CIUDAD DE MÉXICO. Agencias. Integrantes del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero, recibían un pago mensual de hasta 50 mil pesos del grupo criminal Guerreros Unidos a cambio de facilitar la operación de la banda, según el testimonio de un testigo protegido.


En el marco de la investigación del asesinato de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el testigo protegido “Carla” reveló el pasado 13 de abril ante la FGR que jefes del cártel que controlaba Iguala entregaban el dinero a unos 20 militares pertenecientes del 27 Batallón.


El testigo fue quien también reveló que oficiales del Ejército vendieron armas a la organización criminal.


De acuerdo con otra declaración del testigo “Juan”, rendida el 10 de febrero de 2020, elementos de los Batallones 27 y 41 de Infantería recibían mensualmente entre 60 y 120 mil pesos por protección y para llevar droga y armas en vehículos militares.


Grupo REFORMA publicó que, según “Carla”, miembros del Batallón vendieron armas a Guerreros Unidos, que a su vez la prestaba a un grupo de reacción inmediata de la Policía de Iguala, conocido como “Los Bélicos”, al que se atribuye haber entregado a los 43 estudiantes a los narcos que los desaparecieron.


Al abundar sobre los supuestos sobornos para los militares, previo a la tragedia de los normalistas, “Carla” señaló que Guerreros Unidos tenía en su nómina a alrededor de 20 militares del 27 Batallón.


El primer día de mes, refirió, les hacían llegar 50 mil pesos a cada uno en un sobre.
A cambio, el grupo tenía vía libre para transportar droga y armas, así como para recibir información anticipada.


Según su dicho, en unas canchas de futbol de Iguala, que ellos conocían como el Maracaná, unos sicarios apodados “El Monkey” y “El Reno” le entregaban los sobres con el dinero a unos militares conocidos como “El Bóxer”, quien al parecer era Capitán, y otro de nombre Trino.


“Carla” no da muchas referencias de “El Bóxer”, sólo algunas características físicas.
“Los soldados, a ellos se les daban 50 mil pesos mensuales, los que se le entregaban a una persona que le dicen ‘El Bóxer’, el cual era soldado del 27 Batallón que se encuentra en Iguala, para que este se los repartiera a sus elementos, todos de ese Batallón”, aseguró el testigo.


Había otro soldado que le decían “El Nuevo”, en ese entonces de unos 22 años, quien también buscaba a los criminales para cobrar un soborno.
“Carla” mencionó que otros militares como Vladimir y Crespo (el Capitán José Martínez Crespo) también estaban en la nómina.


De acuerdo con el testigo protegido “Juan”, Guerreros Unidos tenía en su nómina a integrantes de los Batallones 27 y 41 de Infantería, al Procurador y al Secretario de Seguridad Pública de Guerrero.


Presumía muerte de normalistas
“El Bóxer”, uno de los soldados señalados por supuestamente cobrar sobornos en el 27 Batallón de Infantería, presumía haber trasladado a Taxco y asesinado a cuatro o cinco de los normalistas que fueron secuestrados la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.


De acuerdo con la declaración del testigo protegido “Carla”, Guerreros Unidos tenía un depósito de cerveza que utilizaba como bodega de droga y que era conocido como “El Hoyo”.


Una noche, cuatro meses después de la desaparición de los 43 estudiantes, “El Bóxer” llegó a este sitio para reunirse con los sicarios “El Peyton”, “Minsa”, “Memín”, “El Negro” y el ahora testigo protegido.


“Había varios, estaban sentados en la mesa y yo parado cuidando, ahí fue donde escuché que ‘El Bóxer” dijo que se había llevado como 4 o 5 chavos, estudiantes, para Taxco, junto con un (policía de) Tránsito que le dicen ‘Junior Estrada’, a los que se llevaron en las camionetas que traían los soldados esta noche”, relató.

“‘El Bóxer’ dijo que esos muchachos se los habían entregado cerca de una escuela que está cerca de (la calle) Álvarez y se los había entregado ‘El Profe’, que era jefe de sicarios, pero yo nada más escuché que se los habían llevado para Taxco”.

El testimonio de “Carla” fue empleado por la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa para obtener las órdenes de aprehensión del 13 de junio pasado contra 16 militares, aparentemente implicados en el caso Iguala.

El testigo protegido “Carla” es el mismo que desde el 18 de noviembre de 2020 declaró que Ramiro Alvarado Sánchez “La Minsa” y Lorenzo Bello Hernández, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, asesinaron al normalista Julio César Mondragón Fontes “El Chilango” y luego el primero de ellos lo desolló el rostro.

Esa historia no es verificable, porque un dictamen de la CNDH concluyó que el normalista murió durante la noche de Iguala por un traumatismo craneoencefálico ocasionado con un objeto contundente y que el desprendimiento de piel en su rostro fue ocasionado por fauna silvestre.