* “Se está proyectando un programa de trabajo para cubrir muchos de estos adeudos, mejorar percepciones salariales y respetar los derechos de los elementos”
TOLUCA, Edomex. (Agencias).- Los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado de México y Municipios (Cusaem) adeudan alrededor de 5 mil millones de pesos al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) y 671 millones al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Así lo reconoció Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad estatal, quien admitió la intención de regularizar a la corporación al sumarla a las fuerzas estatales, por lo que ya se trabaja en un plan de acción que será presentado a la gobernadora Delfina Gómez, pero que podría requerir incluso lo que resta del sexenio.
El programa de regularización, indicó, necesariamente pasa por subsanar los adeudos que los Cusaem tienen con el ISSEMyM y el SAT, para lo que el funcionario no descartó la posibilidad de solicitar una ampliación presupuestal, si bien consideró, como primer y viable alternativa, la de saldar los pasivos con los recursos que la propia corporación genera, además de atajar la corrupción que en otro momento imperó.
“Se está proyectando un programa de trabajo para cubrir muchos de estos adeudos, mejorar las percepciones salariales y respetar los derechos de los elementos. Vamos a presentar un plan a la gobernadora para avanzar en este tema”, dijo.
Los Cusaem son un organismo que históricamente se ha manejado, desde el punto de vista financiero, con total opacidad, amparado en la falta de regulación que lo llevó a conducirse a conveniencia como iniciativa privada o como organismo gubernamental.
Sus guardias, prestan sus servicios a la iniciativa privada y órganos gubernamentales, a cambio de contraprestaciones incluso millonarias.
Además, el armamento es tramitado a través de permisos estatales, y sus uniformes y unidades comparten logotipos y rótulas con el Gobierno del Estado de México, mientras algunos de sus elementos son derechohabientes del ISSEMyM, pese a no ser considerados integrantes de la burocracia estatal o de los municipios.
