*La movilización por tiempo indefinido está siendo acompañada por familias de presos instaladas en las inmediaciones del zócalo capitalino del estado.

CIUDAD DE MÉXICO (Agencias).- Más de medio millar de personas internas en ocho prisiones del Estado de México iniciaron una huelga de hambre este miércoles en protesta por las malas condiciones de alimentación, salud y de graves violaciones a derechos humanos.

La movilización por tiempo indefinido está siendo acompañada por familias de presos instaladas en las inmediaciones del zócalo capitalino, encabezadas por el presidente de la organización civil Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDHAC), José Humbertus Pérez Espinoza.

El viernes 5, Pérez Espinoza anunció en conferencia de prensa que se esperaba una participación de 3 mil personas en protesta, debido a la grave situación de derechos humanos en que se encuentra más de 35 mil personas privadas de la libertad que se encuentran en los penales mexiquenses, tras el ascenso de Delfina Gómez como gobernadora, quien nombró a Andrés Andrade Téllez como secretario de Seguridad del Estado de México, personaje que habría sido destituido del Centro Nacional de Información (CNI) por haber “filtrado información a grupos criminales”.

Sin embargo, en la víspera de la huelga de hambre, la Red Solidaria Década contra la Impunidad (RSDCIAC), que representa a PIDHAC en organismos internacionales, denunció que personas que habían anunciado su participación en la protesta, recibieron amenazas, entre ellas Pérez Espinoza y otras dos activistas, María Guadalupe Hernández Rojas y Beda Sarmiento Gutiérrez.

Tras la emisión de una Acción Urgente, dirigida a organismos de derechos humanos internacionales, al inicio de la protesta, en conferencia de prensa Pérez Espinoza hizo un primer recuento.

Según el abogado, a la convocatoria de recurrir a la huelga de hambre se sumaron 326 personas privadas de su libertad en el penal de Texcoco; 207 en Chiconautla; 15 en Neza Bordo; seis mujeres privadas de libertad en Neza Sur; 13 en Chalco; 11 en Santiaguito; 7 en Barrientos, y dos en Valle de Chalco.

La movilización busca que se atienda un pliego petitorio de 10 puntos, entre ellos que Andrade Téllez transparente “cómo fue resuelto su proceso de separación del Centro Nacional de Inteligencia, así como su acreditación a los exámenes de Control de Confianza, y sustente que es egresado del Servicio Profesional de Carrera de Seguridad Pública”.

Los huelguistas urgieron “la destitución y el inicio de carpetas de investigación en contra de los directores de los Centros de Prevención y Reinserción Social Dr. Sergio García Ramírez, Bertín Arellano Gómez y de Neza Bordo Xochiaca, Verónica Jiménez Moreno, por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos” de los internos, que han sido víctimas de “torturas, tratos crueles e inhumaos, asesinatos, extorsiones, discriminación, persecución y amenazas a internos” que forman parte de PIDHAC.

Los manifestantes pidieron transparentar el presupuesto y los contratos del servicio de alimentación para los cerca de 36 mil internos de los penales, y que sea la Comisión Especial de Reinserción Social del Congreso y organizaciones de derechos humanos quienes “supervisen dos veces por mes la entrega de los alimentos nutritivos y suficientes, además de los medicamentos y agua potable de los Centros de Prevención y Reinserción Social”.

Entre las demandas que tienen las personas que iniciaron la huelga de hambre, está la “despresurización de los penales por beneficios de libertad condicionada, anticipada, por apoyo humanitario a enfermas o enfermos de la tercera edad, que representan el 46% de la población penitenciaria, que son aproximadamente 16 mil 100 mujeres y hombres que ya cumplen con los requisitos de libertad”.

Al demandar una mesa de negociación con la gobernadora Delfina Gómez, los inconformes pidieron que las personas privadas de la libertad que “de manera ilegal” fueron trasladadas a penales federales, sean llevados a prisiones cercanas a sus familiares, “que no se les reprima, amenace, torture, maltrate y/o traslade a otros centros penitenciaros”, en tanto que a los internos que participan en la huelga de hambre y sus familiares “no sean perseguidos, amenazados, etc.”.