CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Un grupo de estudiantes realizó una protesta afuera del Senado de la República donde lanzaron petardos, en medio de la conmemoración por el décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa.
Al interio del recinto, autoridades de Protección Civil replegaron al personal que se encontraba en el Patio de Federalismo en las instalaciones legislativas.
En el marco del décimo aniversario de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, los normalistas han organizado una serie de protestas en la Ciudad de México,ayer el primer lugar de manifestaciones fue la Secretaría de Gobernación (Segob) en avenida Bucareli, donde lanzaron petardos y escribieron pintas como “fue el gobierno maldito” y “para el Estado ser estudiantes es un pecado, ser normalista, un crimen”, entre otros.
Herida abierta
El caso Ayotzinapa es más que el horror de la ausencia de 43 jóvenes de entre 17 y 25 años, una gota en el océano de los más de 115 mil desaparecidos que tiene México.
Es una herida abierta.
Su investigación ha sido un cúmulo de irregularidades y manipulaciones, donde la verdad ha ido apareciendo a cuentagotas gracias al escrutinio internacional que han tenido los dos gobiernos que han indagado el caso.
Diez años después se conocen más detalles del ataque y de su encubrimiento, pero todavía no está claro cuál fue el destino de los alumnos de magisterio de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Las autoridades consideran que fueron asesinados, pero solo se han encontrado fragmentos óseos de tres de ellos.
Las familias aseguran que falta voluntad política para llegar a la verdad porque si el gobierno actual consideró el caso como un “crimen de Estado”, el Estado debe saber qué pasó, por qué y quién oculta información.
Ha sido uno de los crímenes de la historia reciente de México de mayor impacto dentro y fuera del país y en él confluyeron la violencia, la corrupción y la impunidad.
Conmocionó que las víctimas fueran estudiantes, pero también el terrible relato de cómo los jóvenes pudieron ser apilados y quemados en una hoguera para después arrojar sus cenizas a un río.
Y más tarde descubrir que toda esa versión oficial de los hechos era falsa y había sido elaborada desde las más altas instancias del poder.
Fueron dos crímenes en uno, confirmó después la fiscalía: primero la desaparición forzada, luego la mentira.
El gobierno mexicano actual determinó que el ataque en la ciudad de Iguala fue un “crimen de Estado”, apuntó al tráfico de heroína como posible desencadenante y confirmó que un cártel local actuó coludido con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, militares incluidos.
Pero después de dos administraciones, decenas de detenidos y una investigación plagada de irregularidades siguen faltando respuestas.
