CIUDAD DE MÉXICO.- Un tribunal federal sepultó en forma definitiva el caso contra 16 mandos y exfuncionarios del sistema penitenciario que fueron acusados de pagar un sobrecosto de 62 mil millones de pesos en las concesiones de 8 prisiones de alta seguridad, contratadas por Genaro García Luna.
No obstante, a pesar de la medida, por este asunto sigue vigente una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa y uso indebido de atribuciones y facultades contra el ex Secretario de Seguridad Pública Federal, preso en Estados Unidos, ya que nunca compareció en una audiencia, a diferencia de sus coimputados, que ahora han librado el proceso.
El Tercer Tribunal Colegiado Penal de la Ciudad de México canceló el trámite del amparo directo con el que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal (SSPC) pretendía que los imputados fueran procesados por el segundo de los ilícitos referidos.
Tanto un juez de control como un tribunal de apelación habían sentenciado que ambos delitos ya estaban prescritos y, por tanto, los ex funcionarios ya no podían ser perseguidos. Ahora, con el fallo del colegiado, esta resolución ha quedado firme.
El tribunal canceló el trámite del amparo porque las personas morales oficiales, como la SSPC, sólo pueden presentar este recurso legal para reclamar un daño a su patrimonio y la no vinculación a proceso no está dentro de ese supuesto.
"Cuando la Secretaría de Estado quejosa intenta obtener el amparo actuando como ente del Estado, no es procedente, porque el acto reclamado sólo afecta cuestiones relativas a la determinación de prescripción que dio pie a la no vinculación a proceso con efectos de sobreseimiento parcial, relativo a un delito que no produce una afectación al patrimonio de la persona moral oficial", resolvió el federal.
Este es un asunto donde la FGR imputó el pago de un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los penales federales de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.
Los contratos fueron otorgados en 2010 y 2011, en la gestión de García Luna, a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco, por casi 270 mil millones de pesos, para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.
Quienes libraron la imputación son el General Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los penales federales, así como sus antecesores, el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.
También Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, y los ex coordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.
También Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor; Arturo Sosa Viderique, director de Administración, y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones de la SSP.
El resto son Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo, y María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.
En 2010 y 2011, Montaño Fernández, Sosa Viderique y Villarreal Gutiérrez suscribieron los contratos originales.
El resto de los funcionarios fueron implicados porque firmaron en los sexenios de Enrique Peña y Andrés López Obrador un total de 76 convenios modificatorios.
