*En vísperas del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Con una herencia de más de tres mil agresiones a periodistas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de las cuales casi 50 fueron asesinatos, y con más de 90% de impunidad en crímenes contra libertad de expresión, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo registró los primeros dos casos de comunicadores asesinados en vísperas del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.
Sin que hasta el 1 de noviembre haya indicios claros de los responsables del asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, fundador del medio digital Minuto x Minuto, acribillado minutos después de trasmitir en vivo una entrevista con el alcalde de Uruapan la noche del 29 de octubre, como tampoco los hay de la muerte de la periodista de espectáculos en Colima, Patricia Ramírez, conocida como Paty Bunbury, baleada el 30 de octubre, organizaciones internacionales dedicadas a la defensa de la libertad de expresión encienden los focos rojos sobre la continua violencia contra el gremio periodístico en México, considerado uno de los países más letales para a prensa en el mundo.
Con variaciones metodológicas para registrar asesinatos de periodistas, organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, desde 2000 cada una ha documentado 156 y 168 casos respectivamente, con una impunidad que ronda el 98% y 90 por ciento.
Ambas organizaciones casi coinciden en que durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 37 homicidios, según RSF, y 47, según Artículo 19.
Las cifras destacan si se comparan con las consideraciones de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR), que reconoce investigaciones vigentes en 104 homicidios de periodistas registrados desde 2010, año en que fue creada, de los cuales sólo considera un registro de 38 “derivado de su actividad periodística”.
De acuerdo con el último Informe Estadístico de la FEADLE, publicado en septiembre pasado, de 2012 a 2024 la fiscalía especializada ha obtenido 41 sentencias condenatorias por delitos contra la libertad de expresión, de las cuales sólo ocho corresponden a homicidio.
Los estados más letales son Veracruz, con 16 homicidios; Chihuahua, con 15, y Guerrero y Tamaulipas con 13 en cada entidad.
El mismo documento destaca que entre 2010 y al 30 de septiembre de 2024 se integraron mil 762 indagatorias por delitos contra periodistas, siendo los delitos más denunciados amenazas, con 843; abuso de autoridad, con 224, y lesiones, con 137 casos.
La FEADLE refiere en su informe que de 2010 al 30 de septiembre de 2024 tramitó 4 mil 262 indagatorias y actualmente tiene 245 judicializadas y 156 consignadas ante juzgados federales.
“La situación de violencia en contra de la prensa en México es absolutamente trágica, un escenario, yo diría, catastrófico”, alerta en entrevista con Proceso Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina.
De visita en México para recordar al gobierno de Claudia Sheinbaum el compromiso que hizo ante RSF durante su campaña presidencial para “poner fin a la violencia contra los periodistas en el país, que no ha cesado de aumentar en los últimos años”, Romeu lamentó que durante su estancia se haya registrado el primer crimen contra un periodista en el gobierno de Sheinbaum, precisamente el de Mauricio Cruz Solís en Uruapan, Michoacán.
“El escenario en México es catastrófico porque es estructural, en el sentido de que no es algo que está asociado a un momento político, a un contexto específico, es algo que ya viene de más de una década. Estamos hablando de 150 casos de periodistas asesinados, y de 31 casos de periodistas que siguen desaparecidos.
“Eso es, por supuesto, la punta del iceberg de una cadena de violencia que es mucho más grande, de amenazas, de agresiones, de otras estrategias de intimidación que no llegan necesariamente a un asesinato o a una desaparición, pero que sí están todos los días”, puntualiza Romeu.
Señala que casi una hora antes de que fuera asesinado Cruz Solís, pero en Taxco, Guerrero, Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo, fue secuestrado y horas después dejado en libertad con golpes en el cuerpo.
El periodista cuenta con medidas del Mecanismo para la Protección para Personas Defensoras y Periodistas del gobierno federal.
“Lo que ocurre en México es un retrato de una película que ya dura mucho tiempo. una película de terror, yo diría, de la historia del periodismo mexicano, el balance es muy malo”, insiste Romeu.
Al reconocer que Reporteros sin Fronteras tiene esperanza de que haya un cambio en el tratamiento a la prensa durante el gobierno de Sheinbaum Pardo, porque al menos durante el primer mes no ha replicado la actitud “hostil” que tuvo su antecesor, el director para América Latina de la organización con sede en París, alerta que “no ayuda” a eliminar la violencia y la impunidad contra la prensa atacarla constantemente desde la tribuna presidencial, como lo hizo López Obrador.
“Es difícil verificar cómo afectan los mensajes hostiles y estigmatizantes hacia la prensa. Con un incremento de casos de ataques, es difícil calcularlo, pero seguramente es algo que no ayuda, pero tampoco podemos decir que la situación durante el sexenio de (López) Obrador ha sido distinta de la situación de gobiernos anteriores, o sea, es un problema que ya viene de hace mucho, aunque es claro que con esos mensajes el riesgo de la normalización de esos ataques y la banalización pone a la sociedad en peligro, porque hay siempre que recordar que cuando estamos hablando de la libertad de prensa y la violencia en contra de periodistas, no estamos hablando solamente de la violencia en contra de una persona, es un atentado al derecho humano, la información y toda su dimensión social”, abunda.
Durante su estancia en México, Artur Romeu y su equipo de RSF-México se entrevistó con la titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMH), Sara Irene Herrerías Guerra; el titular de la FEADLE, Ricardo Sánchez del Pozo; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla; con funcionarios del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como con la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Celeste Ascencio Ortega, y con representantes de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, con el objetivo de coordinar esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos que firmó Sheinbaum para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas.
