TRAS EL ESCÁNDALO POR “EL PARAÍSO DE LOS BARTLETT”
A partir del reportaje de Proceso "A la sombra del Tren Maya, el paraíso secreto de los Bartlett", AMLO encargó a la Fiscalía investigar si había un conflicto de intereses entre Bartlett y su familia, pero la CFE clasificó como confidencial cualquier información sobre el extitular de la paraestatal.
PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo (Agencias).- Días antes de la conclusión del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ordenó clasificar como información confidencial cualquier procedimiento instaurado en contra de Manuel Bartlett Díaz, extitular de la empresa productiva del estado.
Aunque el expresidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno investigaría a Bartlett a raíz de la investigación de Proceso titulada A la sombra del Tren Maya, el paraíso secreto de los Bartlett (publicada en la edición mensual de agosto), que reveló la existencia de propiedades de valor millonario en Cancún y la Riviera Maya a nombre de sus familiares directos (pareja e hijo), se encontró que no hay ningún proceso iniciado en este sentido.
Manuel Bartlett no fue ratificado por la presidenta Claudia Sheinbaum al frente de la CFE. En su lugar designó a Emilia Esther Calleja Alor como nueva directora de la empresa paraestatal.
En el seguimiento al reportaje publicado, este medio realizó solicitudes a través de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre la situación jurídica del ahora exfuncionario de la 4T.
En el caso de la solicitud de información ante Unidad de Responsabilidades de la CFE, la dependencia respondió que no existen sanciones ni procedimientos instaurados en contra de Bartlett Díaz.
Pero la respuesta incluyó algo más: dicha unidad solicitó al Comité de Transparencia de la empresa del gobierno mexicano clasificar de confidencial cualquier información de este tipo.
En el mismo sentido respondió la Secretaría de la Función Pública con relación a algún procedimiento de carácter administrativo instaurado contra Bartlett Díaz:
“No se localizó algún antecedente de procedimiento de responsabilidades administrativas que haya sido instaurado en contra de la persona que se menciona. (...) A nombre de Manuel Bartlett Díaz, no se localizaron antecedentes de sanción administrativa” (sic), se lee en el oficio con terminación 930/2024, emitido por la Coordinación General de Combate a la Impunidad Unidad Substanciadora y Resolutora, de la Secretaría de la Función Pública.
Por otra parte, unos pocos días después de la publicación del reportaje, un ciudadano solicitó a la Fiscalía General de la República saber si ésta contaba con alguna carpeta de investigación o investigaba a Bartlett o sus familiares.
Mediante el oficio FGR/UETAG/003920/2024, la FGR contestó en sentido negativo, indicando que se encuentra imposibilitado jurídicamente para emitir información sobre alguna denuncia presentada contra Bartlett Díaz o familiares de éste.
Instrucción ignorada
El 6 de agosto último, en su conferencia matutina, el expresidente López Obrador respondió al reportaje de Proceso y solicitó una investigación para determinar si existe un conflicto de intereses como servidor público por las grandes extensiones de terrenos que sus familiares, directamente o a través de empresas constituidas por ellos, han adquirido en las inmediaciones del Tren Maya en Tulum, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Cancún.
“Si hubiese corrupción, como todos los ciudadanos, tenemos la obligación de denunciarlo y hay que ir a la Fiscalía y presentar una denuncia (...) solicitar a la Fiscalía que haga una investigación para ver si hay un conflicto de intereses entre la familia del licenciado Bartlett y él”, dijo aquel 6 de agosto López Obrador a la reportera de Proceso.
Se le reiteró la pregunta al exmandatario si con los elementos que aportó esta casa editorial él presentaría una denuncia, a lo que respondió: “sí, que lo haga la Fiscalía”.
En el reportaje A la sombra del Tren Maya, el paraíso secreto de los Bartlett, se exhibió la adquisición de cuatro propiedades a nombre de familiares del exdirector de la CFE.
De acuerdo con consultas realizadas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, suman más de 160 hectáreas de terrenos; uno de ellos adjudicado a cero pesos, mientras que otros a precios muchos más bajos que el costo comercial que se registra en la Riviera Maya y Cancún.
Las adquisiciones fueron hechas o aparecen a nombre de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del político, y Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental del exdirector de la CFE.
El inmueble de mayor extensión, de 159 hectáreas de superficie, se ubica al norte de Playa del Carmen, donde los ingenieros militares construyeron un camino con materiales de calidad para el Tren Maya, pero que también favoreció a este terreno.
Otro más se encuentra en Cancún. Ambos son de empresas del hijo de Bartlett Díaz.
En cuanto a Julia Abdalá, un departamento a nombre de ella se ubica a escasos metros de la entrada del recién inaugurado Parque Nacional del Jaguar, en Tulum, uno de los puntos de mayor plusvalía en el país.
Otro terreno a nombre de ella, de 3.8 hectáreas, se ubica cerca de la playa en Puerto Morelos.
En la adquisición de este último inmueble salieron a relucir nombres de políticos locales, como del exgobernador Roberto Borge Angulo, hoy preso, cuya exdirectora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva, se vio implicada al favorecer a Julia Abdalá en la “compraventa” a cero pesos.
El costo de la operación a esa cantidad se constató en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sede Cancún.
Roberto Borge actualmente se encuentra privado de su libertad en el estado de Morelos por delitos contra la función pública, mientras que Romanillos Villanueva sigue prófuga por acusaciones similares.
Para dar a conocer la entrega-recepción de Bartlett a la nueva titular de la CFE Emilia Calleja, se difundió un comunicado el 30 de septiembre en el cual el ahora exdirector afirmó que entrega “una empresa más fuerte y poderosa que nunca”, pero sostiene que el trabajo realizado en su gestión se hizo “en un contexto de intensa guerra judicial y mediática”, sin precisar a quién atribuyó tal “guerra”.