*La siguiente audiencia será el 15 de enero
BROOKLYN (Agencias).– Brian Cogan, el juez de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, calendarizó para el 15 de enero de 2025 la próxima audiencia de procedimiento judicial para Ismael “El Mayo” Zambada García, capo de capos del Cártel de Sinaloa.
Mientras tanto, los fiscales del Departamento de Justicia que acusan al Mayo de narcotráfico, lavado de dinero y asesinato de estadunidenses, y la defensa legal del Capo, definirán con el juez la elegibilidad del capo a recibir la condena máxima que sería la pena de muerte; en caso de ser declarado culpable en un juicio.
Al mismo tiempo, los fiscales, la defensa y el juez, abordaron dos temas de posible conflicto de interés en el proceso judicial en contra de Zambada García.
El primero, si es conflicto de interés para el procedimiento el que durante el juicio se presentase a declarar en contra del Mayo, su hijo mayor, Jesús Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, testigo protegido del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Para el segundo, las partes y el juez Cogan decidirán si es conflicto de interés, como argumentan los fiscales, el que Zambada García sea defendido por el abogado Frank Pérez, tomando en cuenta que él fue parte del equipo legal que representó ante la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, al Vicentillo en el proceso mediante el cual se hizo testigo protegido.
En la audiencia celebrada este 18 de octubre en Brooklyn y que duró escasos 15 minutos, El Mayo se presentó ataviado con el uniforme de reo color caqui, una camisola de preso color naranja, con barba y bigote.
Físicamente, al Mayo se le vio mucho mejor que la audiencia anterior, entró caminando por su propio pie aunque cojeando un poco, flanqueado por cinco alguaciles federales.
En la audiencia anterior, en esta Corte, cuando se declaró inocente de los delitos que le imputan, El Mayo tuvo que ser asistido por los alguaciles para entrar y salir de la sala de la audiencia e incluso, fue tomado de los brazos por los agentes federales para que se pudiera levantar de la silla.
“A diferencia del caso de El Chapo (Joaquín Guzmán Loera) que usted dirigió, su señoría, al acusado se le imputa un delito de tráfico de fentanilo”, le indicaron los fiscales a Cogan, juez que indicó a las partes que tendrán que presentarle los argumentos y evidencias para esclarecer los puntos pendientes del proceso judicial.
“No veo inconveniente en que podamos resolver el asunto de la elegibilidad del acusado a ser condenado a la pena capital porque no fue extraditado”, apuntó el juez Cogan.
La pena de muerte se le podría aplicar como castigo máximo al Mayo por la acusación de asesinar a decenas de ciudadanos estadunidenses quienes fallecieron por una sobredosis con drogas sintéticas elaboradas con fentanilo, sustancia letal que le achacan haber importado ilegalmente a los Estados Unidos como capo del Cártel de Sinaloa.
En 2004, la pena de muerte fue abolida en Nueva York, no obstante por tratarse de un caso federal y en el cual como a un terrorista, al Mayo se le acusa de asesinatos múltiples, si es declarado culpable se le podría sentenciar a esa condena.
Respecto a la eventualidad de que El Vicentillo testifique en contra de su padre por ser testigo protegido del Departamento de Justicia, el juez tendrá la última palabra en el caso.
Se abordarán en una audiencia para ese propósito los lazos familiares entre el testigo incriminador y el narcotraficante.
En caso de que se determinara que no hay conflicto de interés, El Vicentillo se tendría que sentar en el banquillo incriminador para acusar a su padre de narcotráfico y de exportar las drogas sintéticas manufacturadas con fentanilo con las que su padre ha asesinado a decenas de estadunidenses, como sostiene en la acusación.
Ahora, si El Vicentillo se negara a testificar en contra de su papá, si Cogan decide que no hay conflicto de interés, al primogénito del capo de capos del Cártel de Sinaloa le quitarían el estatus de testigo protegido y lo meterían a la cárcel a cumplir una condena de cadena perpetua por los delitos de narcotráfico.
