*Con operativos en hoteles baratos, parques y calles de esta ciudad
*Denuncian venta de formas migratorias para moverse por 20 días en México
TAPACHULA. (Agencias).- El director de la organización Dignificación Humana, Luis García Villagrán, denunció que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han emprendido una “cacería” de migrantes irregulares en esta ciudad, con operativos en hoteles baratos, parques y calles de esta ciudad.
El activista agregó que los agentes del INM presuntamente venden las Formas Migratorias Múltiples (FMM) a los extranjeros, documento que les permite movilizarse por 20 días en el país.
“Siguen los operativos furtivos de migrantes en hoteles de menos de cinco estrellas en Tapachula; en las inmediaciones del mercado San Juan y el centro de esta ciudad (...) El INM y la Guardia Nacional (GN) buscan a los migrantes en los cuartos y se llevan principalmente a los que no dan cuota”, denunció el activista en su cuenta de Facebook.
Expuso que las autoridades no van a los hoteles donde se hospedan los migrantes ricos que “ya pagaron un viaje VIP”, y agregó que hay casas de seguridad donde rusos, ucranianos y de otras nacionalidades pagan al INM de 12 a 25 mil dólares por llevarlos a la frontera norte.
“Nos rodearon en segundos”
Tres migrantes cubanos, entre ellos una mujer, relataron que en cuestión de segundos fueron rodeados por agentes del INM y de la GN en la zona sur de Tapachula.
Los extranjeros, que declinaron revelar su identidad por temor a represalias, narraron que se llevaron un gran susto cuando se vieron rodeados por los agentes.
“Salimos a comprar comida, nos paramos en una tienda y de repente nos rodearon; nos pidieron identificación y documentos migratorios, les dijimos que estábamos haciendo trámite en Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y por suerte no nos detuvieron”, dijo la mujer.
El Instituto Nacional de Migración (INM) rastrea, supervisa y controla en estaciones migratorias, estancias provisionales y puntos de internación terrestre los movimientos de migrantes con 5 mil 129 cámaras antivandálicas y 776 micrófonos que operan las 24 horas del día en los 32 estados del país.
Así lo revela el contrato de adjudicación directa CS/INM/066/2024 en poder de EL UNIVERSAL, que en la descripción y objetivo del servicio reporta que la dependencia pagó 96 millones 866 mil 905 pesos el 25 de junio de este año en dar mantenimiento a los 157 puntos de circuito cerrado de televisión (CCTV) que tiene en México para fortalecer el servicio con el propósito de recabar evidencias para detectar oportunamente e inhibir violaciones a los derechos humanos y actos de corrupción.
Sin embargo, la mayoría de las cámaras instaladas no se encuentran en áreas de gestión migratoria, como Oficinas de Representación o aeropuertos, sino en estancias provisionales, casetas de revisión, estaciones migratorias y puntos de internación terrestre que son lugares donde se permite el tránsito o estadía de las personas en situación de movilidad.
El sistema de videovigilancia, que fue montado por la empresa Servicios Integrales Sarpy, S.A. de C.V., está fortalecido en áreas de cruce fronterizo como Chiapas, Tamaulipas, Quintana Roo, Baja California Norte y Chihuahua, donde hay más de 10 estaciones por estado.
Chiapas ocupa el primer lugar con más sitios de CCTV instalados, pues cuenta con 23 distribuidos en su mayoría en estancias provisionales, estaciones migratorias y puntos de internación terrestre.
En segundo lugar está Tamaulipas, con 14 instalaciones de CCTV colocadas mayormente en estancias provisionales, estaciones migratorias y puntos de internación terrestre; en tercer lugar, Quintana Roo y Baja California Norte con 12 puntos de vigilancia, que se encuentran colocados principalmente en estancias provisionales, estaciones migratorias y puntos de internación terrestre, y, en cuarto, Chihuahua, con 11 zonas de videovigilancia.
Luego, están Nuevo León y Oaxaca, con siete sitios de CCTV para control migratorio; después, Sonora y Tabasco, con seis; la Ciudad de México, Estado de México y Baja California Sur cuentan con cinco, Coahuila y Jalisco, con cuatro; Campeche, Guerrero, Sinaloa y Veracruz, con tres; Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán y Zacatecas con dos, y, por último, Colima, Durango, Hidalgo y Tlaxcala, con uno.
El anexo técnico del CS/INM/066/2024 indica que el sistema de gestión de video del INM permite la visualización de todas las cámaras distribuidas en el territorio nacional y de la grabación de video por un periodo de 90 días con la posibilidad de exportar clips de interés para su consulta y análisis. El mismo se mantiene funcionando las 24 horas de los 365 días del año.
También tiene el propósito de recabar evidencias de acontecimientos ocurridos en instalaciones estratégicas para coadyuvar en la eficacia administrativa, optimizar servicios, garantizar transparencia y el respeto a los derechos humanos tanto de trabajadores como de las personas en situación de movilidad.
El sistema de vigilancia migratoria cuenta con 2 mil 391 cámaras tipo domo para interiores antivandálicas, mil 387 cámaras tipo domo para exteriores antivandálicas, 699 cámaras tipo PTZ antivandálicas, 363 cámaras tipo domo para interiores antivandálicas que cuentan con micrófono interno y puerto de audio para micrófono externo, 281 cámaras tipo minibullet, ocho cámaras tipo multisensor y 413 micrófonos tipo LE 0-79, T8355, digitales, discretos y compactos, así como 30 estaciones de monitoreo.
La protección antivandálica protege a la cámara de vigilancia de cualquier inclemencia meteorológica como la nieve, lluvia y granizo, así como de golpes y motines, y se mantiene fija captando imágenes de todo lo que sucede sin importar las condiciones del exterior.
De acuerdo con la descripción del sistema de CCTV, este tipo de cámaras son las que se mantuvieron grabando hasta el final del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua, el 27 de marzo de 2023, tragedia en la que murieron 40 personas y otras 27 resultaron heridas.
Por motivos de seguridad nacional, el Instituto Nacional de Migración pidió al proveedor del servicio mantener la confidencialidad de los servicios solicitados en el documento, así como no divulgar o revelar la información del contrato durante y después de la prestación del trabajo solicitado.
Obliga también a la empresa Servicios Integrales Sarpy, S.A. de C.V., a no utilizar la información o datos derivados de la puesta en marcha de su participación en el convenio para su divulgación en conferencias, informes, reportes o cualquier otro medio escrito, electrónico o de cualquier otro tipo.
Los acuerdos de confidencialidad deberán ser firmados por escrito entre el INM y la prestadora del servicio del fortalecimiento para la infraestructura de videovigilancia, con lo que la dependencia puede tomar las acciones legales o consecuencias correspondientes en caso de que la información producto de las grabaciones de audio y video sea divulgada.
