PERO SEGUIRÁ PRESO
El ex funcionario tiene una condena de 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas en Iguala, Guerrero y tiene otros procesos penales pendientes.
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Un juez federal amparó a José Luis Abarca, expresidente municipal de Iguala, Guerrero para que su solicitud de continuar su proceso en libertad por delincuencia organizada y lavado de dinero, sea analizada nuevamente.
Aunque la resolución emitida por el juez Tercero de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México abre la posibilidad a que Abarca pueda recuperar su libertad, no podría salir de prisión debido a que está condenado a 92 años de prisión por el secuestro de seis activistas, entre ellos el dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, y tiene pendientes otros procesos penales.
En su sentencia, el juez Tercero de Distrito ordenó valorar si las enfermedades que Abarca padece ponen en riesgo su vida y si las autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, pueden atenderlo médicamente.
“Ordene oficiosamente la recabación, preparación y desahogo de todas las probanzas que estime necesarias, idóneas, pertinentes y suficientes (periciales oficiales, reportes médicos, bitácoras, expedientes clínicos, inspecciones, inventarios, etcétera) para establecer: a) La verosimilitud y, en su caso, la certeza, de los padecimientos aducidos por el quejoso, para determinar si se trata de enfermedades mortales, graves, terminales o crónicas degenerativas complejas; o si sólo se trata de padecimientos o enfermedades que por su naturaleza sean controlables y no representen un riesgo potencial de pérdida de la vida, o de menoscabo o limitación a alguna función orgánica a través del tratamiento adecuado; b) El grado de afectación y avance respectivo; y, c) Si la enfermedad o enfermedades pueden complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la persona, por falta de capacidad institucional de atender la situación, o por negligencia de las autoridades penitenciarias encargadas del quejoso”, ordenó el juzgador.
“Esto es, dichas probanzas no sólo deben estar relacionadas con el estado de salud del impetrante y con su expediente clínico, sino también con la capacidad técnica y operativa del centro penitenciario en el que se encuentra, para apreciar objetivamente si cuenta con los elementos humanos y técnicos necesarios para hacer frente a los eventuales padecimientos del quejoso, a fin de salvaguardar su integridad física y su vida”.
Una vez que el juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México analice lo indicado por su homólogo en materia de amparo, deberá citar a audiencia a Abarca y a la Fiscalía General de la República (FGR) para que emita una nueva resolución en la que puede rechazar o conceder que el exedil continúe su proceso en libertad.
El exalcalde lleva casi 10 años preso luego de que la entonces PGR lo implicó en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa al afirmar que él y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, tienen vínculos con los Guerreros Unidos, grupo al que se atribuye el ataque a los normalistas del 26 de septiembre de 2014.
