuando ganó Andrés Manuel López Obrador.
Los datos se obtuvieron a través de la captura de decenas de solicitudes de información, así como de la revisión de actas y acuerdos.
En el proceso electoral 2023-2024, 8 mil 124 personas renunciaron a la candidatura de un cargo de elección popular, sea federal, estatal o municipal, una cifra 6% mayor a las 7 mil 674 sucedidas en el proceso de 2017-2018, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó con Morena la Presidencia de México.
Los estados con la mayor cantidad de bajas fueron Puebla, Zacatecas, Michoacán, Chiapas, Hidalgo, Guerrero, Estado de México, Yucatán, Oaxaca y Jalisco.
Los datos se obtuvieron de los 32 organismos electorales estatales y del Instituto Nacional Electoral (INE), y fueron conseguidos a través de solicitudes de información, así como de la revisión de actas y acuerdos.
Todos, a excepción de Colima, entregaron la información u orientaron al solicitante.
Los datos de Colima se obtuvieron mediante la búsqueda directa en la página del organismo electoral. De las 8 mil 124 renuncias, 7 mil 775 obedecen a lo local y 349 a lo federal.
Los motivos de las dimisiones son poco mencionados en las cartas de baja, regularmente hablan de motivos personales, pero especialistas entrevistados refieren que van más allá e incluyen conflictos de violencia del crimen organizado, violencia política contra las mujeres en razón de género y discriminación, inscripciones sin consentimiento de las personas e incluso estrategias políticas internas de los partidos.
Violencia y proximidad
La organización internacional Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), que recopila datos de situaciones de conflicto en el mundo, siguió y midió la violencia en el proceso electoral mexicano 2023-2024, y afirma que estuvo marcado por los más altos niveles de violencia contra figuras políticas desde 2018, año en que empezaron a documentar la violencia político-electoral.
El 80% de las agresiones se concentraron en servidores públicos y aspirantes a cargos a nivel local.
En total sumaron 540 incidentes contra actores políticos.
Sandra Pellegrini, especialista en estudios de violencia política en América Latina e investigadora del ACLED, explica que hay un interés específico de los grupos del crimen organizado en interferir e incidir en los procesos electorales locales, y es que “buscan los recursos a nivel local que les permitan seguir con sus actividades ilícitas”.
El escenario que observa Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de seguridad y socio fundador de Lantia Consultores, es muy similar.
“El crimen organizado está permeando la parte local, por eso muchas de las renuncias que tú tienes son de regidores, presidentes y síndicos. Es ahí donde se está concentrando el crimen para que dejen vacantes las candidaturas. Algunas se vuelven a ocupar, pero si se vuelven a ocupar es con gente recomendada por el crimen”, advierte.
Guerrero Gutiérrez explica que Michoacán, Zacatecas y Chiapas son “estados con una densidad criminal muy alta, y ahí podemos, aunque no sea algo muy riguroso, ver una como correlación muy alta entre estados muy violentos por crimen organizado y renuncias”.
En Michoacán, los municipios con más dimisiones fueron Chilchota, Uruapan y Tacámbaro, y en los tres hay fuerte presencia de grupos del crimen organizado.
El 7 de enero de este año el representante del PRD en el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, Juan García Caraveo, aseguró que en la elección de 2021 “sufrimos de la renuncia de candidatos por la amenaza de alguno de ellos por parte del crimen organizado. En esta contienda que nace nos preocupa que ya hay amenazas a aspirantes de la oposición”.
El 19 de mayo pasado el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas dio a conocer la renuncia masiva de 515 personas candidatas, aunque de estas sólo 29 externaron ante el organismo electoral que lo hicieron por razones de seguridad personal.
El resto argumentó razones personales, principalmente, y también dijeron que hubo registros sin consentimiento.
En el boletín emitido, la autoridad electoral informó, además, que las renuncias por ese tipo de razones crecieron.
“Las renuncias por motivos de inseguridad incrementaron a 29: 12 provienen de candidatos y 17 de candidatas. Sin embargo, es preocupante para el instituto que las renuncias por inseguridad han incrementado”, se lee.
En el mismo mes de mayo, Pablo Segura Valladares, candidato a presidente municipal de Teloloapan, Guerrero, por el partido estatal Fuerza por México, denunció que las personas de su planilla renunciaron en conjunto tras recibir amenazas de integrantes de un grupo del crimen organizado.
“Los compañeros a síndicos, regidores propietarios y suplentes me dijeron que las personas que fueron a buscarlos a sus domicilios les dijeron que les daban un plazo de 24 horas para renunciar, y que en caso de que no lo hicieran se fueran de Teloloapan”, declaró al portal guerrerense Amapola.
En el estudio Votar entre Balas, realizado por la asociación civil Data Cívica, se documenta que los estados con más violencia político-electoral durante el proceso 2023-2024 fueron Guerrero, que registró 97 sucesos violentos; Chiapas, con 63; Guanajuato, 53; Puebla, 44, y Michoacán, con 41.
Juegan con los registros
De acuerdo con Arturo Baltazar Trujano, consejero electoral y presidente de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, la entidad con más retiros, los organismos electorales no tienen la facultad de pedir explicaciones de las renuncias, sólo que estas se ratifiquen.
El funcionario electoral también dijo que una de las razones que explica las bajas tiene que ver con que los partidos políticos suelen registrar sus planillas sólo para guardar el espacio y después hacen cambios de acuerdo con el acomodo de fuerzas y grupos políticos.
“Parte de esta situación se debe a las negociaciones políticas entre las diferentes fuerzas. Podemos ver que a nivel gubernatura hubo coaliciones totales, pero a nivel municipal las fuerzas políticas se manejaron diferente; en muchos casos fueron cada uno por su lado”, explica.
Y agrega el consejero electoral:
“Antes del acuerdo de registro, es decir, cuando el órgano electoral ya revisó el listado y que cada una de las personas anotadas cumplen con todos los requisitos de elegibilidad, los partidos pueden subir y bajar personas sin problema. Posterior al acuerdo sólo se pueden hacer cambios mediante renuncia ratificada ante nosotros y cumpliendo con paridad y acciones afirmativas”, concluye el funcionario.
Género y renuncia
Céline González, investigadora del programa de Seguridad de la organización México Evalúa, enuncia la probabilidad de un componente de género, es decir, que sean más las mujeres que renuncian.
“Es que bajen a las mujeres o que hagan cambios por temas de paridad de género. Eso nos abre la posibilidad de que los partidos estén haciendo cambios para cumplir con la paridad, pero también hemos visto que hay movimientos en los registros para subir a un compañero hombre”, plantea la especialista.
Aunque para este trabajo no fue posible revisar el género en todos los estados, porque no entregaron la información con ese detalle, las cifras analizadas muestran que sí hay mayoría de renuncias de candidatas.
Por ejemplo, en Chiapas y Zacatecas sí fue posible verificar la información y sí hubo más renuncias de candidatas que de candidatos.
De los 526 casos totales de Chiapas, 55% fueron mujeres, mientras que en Zacatecas sumaron 57%.
Un reporte de la Unidad Técnica de Igualdad, Género y No Discriminación del INE que revisó la renuncia de mujeres en Zacatecas, detectó siete casos en donde se afirmó que un militante de su partido le pidió que se bajara de la contienda o se lo pidieron de la comisión política; otros tres casos en donde las registraron sin notificarles, y dos en donde hubo presión económica para que renunciaran.
El reporte del INE también ubicó a Oaxaca como la entidad con el mayor porcentaje de renuncias de mujeres, con 74%.
