FUNCIÓN PÚBLICA
* La empresa TDI ha acumulado 634 contratos entre 2011 y 2023 que suman más de tres mil mdp.
*En agosto de 2022, Función Pública resolvió multar e inhabilitar a la empresa por entregar información falsa para obtener un contrato
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- La obtención creciente de contratos con el gobienro quedó truncada para la firma Tecnología y Diseño Industrial (TDI) cuyos directivos presentaron información presuntamente apócrifa en una licitación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y ahora, están inhabilitados.
TDI es una de las firmas que han sorteado el cambio de sexenio. Sus contratos se han mantenido y han sido más altos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en la administración Peña Nieto.
La empresa es propiedad de José Adán Ortega Blanco, inversionista de origen nicaragüense a quien diferentes publicaciones periodísticas han relacionado con el presidente Daniel Ortega, un vínculo que Ortega Blanco ha rechazado y no está acreditado.
Su empresa fue creada en 2001 en Guadalajara, Jalisco, y acumuló entre 2011 y 2023, al menos 634 contratos con dependencias de la administración pública federal que suman un monto superior a los tres mil millones de pesos, según consta en información oficial localizable en Compranet, la plataforma de compras del gobierno.
Con los datos obtenidos de dicha plataforma, fue posible advertir que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto TDI recibió del gobierno federal 327 adjudicaciones por 612 millones de pesos de 2013 a 2018 y en la presente administración ya suma 245 contratos por dos mil 400 millones de pesos.
Adicionalmente, en enero de 2022 el gobierno de Guanajuato le asignó en consorcio con CEORT SA de CV, el contrato 8900004049 y un Convenio Modificatorio para el abastecimiento de material de osteosíntesis y endoprótesis por hasta 224 millones de pesos en un proceso en el que los otros dos licitantes fueron descalificados debido a que no presentaron la documentación completa.
No obstante la buena racha, el 15 de agosto de 2022, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Órgano Interno de Control del IMSS resolvió inhabilitar a la empresa por un año 6 meses.
Aunque la circular publicada en el Diario Oficial de la Federación no ofrece mayores detalles, el expediente del juicio de amparo 1379/2022 --consultado por el reportero– versa sobre la observación de que TDI pudo entregar información falsa para hacerse de un contrato para proveer al IMSS de material de curación (osteosíntesis y endoprótesis).
El referido contrato, que le valió 42 millones 438 mil pesos, se firmó el 31 de diciembre de 2019, bajo el esquema inventario cero, que incluye dotación de instrumental, mantenimiento preventivo y correctivo, asistencia técnica por parte del personal del proveedor en cada una de las cirugías que se requiera, y el suministro de insumos en las Unidades Médicas de la Delegación Regional Michoacán, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.
Según indica la sentencia del mencionado juicio de amparo 1379/2022, a fin de reunir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria al procedimiento LA-050GYR033-E665-2019, TDI entregó una carta de recomendación de 10 de diciembre de 2019 a nombre de quien se identifica en los documentos como “Doctor”, no obstante, después, tanto la firma como el contenido de la misma fueron desconocidos por el mencionado “Doctor”.
En consecuencia, el OIC dio inicio a un Procedimiento Administrativo contra TDI y emitió la inhabilitación y una multa por 785 mil 757 pesos.
TDI decidió presentar una demanda contra dicha resolución donde solicitó el amparo y protección de la justicia, bajo el argumento de que no se le permitió presentar una prueba de grafoscopía y caligrafía.
Aunque en un primer momento se le concedió una medida cautelar, pues el 12 de septiembre la SFP publicó un nuevo anuncio en el que se desistía del aviso anterior, luego de que la empresa obtuviera un amparo en contra de la medida solicitada por el IMSS y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México le otorgara una suspensión definitiva, la SFP publicó dos avisos más: uno el 6 de diciembre de 2022 y otro más el 5 de junio de 2023.
La circular del 6 de diciembre comunicaba que el mencionado Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa ordenó dejar sin efectos la resolución del OIC del IMSS y su ejecución, y determinó que se debía reponer el procedimiento para que se admita la prueba pericial ofrecida por la empresa.
Mientras que, en la circular del 5 de junio de 2023, la SFP informa a las dependencias y entidades de la administración pública que deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con TDI pues le resta por cumplir un año, dos meses y 11 días de la inhabilitación impuesta en 2022.
Desde que en mayo de 2022 se le informó a TDI del oficio suscrito por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el IMSS, mediante el que se dio inicio al Procedimiento Administrativo en su contra por supuestas infracciones a la Ley de Adquisiciones, TDI inició al menos una decena de procedimientos judiciales.
En el más reciente, el expediente 333/2023, en el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, según sentencia del 9 de noviembre de 2023, conceder la suspensión definitiva contra la ejecución de la multa y contra la publicación del nombre de la empresa en el Directorio de Proveedores Sancionados, a efecto de garantizar su honor e imagen, sin que la suspensión le habilite para participar en licitaciones.
Respecto al vínculo con el presidente de Nicaragua, en numerosas notas y columnas periodísticas publicadas en los últimos dos años, se afirma que el fundador y director general de Tecnología y Diseño Industrial, José Adán Ortega Blanco y su hijo, José Adán Ortega Torres, son cercanos a Daniel Ortega.
Por ejemplo, columnistas como Darío Célis (El Financiero. 8 de novimebre de 2022) o notas y reportajes publicados entre otros, en El Sol de México (17 de enero de 2023), han reiterado la afirmación sobre dicha relación.
Sin embargo, Ortega Blanco lo ha desmentido al afrimar en ejercicio de derecho de réplica que su empresa no tiene ningún tipo de filiación política, partidista o ideológica en México o ningún otro país.
“Nos permitimos negar categóricamente cualquier parentesco o consanguinidad con el presidente de dicha nación o alguna otra”, escribió.
