CIUDAD DE MÉXICO.- La fluctuación de las cifras de personas desaparecidas y las salidas de funcionarios que estuvieron a cargo de gestionar la crisis marcaron 2023 para las familias de las víctimas, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador.


Los afectados denuncian desprotección y “caos” en la gestión de la problemática por parte del gobierno para abordar una crisis que deja al menos 100 mil personas sin localizar, en medio de la creciente violencia y las acciones del crimen organizado.

Decenas de personas siguen desapareciendo en México a diario, mientras que la crisis forense persiste, con más de 52 mil cuerpos sin identificar.

A lo largo de 2023, la fluctuación de las cifras oficiales de ciudadanos cuyo paradero se desconoce y los cambios de funcionarios que estaban a cargo de gestionar los casos aumentaron la incertidumbre para las cientos de familias afectadas.

Muchas promesas fueron naufragando a lo largo del sexenio
Organizaciones civiles señalan que al menos 100 mil personas se encuentran desaparecidas en el país.

Sin embargo, el jueves 14, el gobierno mexicano indicó que sólo 12 mil 377 ciudadanos se encuentran sin localizar.

Ese número dista de los 111 mil individuos sin encontrar que indicó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), con corte al 20 de agosto de 2023.

Esa imprecisión en los números que abarcan la tragedia resulta desafortunada, tanto para los familiares como para las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, aseguró el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre.

“Se inició la administración (del actual presidente López Obrador) con algunas señales promisorias y un intento de distanciarse de lo que habíamos tenido antes, pero muchas de esas promesas naufragaron a lo largo del sexenio y dejan hoy un panorama muy desolador, con un balance negativo”, destacó Aguirre.

Los esfuerzos de la Secretaría de Gobernación (Segob) se están poniendo en las cifras, y el censo realizado implica, consideró el experto, un desdén a la tragedia de la crisis de desaparecidos y a los familiares, específicamente por algunas de las categorías, como la de registros “sin datos suficientes”, que descarta de tajo a 26 mil 90 personas desparecidas.

Además, el director del Centro Prodh subraya que deberían distribuirse los esfuerzos en tareas urgentes, como la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses, “una herramienta de búsqueda que prevé la ley desde 2017 y que las familias han tenido que litigar ante los tribunales para que empiece a crearse, y sigue siendo una herramienta incompleta”.

Este panorama en 2023, sumado a años de lucha de las familias, aumentó la frustración entre quienes siguen buscando a sus seres queridos.

Karla Quintana. Renuncia
Salidas de funcionarios que lideraban los procesos

Los familiares también destacan como elemento perjudicial las salidas de funcionarios en los que confiaban para liderar los procesos de búsqueda desde el gobierno.

Entre ellos, la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, y el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, ambos cercanos a las familias y con una trayectoria especializada en el asunto.

“Tenían diálogo con los colectivos y en su lugar lo que hemos visto es la llegada de nuevos perfiles a la administración pública ya con muy poco margen (debido a las elecciones de junio de 2024)”, señaló Aguirre.

A lo largo del año, familiares de personas desaparecidas en México, en entrevistas con la agencia EFE, han hablado de la frustración que les provoca la lentitud en las investigaciones, la crisis forense y la falta de compromiso de múltiples autoridades.

María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos en México y reconocida recientemente como una de las 100 personas más influyentes del año por la revista “Time”, aseguró en mayo pasado que muchas madres buscadoras “lo único” que pretenden es dar una sepultura digna a sus hijos, pero ni siquiera eso han podido alcanzar.

Alejandro Encinas. Labor inconclusa

“México entero es un panteón clandestino”, afirmó Herrera.

Por su parte, María del Carmen Volante, madre de Pamela Gallardo, joven desaparecida hace cinco años en el sur de la Ciudad de México, acudió a una búsqueda en campo el 26 de mayo pasado, jornada que dio cuenta de la falta de compromiso y de medios de las autoridades.

Los miembros de la Guardia Nacional, los binomios caninos y los bomberos no estaban en la zona, a pesar de que la Comisión de Búsqueda había asegurado que llegarían.

Además, al iniciarse el trabajo en campo se observó que las labores previas que debieron realizarse para el proceso no se cumplieron.

Destaca que las zonas de búsqueda no estaban delimitadas, pese a que se trataba de un terreno inmenso e inabarcable para las poco más de 40 personas que acudieron al llamado.

Los familiares remarcan: el panorama se consolidó este año como caótico y desalentador.