“La lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas y el fortalecimiento de las políticas de protección debe ir de la mano si queremos hacer frente con eficacia a la crisis de violencia que amenaza cada día a libertad de prensa en México.
“Las discusiones que hemos tenido muestran la voluntad de avanzar, pero es crucial que los compromisos de la presidenta Sheinbaum se traduzcan rápidamente en acciones concretas que garanticen justicia y seguridad para los periodistas”, concluye Artur Romeu.
Balance complicado
Desde Articulo 19 el balance previo al Día Internacional de para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas es complicado, sobre todo considerando la dinámica contra la prensa que tuvo el gobierno de López Obrador.
Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de la oficina en México y Centroamérica de esta organización, recuerda que durante el sexenio de López Obrador se cometieron tres mil 408 agresiones contra la prensa, de las cuales “prácticamente la mitad fueron cometidas por funcionarios públicos”.
Al sostener que “el principal aliciente de la violencia en general, y en este caso de la violencia contra la prensa, es la impunidad, porque el mensaje que se manda de que no va a haber consecuencias por las agresiones cometidas contra la prensa y esa impunidad, si bien es sistémica, también responde a las propias dinámicas de complicidad entre los perpetradores de esa violencia contra la prensa”, considera Maldonado Gutiérrez en entrevista con Proceso.
El defensor resalta que en casos en los que hay funcionarios públicos involucrados en las agresiones, la impunidad es un reflejo que “hay ese poder dentro del aparato del Estado para que se frene cualquier intento de dar con los responsables cuando son las propias autoridades los responsables”.
Además, a la falta de acceso a la justicia en estos casos, se suma el contexto de la “de macrocriminalidad, en donde ya no se trata solamente de autoridades que agreden, sino del crimen organizado que comete, si bien un porcentaje no muy abultado de agresiones en contra de la prensa, pues sí las más graves, pero las comete otra vez en complicidad con las propias autoridades locales y con el encubrimiento de las fiscalías locales”.
Señala que “estamos en un caldo de cultivo perfecto para que la impunidad se siga reproduciendo, de ahí que al cierre del sexenio, en términos de los avances de la FEADLE, pues se ve un nivel de impunidad general de 90% de los casos”.
Agrega que “de los 47 asesinatos registrados durante el sexenio de López Obrador en contra de la prensa, pues solamente 40% de esos casos fueron atraídos por la FEADLE, y en términos de agresiones en general una disminución radical, casi al 30% de atracciones frente a los casos. ¿Es una solución que atraiga a todos los casos? No, pero es la única opción que tienen las víctimas” ante la colusión de los agresores con autoridades estatales.
Acompañante en el litigio de diversos agravios a periodistas, Maldonado Gutiérrez pone algunos ejemplos que hablan de las dificultades para acceder a la justicia.
Caso Lydia Cacho
Uno de los casos de mayor avance es el reclamo de la periodista Lydia Cacho por la tortura sexual de la que fue víctima por parte del gobierno de Puebla de Mario Marín, que la sometió a un proceso penal como represalia por la publicación de su libro Los demonios del Edén.
“Es un caso que lleva ya 20 años, que además tuvo que pasar por la revisión internacional, en concreto del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que en julio de 2018 determinó que sí había graves violaciones a derechos humanos en contra de ella y que además no hubo una debida diligencia en la investigación. A partir de ahí se detonó, pues ya, la reactivación del caso, digamos, en sede nacional, que dio las aprehensiones de Marín, el intento de aprehensión de Kamel Nassif. Pero tuvieron que pasar 20 años”, puntualiza.
Sin embargo, hay “otros casos completamente olvidados, como el de Moisés Sánchez Cerezo, desaparecido el 2 de enero de 2015 y su cuerpo encontrado 20 días después; casos cerrados como el del espionaje telefónico a Carmen Aristegui a través de Pegasus, que no se logró condenar a un autor material que era la puntita de la cadena de mando; o el proceso de criminalización y persecución desde la FGR que se sigue a la periodista Marcela Turati, la defensora Ana Lorena Delgadillo y la experta forense Mercedes Doretti, por el seguimiento a las fosas de San Fernando”.
Al destacar los avances en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez, Leopoldo Maldonado cuestiona que para algunos asuntos el Estado se mueva y en otros no se tenga claridad de “cuáles son los obstáculos políticos, reales, presupuestales, operativos, lo que sea, que no está dejando avanzar la justicia para periodistas. Esa sigue siendo una pregunta abierta y, otra vez, volvemos a la hipótesis de la colusión política, de la complicidad, del encubrimiento, porque se trastocan intereses cuando se trata de investigar a fondo los asesinatos de periodistas u otras agresiones”.
A un mes del gobierno iniciado el gobierno de Claudia Sheinbaum, el director regional de Artículo 19 reconoce que “ha disminuido desde la tribuna presidencial la descalificación a la prensa, lo cual de suyo es un avance significativo dada la virulencia que imperó durante el gobierno de López Obrador, que era diario y era mucho”.
Sin embargo, el defensor es cauteloso, pues “después del primer asesinato en su sexenio, el de Mauricio Cruz, no vimos algún mensaje de empatía ni una ruta de acción que se vaya a tomar en términos de proteger a la prensa”, más allá de anunciar que corresponde a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atender el asunto.
“Sería muy bueno que la presidenta, ante esta terrible situación, aproveche la oportunidad de mandar un mensaje distinto al que se mandó durante todo el sexenio pasado, tenga empatía con las víctimas y fije una ruta clara de hacia dónde se tiene que ir en esta perspectiva integral de prevenir la violencia contra la prensa, de protegerla y, en su momento, garantizarle justicia y verdad”, alienta Leopoldo Maldonado.