* Quejas impugnan la admisión a trámite de amparos promovidos por personal judicial, así como suspensiones provisionales
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia rechazó, por ahora, 41 solicitudes del Ejecutivo para atraer sus recursos contra amparos que impugnan la extinción de fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF).
En sesión privada, la Segunda Sala de la Corte acordó este miércoles que no procede ordenar a Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito que le envíen los recursos de queja que ha presentado la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF).
Dichas quejas impugnan la admisión a trámite de amparos promovidos por personal judicial, así como suspensiones provisionales, que jueces han concedido desde noviembre para frenar la reforma legal que ordena concentrar en la Tesorería de la Federación alrededor de 15 mil 800 millones de pesos acumulados en fideicomisos de la propia Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Fuentes judiciales informaron que la Sala declinó intervenir por el momento porque el martes pasado el Ministro Javier Laynez admitió a trámite acciones de inconstitucionalidad de diputados y senadores de Oposición, y suspendió en su totalidad la extinción de los fideicomisos.
Las fuentes agregaron que la Corte también va a instruir a los tribunales colegiados para que no resuelvan recursos sobre este tema, hasta que el máximo tribunal resuelva las acciones admitidas por Laynez, que fueron acumuladas en un solo expediente.
En este juicio, la Corte resolverá directamente si la extinción de fideicomisos viola derechos Constitucionales como la independencia judicial, el acceso a la justicia y la no aplicación retroactiva de las leyes.
Al conceder la suspensión, Laynez concluyó que esta afectación sí es probable, pues extinguir los fideicomisos y usar el dinero para los programas del Ejecutivo, "podría disminuir o comprometer" la función Constitucional del PJF.
Para invalidar la reforma a la Ley Orgánica del PJF, será necesario el voto del al menos ocho Ministros, y está por verse si se reunirá la mayoría necesaria en relación con todos los fideicomisos, pues los más importantes financian pensiones complementarias y obras de infraestructura, pero otros están prácticamente ociosos.
Es previsible que Láynez presentará el proyecto al Pleno con la mayor celeridad posible, lo que permitiría resolver el asunto en el primer trimestre de 2024.
Si el Pleno no logra la mayoría para invalidar, eventualmente la Corte sí podría atraer recursos de la CJEF, ya sea contra las suspensiones o contra sentencias de fondo que dicten los jueces, pues para conceder o negar los amparos en Sala basta el voto de tres Ministros o Ministras.
Esta sería una ruta similar a la de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsadas por el Gobierno en 2021, que el Pleno no pudo invalidar en la acción que discutió en abril de 2022 por tener solo siete votos en los temas principales, pero contra la cual la Segunda Sala seguramente concederá amparos a principios de 2024.
