CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- No hay ninguna determinación emitida que avale la constitucionalidad de la reforma judicial.
Sí hay una decisión de exigirse ocho votos en lugar de seis, contraria al texto vigente de la Constitución, para invalidar normas de forma general.
En la semana he leído con pena demasiadas opiniones que suponen como un hecho consumado la reforma judicial.
Ignoro si es mala fe o desconocimiento lo que los lleva a pensar eso.
Quizá sea su realismo y desde su mirada, resulto ingenuo.
Me queda claro que el régimen busque imponer su visión y celebrar lo sucedido en el Pleno de la Corte el martes 5 de noviembre último, como si se tratara del final del reclamo de la reforma judicial.
Pero hay que repetirlo: múltiples amparos prosiguen a este día.
Amparos que han promovido no solamente titulares y personal judicial, sino grupos diversos que no claudican en la defensa de nuestros derechos.
Esos juicios en marcha pueden resultar en el reconocimiento de invalidez de dicha reforma judicial.
Por eso el propósito de la más reciente reforma de inimpugnabilidad no es otro que arrebatar el derecho a una protección judicial efectiva, aunque desde la propaganda oficialista se diga que lo que busca es resguardar la voluntad soberana del pueblo.
Ahora que los términos judiciales se han retomado, el tiempo corre para reclamar otras reformas constitucionales publicadas y en proceso, que igualmente pretenden concentrar todo el poder en el régimen, oficializar la militarización del país y desconocer fallos vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cada vez más personas y grupos adquieren interés legítimo para cuestionar esas reformas oficialistas que suplantan nuestro orden constitucional con regresiones de derechos y medidas antidemocráticas.
La clase política gobernante se ve cada vez más confiada en poder moldear nuestra Constitución y al país a su antojo absoluto.
Debieran saber que en algún momento llegarán resoluciones de instancias internacionales que exhiban y condenen las violaciones a derechos que con su actuar provocan.
Así que no extraña que en las reformas del régimen se anuncie la prohibición de cualquier interpretación contraria a sus designios.
Pronto tendrán que reconocer abiertamente que los medios de protección de derechos en aquellas sedes internacionales les estorban y repetirán el discurso de soberanía de México.
Por eso a nadie que vea la realidad engañan.
Por eso los amparos en trámite son vitales.
Y por eso es importante volver a lo resuelto por el Pleno de la Corte el martes pasado.
No hay ninguna determinación emitida que avale la constitucionalidad de la reforma judicial.
Sí hay una decisión de exigirse ocho votos en lugar de seis, contraria al texto vigente de la Constitución, para invalidar normas de forma general.
Pero las votaciones del Pleno en amparos en revisión pueden dar sorpresas.
Solo hace falta leer con detenimiento y conocimiento lo debatido en aquella larga sesión.
Así que continúan los amparos, tiene sentido agotarlos y esperar un resultado distinto al que ansía el régimen.
Por lo mismo, es importante cuestionar la reforma de inimpugnabilidad, que tiene vicios en el procedimiento y resulta un exceso en relación con los límites materiales que tiene el Poder Reformador de la Constitución.
La lucha sigue.
Lo cual tampoco impide que en un supuesto de excepción al deber de agotar los recursos internos, se aproveche la oportunidad para llevar la causa ante instancias internacionales, antes que después.
Así que para las personas a las que nos importa vivir en un Estado constitucional de derechos humanos, el camino es claro. No tenemos que inventar ni manipular nada, sólo hacer lo que es correcto.
En estos amargos tiempos ese camino puede ser solitario, pero entre recorrerlo bien y hacer lo fácil, optamos por lo primero, porque entendemos que ante la indiferencia del resto, ante la imposición del régimen, ante la distorsión de la realidad jurídica, ante la superficialidad de los medios inclusive, nuestro deber es defender al país y evitar que se transforme en un Estado sin Derecho con una Constitución del poder para el poder, por el poder mismo, con la que las personas pierdan sus derechos.
