* La compañía Vulcan Materials cuestionó la oferta que el gobierno mexicano le hizo por 385 millones de dólares
Apenas el pasado 29 de febrero, el propio presidente López Obrador aseguró que habían reiniciado los acercamientos con la firma estadounidense para intentar llegar a un acuerdo de compra sobre las 2.400 hectáreas que posee en Playa del Carmen.
CIUDAD DE MÉXICO.- Una empresa estadounidense de canteras, que mantiene una disputa de años con México por un terreno en una zona turística del Caribe, rechazó este lunes la campaña de críticas del gobierno y el cierre de sus instalaciones en dos ocasiones alegando daños medioambientales.
La compañía Vulcan Materials, con sede en Alabama y propietaria de una mina de piedra caliza, cuestionó también este lunes la oferta que el gobierno mexicano le hizo a raíz de que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicara el año pasado su intención de adquirir como Estado unas 2 mil 300 hectáreas que tiene la firma estadounidense cerca de la localidad turística de Playa del Carmen por unos 385 millones de dólares.
El mandatario ha amenazado en el pasado con expropiar la extensa propiedad alegando que la mina que ha excavado para extraer piedra caliza triturada ha dañado el frágil sistema de ríos subterráneos y cuevas de la zona.
Vulcan Materials cuestionó este lunes en un comunicado que recibió un “avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos”.
En los documentos presentados sobre el caso en un panel de arbitraje internacional, la empresa estadounidense valoró la propiedad en mil 900 millones de dólares.
Para el gobierno mexicano, la parte más atractiva de la propiedad era el muelle de embarque de carga de la empresa —el único puerto profundo en la costa continental— que planea convertir en un muelle para cruceros.
El gobernante ha propuesto convertir el resto de la propiedad en una reserva natural.
El muelle de la empresa en Punta Venado es el único de la zona que puede recibir cemento, piedra triturada, y otros cargamentos para el Tren Maya, uno de los proyectos emblemáticos de López Obrador.
La línea del Tren Maya, de mil 500 kilómetros de largo, recorrerá la península de Yucatán en un circuito irregular que conectará complejos turísticos de playa y yacimientos arqueológicos.
Vulcan Materials rechazó la acusación de que ha afectado al entorno con sus actividades.
“Nuestras operaciones no han afectado a cuevas subterráneas, cenotes o vestigios arqueológicos. De hecho, hemos mapeado, protegido y preservado estos valiosos recursos”, afirmó la empresa en un comunicado.
En cambio, la empresa alegó que otras canteras de la zona han estado operando ilegalmente para atender las obras del Tren Maya.
Ese proyecto, además, ha sido cuestionado por activistas, buzos y arqueólogos que sostienen que las obras han dañado cuevas y cenotes que albergan algunos de los restos humanos más antiguos de Norteamérica.
La oficina de Comunicación Social de la Presidencia no tuvo una reacción inmediata a las acusaciones de Vulcan Materials.
“El gobierno mexicano continúa utilizando amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones para tratar de justificar la conversión de nuestra propiedad en una supuesta ‘Área Natural Protegida’ que —irónicamente— podría ser utilizada no para el beneficio de la población y su medio ambiente, sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales”, dijo la empresa.
López Obrador ha planteado que también quiere utilizar los pozos inundados que la empresa excavó como “piscinas” o un área de “ecoturismo” que sería operada como una concesión por un operador privado.
Las enormes fosas están habitadas por cocodrilos, especie protegida en México.
López Obrador promociona el tren como una forma de llevar parte de los ingresos del turismo de Cancún a las comunidades del interior que no han participado de la riqueza.
Pero no existen estudios de viabilidad creíbles que demuestren que los turistas quieran utilizar el tren.
Por años, el mandatario mexicano se ha enfrascado en una disputa con Vulcan Materials cuya cantera de piedra caliza fue clausurada y sancionada en el 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente lo que derivó en una demanda al Estado mexicano.
En mayo del 2022 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales clausuró la cantera de Vulcan Materials por uso indebido de recursos naturales y deterioro del medio ambiente y prohibió a la empresa exportar la piedra caliza que se ha utilizado durante mucho tiempo en proyectos de construcción estadounidenses y mexicanos.
