*Está por arriba de Irak, Colombia y Cuba en peticiones de medidas urgentes para buscar a las personas e iniciar investigaciones; Segob rechaza que el Estado cometa desaparición forzada.
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Hasta septiembre de 2024, México encabezaba con 681 las peticiones de acciones urgentes por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU, seguido por Irak con 608, Colombia con 233 y Cuba con 193, según el más reciente informe del organismo internacional.
Una acción urgente es una solicitud del Comité a un Estado para que actúe de inmediato en la búsqueda, localización y protección de una persona desaparecida, así como para iniciar una investigación.
El informe detalla que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron 349 acciones urgentes, mientras que en el de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) sumaron 332.
Michael Chamberlin, activista y exmiembro del Consejo Consultivo de la CNDH, explicó que estas acciones son el último recurso de las familias ante la omisión o negligencia de las autoridades. Criticó que, en México, mientras más acciones se solicitan, menos urgente es la respuesta gubernamental.
“El Comité contra las Desapariciones sabe que hay una situación generalizada de desapariciones y que no se puede cambiar con acciones urgentes individuales, por eso activó el procedimiento del artículo 34, que busca exponer esta crisis ante la Asamblea General de la ONU por considerar que es sistemática”, declaró.
El CED advirtió que en la mayoría de los casos en México ha detectado fallas graves en la búsqueda e investigación, con informes que incluso señalan la participación de agentes públicos en la obstrucción de estos procesos.
Chamberlin agregó que México enfrenta una crisis profunda en este tema, y que la reacción del Estado ha sido insuficiente para prevenir las desapariciones y combatir la impunidad.
En su documento El carácter vinculante de las acciones urgentes del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada en México, el CED destaca que la desaparición de personas es una de las problemáticas más graves y persistentes del país, marcada por impunidad, falta de verdad y búsqueda inconclusa.
Andrea Horcasitas Martínez, de la Universidad Iberoamericana, subrayó que las 681 solicitudes de acción urgente reflejan una falta de respuesta generalizada frente a las más de 126 mil personas desaparecidas en el país.
Criticó que, aunque al inicio del sexenio pasado se intentó crear un marco institucional para atender la crisis, en el último año del mandato de López Obrador se desmantelaron importantes estructuras, como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y se redujo el Centro de Identificación Humana al 70% de su capacidad.
Horcasitas enfatizó que es crucial que el Estado reconozca la magnitud de la crisis:
“Hasta el momento no ha habido un reconocimiento real y honesto. Mientras eso no ocurra, será difícil avanzar con estrategias efectivas”.
Sandra Serrano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, agregó que muchas de estas acciones urgentes se atendieron durante la gestión de Karla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda.
Sin embargo, advirtió que 681 acciones siguen siendo muy pocas en comparación con el número real de personas desaparecidas.
