* Existe el peligro de que delincuentes impongan a juzgadores en la próxima elección judicial, de acuerdo con el mapa del Programa de Seguridad de México Evalúa
CIUDAD DE MEXICO. (Agencias).- A casi dos meses de que se celebren las elecciones del Poder Judicial de la Federación a nivel local en 19 estados, ocho son considerados con niveles de “muy alto riesgo” y “alto riesgo” por la injerencia que podría tener el crimen organizado con los candidatos, quienes enfrentarían amenazas, coacción, ataques armados e incluso asesinatos.
De acuerdo con el mapa de riesgos generado por el Programa de Seguridad de México Evalúa, en ocho entidades existe el riesgo de que el crimen logre imponer juzgadores, ampliando su nivel de impunidad.
Los estados con riesgo alto y muy alto de presentar ataques son: Baja California, Chihuahua, Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.
Además de tomar en cuenta la presencia del crimen organizado, en dichas entidades México Evalúa analizó ataques y asesinatos a candidatos durante el proceso electoral del año pasado, así como la cantidad de cargos judiciales que a nivel local se renovarán.
En entrevista c Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa, dijo que, a pesar de encontrar esos focos rojos, es muy probable que en todos los estados del país se vean agresiones que pongan en riesgo la autonomía y libertad de los candidatos.
“La explicación de esa probabilidad es que las elecciones en México se han convertido en un medio para que poderes fácticos, sobre todo el crimen organizado, coloquen sus intereses desde el proceso electoral y, considerando que es la primera vez que habrá elecciones en el Poder Judicial, por supuesto que es muy tentadora la oportunidad de neutralizar todos los contrapesos y obtener impunidad”, señaló.
Pese a que en todo el país se elegirán cargos federales al Poder Judicial, el Programa de Seguridad de México Evalúa tomó en cuenta las siguientes variables para determinar en qué estados podría haber mayor intención del crimen organizado para incidir en la elección judicial: más de 50% de cargos judiciales locales en disputa; disputas violentas entre grupos criminales en el estado; explotación de las economías locales (extorsión, amenazas, cobro de piso) y alto nivel de violencia político-electoral en las elecciones de 2024.
En el ejercicio no se enfocaron en cargos a nivel federal como ministros, jueces y magistrados porque consideran que el crimen organizado podría tener menos interés, por su relevancia política y mediática.
