* “Todo indica que los 43 fueron asesinados”
El Segundo Informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa destacó la relación del Ejército con grupos delictivos en Guerrero.
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).– Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, destacó que la desaparición de los 43 normalistas fue “un crimen de Estado” que se fraguó desde lo más alto: el expresidente Enrique Peña Nieto, quien presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Las conclusiones del Segundo Informe de la Covaj refiere que la desaparición de los normalistas constituyó un crimen de Estado, las autoridades federales, estatales y municipales sabían de su movilización, acciones y omisiones de participación y que se permitió la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras seis personas.
“Las autoridades federales, estatales y municipales del más alto nivel fueron omisas y negligentes, existen elementos suficientes para presumir que se alteraron hechos, evidencias y circunstancias para crear una conclusión ajena a la verdad”, expuso el informe.
Encinas indicó que todo apunta a que los estudiantes ya no se encuentran con vida, sino que fueron ultimados.
En una llamada “junta de autoridades”, incluso se indica que el Presidente Enrique Peña Neto presidió el momento en que se pactó la construcción de la llamada “verdad histórica”.
Por eso señalamos, agregó Encinas, “que la verdad histórica representa una segunda desaparición de los estudiantes por las omisiones de las autoridades que en todo momento estuvieron informadas; por la participación de las corporaciones; porque manipularon evidencia; porque obtuvieron declaraciones bajo tortura; porque protegieron a los servidores que participaron en los hechos y mintieron a la sociedad.
Encinas también reconoció que el grupo criminal Guerreros Unidos, principal señalado por la desaparición de los 43 según la verdad histórica, operaba en el estado de Guerrero con vínculos con las corporaciones responsables de la seguridad pública y el combate al narcotráfico en la región, como incluso la DEA pudo corroborar por medio de intervenciones de vías de comunicación que realizó la agencia estadounidense.
Estos vínculos entre el crimen organizado y las fuerzas se seguridad llegaron hasta elementos del Ejército nacional, confirmó Encinas, según se dio a conocer a través de diversas declaraciones de colaboradores.
De acuerdo con el informe, militares y policías federales vendían armas y munición a Guerreros Unidos.
Encinas sumó que los normalistas ya habían sido monitoreados con anterioridad a los hechos del 26 y 27 de septiembre por parte de autoridades de los tres niveles de Gobierno.
“Tenemos toda claridad que todas las autoridades locales, federales y municipales estaban informados de las actividades que tenía la Normal de Ayotzinapa desde meses antes”, remarcó el subsecretario.
El informe, detalló, fue realizado a partir de declaraciones en expedientes de la FGR, documentos de la Sedena, un levantamiento en campo, documentos del Gobierno estatal, testimonios, entre otros materiales.
“Hemos insistido en obtener el mayor número de intervención de comunicaciones que ha hecho la Sedena”, dijo sobre la labor que ha realizado la Covaj.
Con respecto al homicidio de Julio César Mondragón Fontes, el subsecretario negó que, contrario a lo que indicó el GIEI en su último informe, el joven haya sido ultimado en otro sitio que no fuera Ciudad Industrial.
“Según un documento de la Zona Militar 35 de Chilpancingo, el lugar en el que habría aparecido Julio César Mondragón no es el lugar referido de la zona del Andariego en Iguala, la zona industrial, sino sería un lugar llamado Mexcaltepec, [en el municipio de Taxco de Alarcón]”, había dicho Carlos Beristain, del GIEI, durante la presentación del sexto informe de los expertos en julio pasado.
Sin embargo, Encinas aseguró que toda la evidencia apunta a que Mondragón sí fue asesinado en la zona industrial antes citada.
Asimismo, reiteró que en ningún momento se identificó un vínculo de los normalistas con ningún grupo delictivo.
Finalmente, el informe concluyó tres hipótesis sobre el motivo de la desaparición de los normalistas los cuales, anotó Encinas, podrían no ser excluyentes entre sí.
En un primer instante, una confusión de los Guerreros Unidos respecto a la presunta infiltración de “Los Rojos”, u grupo contrario, entre los estudiantes de Ayotzinapa, en el contexto de la disputa por la plaza de la región de Iguala.
Declaraciones de integrantes del grupo delictivo. Foto tomada de video.
Segundo, la intención de dar un escarmiento a los estudiantes en un contexto de amenazas de parte del alcalde de Iguala, José Luis Abarca y Guerreros Unidos, tras las protestas y destrozos al palacio municipal, por la desaparición y asesinato de los dirigentes sociales Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera.
Y, en tercer lugar, el trasiego de drogas y la eventual presencia de droga, armas o dinero en alguno de los autobuses tomados por los normalistas.
A partir de este informe, indicó Encinas, se identificaron 434 actores relevantes que participaron tanto en la desaparición de los estudiantes en 2014 como en la construcción de la “verdad histórica”, de los cuales 109 pertenecían a la delincuencia organizada, 125 a policías municipales de la región, 35 del Gobierno estatal, 12 de Gobierno municipal, 39 de las Fuerzas Armadas, 36 del Gobierno federal y 78 otros.
De ellos, 22 elementos de la Sedena, principalmente del 27 Batallón de Infantería.
“Esto debe ayudar a la Fiscalía especializada en su proceso de judicialización”, destacó.
Al momento, hay 132 personas detenidas, de las cuales 41 fueron de Guerreros Unidos, 71 policías de diversos niveles, el exprocurador general de la República, un exministerio público de la SEIDO, 14 elementos de la Sedena, la expresidenta del DIF de Iguala, entre otros. Además de esto, hay 51 órdenes de aprehensión pendientes y tres solicitudes de extradición, entre las cuales se encuentra Tomás Zerón.
El subsecretario destacó la prevalencia de la “interpretación discrecional” de los jueces y la dispersión de las carpetas de investigación de tal manera que son tratados en diferentes juzgados, lo cual ha dificultado la judicialización y acceso a la justicia en el caso.
Sumó, entre otros obstáculos, la negación a asumir competencia territorial, y que no se asume el delito de tortura como se competencia federal.
De acuerdo con el informe, se han realizado a la fecha 138 acciones búsqueda en nueve municipios.
Encinas resaltó que la diligencia en la cual fue encontrado Alexander Mora Venancio en Río San Juan en octubre de 0214 se encuentra bajo investigación por faltas administrativas y la manipulación del lugar del hallazgo de los restos.
Quedan, al momento, dos restos óseos por analizarse, los cuales fueron encontrados en el Paraje Las Cuevillas en Apetlanca, Cuetzala del Progreso, y en Paraje de la Sierpe en Iguala.
La COVaJ no ha torturado a nadie, no se han sembrado pruebas. Hemos actuado con ética. pic.twitter.com/tF553y8yNW
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 27, 2023