* Y deberá pagarle la dolariza, pero el Gobierno impugnará
CIUDAD DE MÉXICO.-El Gobierno de López Obrador afirma que impugnará el fallo en su contra sobre el proyecto de extracción de arenas fosfáticas del fondo marino en Baja California Sur.
El sueño de conquistar las reservas de fosfato en las profundidades de Baja California Sur ha quedado enterrado en un pleito internacional de cinco años entre el Gobierno mexicano y la compañía estadounidense Odyssey Marine.
El arbitraje internacional, iniciado en 2019, ha resultado en un fallo en contra de México, que ahora deberá pagar a la demandante una compensación económica de 37,1 millones de dólares.
El Centro Internacional para Solución de Diferencias de Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés) ha resuelto que la Administración federal deberá cubrir esa millonaria cantidad, más intereses, costos administrativos y honorarios.
La minera marina, bajo el amparo del TMEC, denunció la negativa de las autoridades mexicanas de otorgarle los permisos medioambientales para comenzar la exploración de los minerales marinos en las costas del Pacífico.
La Secretaría de Economía ha anunciado que impugnará esta resolución debido a que la decisión no fue unánime y presentó evidencia sólida sobre la falta de experiencia de Odyssey Marine y las graves consecuencias que este proyecto ocasionarían a la fauna local.
El arbitraje internacional fue presentado en abril de 2019 por Exploraciones Oceánicas —firma subsidiaria de Odyssey Marine— contra el Gobierno mexicano por rechazar su solicitud de permisos ambientales en 2016 y 2018 para comenzar la extracción de arenas fosfáticas en Baja California Sur. Cinco años y una docena de audiencias después, la compañía ha celebrado el fallo a su favor:
“La agencia ambiental de México denegó injustamente nuestro permiso ambiental que recibió amplios aportes de asesores externos y expertos de la industria para determinar un plan de desarrollo económicamente viable y ambientalmente responsable”, aseveró por escrito Mark Gordon, director ejecutivo de Odyssey Marine Exploration.
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, no ha tardado en responder sobre esta resolución en su contra y afirma que luchará para no pagar los 37,1 millones de dólares.
“México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible donde habitan la tortuga caguama, ballenas azules y grises, así como y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero”, indicó.
La dependencia añadió que ante la corte internacional se enfatizó que las técnicas de dragado marino que Odyssey Marine quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
“Debido a las serias deficiencias de la resolución, y considerando las críticas expuestas por el árbitro disidente, la Secretaría de Economía iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes. El Gobierno de México hará valer todos los medios de defensa posibles”, detalló la Secretaría de Economía, la noche de este jueves en un comunicado.
Lo que empezó como un inédito proyecto de minería submarina en México ha terminado en un pleito de alcances internacionales. L
a empresa, famosa por el rescate de tesoros en las profundidades del océano, puso en 2012 la mira en una de las vetas más prometedoras de arenas fosfáticas localizada en Baja California Sur, un recurso codiciado debido a su alta demanda en la elaboración de fertilizantes.
Tres años más tarde, en 2015, Odyssey Marine anunció por todo lo alto que desembolsaría más de 357 millones de dólares para extraer arenas fosfáticas del fondo del océano mexicano.
En ese entonces, como socios del proyecto figuraba el empresario acerero, Alonso Ancira, ahora exdirector de Altos Hornos de México, y el célebre abogado y excandidato presidencial de México, Diego Fernández de Cevallos. Fuentes allegadas a Altos Hornos de México precisan que Ancira vendió su parte accionaria del proyecto hace cuatro años.
Desde los inicios del inédito proyecto, denominado Don Diego, colectivos medioambientales y comunidades pesqueras de la zona protestaron ante los supuestos daños del dragado submarino y sus afectaciones en los bancos pesqueros y flora de la región.
De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental Regional, entregada por la empresa a la Secretaría de Medio Ambiente, la zona comprometida abarcaba 91.000 hectáreas al noroeste del Océano Pacífico, a 40 kilómetros de la costa, en la Bahía de Ulloa.
Odyssey Marine alegó reiteradamente ante el árbitro internacional que la negativa de los permisos ambientales obedeció a razones políticas y no técnicas, sin embargo, en el curso de las audiencias también se constató que en México no había otro proyecto para extraer fosfato, es decir, se trataba de un proyecto sui generis.
El primer proyecto de minería submarina ha quedado enterrado bajo un alud de denuncias cruzadas y un pago millonario a pagar por parte del Gobierno mexicano.