PARA LA ELECCIÓN JUDICIAL
CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).– La posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación (PJF) se quede definitivamente sin candidatos para la elección judicial de junio próximo estará en las manos de un tribunal Colegiado en el estado de Michoacán.
El 7 de enero último el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) informó que decidió detener el proceso de selección de los candidatos para la elección judicial, debido a que fue notificado de la concesión de una suspensión definitiva que incluía este mandato.
De esa manera, el PJF se ha quedado, por ahora, sin posibilidad de postular candidatos a jueces, magistrados o ministros para la elección extraordinaria de este año.
El CEPJF argumentó que, de no cumplir con la suspensión concedida, sus integrantes estarían incurriendo en un delito de desacato (contemplado en la Ley de Amparo), por lo que mientras la medida siga vigente no podrá continuar con las entrevistas y exámenes a los aspirantes inscritos que estaban previstas a iniciar a partir desde el 14 de enero próximo.
“Nosotros, los cinco integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, estamos convencidos de que las suspensiones y las órdenes judiciales en un Estado de derecho se tienen que cumplir y por eso lo acatamos en los términos que están ordenados”, explica en entrevista para Proceso la magistrada María Emilia Molina, integrante del CEPJF.
“No hay en este momento posibilidades de que sigan las etapas, es decir, no habría forma de que hubiera examen y tampoco las entrevistas mientras esté vigente la medida cautelar; no sabemos cuánto tiempo va a durar, ni si se va a revocar o no; si se va a dictar la sentencia definitiva o si se va a modificar la medida cautelar”.
La suspensión definitiva concedida por el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán en el amparo número 1074/2024 ya fue impugnada por diversas autoridades, como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Congreso del estado de Guerrero y la Fiscalía General de la República, entre otras.
Sin embargo, ninguno de los recursos ha sido asignado a ningún tribunal Colegiado debido a que las autoridades que los tramitaron no acompañaron copias suficientes para los demás involucrados en el amparo.
Una vez que las autoridades cumplan con los requerimientos del juez de Distrito, podrá enviar los recursos a un tribunal Colegiado en el estado de Michoacán para que defina si confirmará, modificará o revocará la suspensión definitiva.
De confirmar la medida, el PJF se quedará definitivamente sin candidatos para la elección judicial de este 2025.
Para evitar este escenario, el Colegiado tendría que revocar la suspensión y emitir su resolución antes del 7 de febrero próximo, fecha límite que tiene el PJF para enviar su listado de candidatos al Senado para garantizar su participación en los comicios de junio de este año.
“Los tiempos son muy cortos, como hemos visto, hay una prisa inusitada e inexplicable de que esto sea rápido, entonces, según las fechas que señaló el Senado y que, debo decir, el propio Senado no ha cumplido con las fechas que él ha puesto, el 7 de febrero tendrían que mandarse por cada uno de los poderes al Senado las listas de candidatos; entonces, en principio, tendría que revocarse o dejar que ya no tuviera efectos antes del 7 de febrero para que tuviéramos tiempo de hacer los exámenes y las entrevistas”, explica la magistrada.
La mano de Noroña
Aunque la reforma establece que una vez que el Senado reciba las listas de candidatos de cada poder de la Unión, deberá enviarlas sin modificaciones al INE, la decisión del CEPJF dio pie a que el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, cambiara de palabra las reglas establecidas en la Constitución.
Advirtió que buscará que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo (CEPL) postule a los interesados que se inscribieron ante el CEPJF y que con la decisión de frenar el proceso de selección quedaron, por ahora, fuera de la contienda.
“No entiendo el porqué no está así en las reglas constitucionales. Sin embargo, sabemos, por lo que nos ha dado la experiencia de estos últimos meses, que no importaría la regla constitucional. Si quieren hacerlo, pues lo harán con o sin marco, judicial y legal”, comenta Molina.
La magistrada detalla que el CEPJF no está señalado como autoridad responsable en el amparo en el que fue concedida la suspensión definitiva, sino que desde el 20 de diciembre último el juez de Distrito ordenó vincular a los miembros de los tres comités para que cumplan con la medida, lo que les fue notificado el 7 de enero reciente por la mañana.
El presidente del Comité nos convocó a sesión extraordinaria y decidimos emitir este acuerdo –explica–; se dio lectura a los oficios en los que nos estaban notificando, se hizo la propuesta de acuerdo, se definió el párrafo en el que dijimos que no pasaba inadvertido que se generaría un desequilibrio porque fue parte de lo que discutimos y de lo que dijimos sobre cuáles iban a ser los efectos de la determinación.
“Nunca hubo una duda de que teníamos que acatar la suspensión decretada por el juez de Distrito”.
Hasta ahora los comités de los Poderes Legislativo y Ejecutivo determinaron no hacer caso a la suspensión que les ordena frenar los procesos de selección de candidatos tomando como base una opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que estableció que las suspensiones de amparo no pueden detener los procesos electorales.
Proceso informó el 8 de enero último que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una contradicción de criterios en la que deberá definir si prevalecerá la opinión del Tribunal Electoral o las órdenes emitidas por los jueces de Distrito.
“En un Estado de derecho lo que se espera es que los Poderes Judiciales, los órganos jurisdiccionales, en el ámbito de sus competencias, dicten resoluciones que den certeza jurídica, pero la certeza jurídica y el Estado de derecho funcionan no sólo cuando los órganos jurisdiccionales en sus competencias van diciendo lo que debe suceder, sino en la medida que las partes que están involucradas en los conflictos acatan”, apunta la integrante del CEPJF.
“Hay una destrucción del Estado de derecho, porque podemos o no estar de acuerdo en lo que digan los jueces, pero si ya estamos en un juicio, hay que acatar lo que diga un juez, y si no estamos de acuerdo, impugnarlo en los medios de impugnación que existan conforme a las leyes vigentes y, entonces, pues asumir que lo que se dice”.
Por ello, Molina consideró que, con el acuerdo del CEPJF, se sumó un conflicto más entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, mismos que llevan ya más de un sexenio confrontados.
“Yo creo que estamos, sin duda, ante un régimen autoritario, eso ha pasado en otros países, hay muchos ejemplos internacionales que podemos ver cómo un régimen autoritario lo primero que destruye es la independencia judicial porque obviamente los Poderes Judiciales lo que hacen es proteger a las personas del autoritarismo; entonces, esta improvisación y esta cantidad de reformas constitucionales que ha habido en unos meses, o sea, es infame”, denuncia.
