*Una experta de la ONU denuncia la criminalización de activistas de las garantías fundamentales de los indígenas por desempeñar actividades legítimas y pacíficas.
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).– En México, los defensores de los derechos indígenas sufren detenciones arbitrarias y condenas muy duras y largas, denunció este viernes la relatora especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos*.
Mary Lawlor expresó gran preocupación en un comunicado, en el que expuso los casos de diez defensores indígenas condenados en procesos judiciales en los que se registraron violaciones importantes del debido proceso.
“Me alarma que numerosos defensores indígenas de los derechos humanos no sólo hayan sido criminalizados por sus actividades pacíficas y legítimas, sino que además hayan sido sometidos a penas de prisión muy largas o a detención preventiva prolongada”, apuntó.
Impedir su labor
La experta explicó que la intención aparente de estos castigos es impedirles que desempeñen su labor en favor de los derechos humanos. Lawlor precisó que los activistas en cuestión habrían sido acusados injustamente de delitos como asesinato, en algunos casos incluso cuando no se encontraban en el lugar o zona donde se cometió el delito.
La suma de las condenas de nueve de los diez defensores en cuestión se acerca a los 300 años de cárcel.
El décimo individuo, el líder zapoteca Pablo López Alavez, ha estado preso durante 14 años sin recibir sentencia.
Con respecto a él, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó en 2017 que su privación de la libertad es arbitraria.
La experta mencionó también las penas de prisión a David Hernández Salazar, 46 años y seis meses; Kenia Hernández Montalván, 21 años y nueve meses; Tomás Martínez Mandujano, 43 años y nueve meses; Saúl Rosales Meléndez, 20 años; Versaín Velasco García, 58 años; Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, 25 años cada uno.
Tendencia preocupante
“Estas sentencias de larga duración representan el extremo de una tendencia muy preocupante de uso indebido del derecho penal contra los defensores indígenas –muchos de ellos líderes de sus comunidades–, con el presunto fin de limitar su capacidad de proteger a sus comunidades y defender los derechos humanos en general”, reiteró Lawlor.
Subrayó que el trabajo de los diez defensores gira en torno a cuestiones que amenazan a sus comunidades, como el desarrollo, la explotación de los recursos naturales y la tierra, el efecto perjudicial del modelo económico extractivista y la delincuencia organizada.
En este sentido, la relatora advirtió que el impacto de su criminalización y encarcelamiento prolongado va mucho más allá del daño que sufren como individuos y repercute negativamente en sus comunidades.
Revocación de sentencias
La condena de David Hernández Salazar, uno de los diez activistas, fue revocada.
Lawlor encomió la medida y afirmó que es una muestra de que las acusaciones fueron fabricadas, añadiendo que parece ser el mismo patrón de los otros nueve defensores indígenas.
“Insto a las autoridades competentes a que revoquen las sentencias de Kenia Hernández Montalván, Tomás Martínez Mandujano, Saúl Rosales Meléndez, Versaín Velasco García, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar y Agustín Pérez Domínguez, y retiren los cargos contra Pablo López Alavez, y los pongan en libertad inmediatamente”, enfatizó la relatora especial, quien ha planteado al gobierno mexicano sus preocupaciones.
Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo.
Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo.
Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
