*El gobierno federal aprobó la creación del corredor del istmo de Tehuantepec con consultas exprés, asambleas infladas y rúbricas incluso de personas fallecidas, atropellando derechos indígenas.
CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- Cuando la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa en el estado de Oaxaca, supo que el gobierno federal quería instalar un Polo de Desarrollo para el Bienestar (Podebi) en sus tierras, Inocencio Morales ya estaba muerto.
Murió la noche del 22 de enero de 2020.
El cáncer de hígado les quitó la vida a los 62 años.
Pero a más de un año de su fallecimiento, su firma apareció en el acta de la asamblea agraria del 14 de marzo de 2021, avalando la venta de tierras al gobierno y la instalación de este parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, proyecto prioritario del sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Esta es sólo una de las anomalías encontradas en esa acta.
El documento muestra participación inflada, firmas triplicadas y decenas falsificadas, por ello la comunidad ingresó amparos que terminaron por detener temporalmente el avance de uno de los 10 parques industriales contemplados en el proyecto.
“Esta consulta es una simulación. El gobierno federal manipulará la información que se está levantando”, concluyeron participantes de la mesa del pueblo náhuatl durante la asamblea que se efectuó en Oteapan, Veracruz.
Este fue el punto más álgido de una serie de arbitrariedades contra esta comunidad indígena zapoteca, luego de que en 2019 se hiciera la primera consulta sobre el Corredor Interoceánico fuera de los parámetros establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Así, la defensa de su territorio ha chocado con el discurso de un gobierno que dice tener un “compromiso en trabajar en beneficio de las comunidades indígenas”.
El progreso prometido
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es la alternativa mexicana al Canal de Panamá.
Tiene como columna vertebral la línea Z del ferrocarril que conecta los océanos Atlántico y Pacífico; del puerto de Salina Cruz en Oaxaca hasta el de Coatzacoalcos en Veracruz.
Bajo el discurso del “desarrollo”, el gobierno mexicano transformará una zona rica en recursos naturales en un paisaje industrial, con un impacto inicial en 79 municipios de estos estados.
De inicio, el gobierno concesionará diez parques industriales a privados, denominados Polos del Desarrollo para el Bienestar (Podebi).
En esos terrenos, que otrora fueran agrarios o indígenas, las empresas podrán transformar sus materias primas en productos comercializables.
Desde ahí, promete una reducción de hasta cinco días en el tiempo requerido para el tránsito de mercancías de costa a costa, en comparación con el Canal de Panamá.
Este megaproyecto requiere una inversión de cinco billones de dólares (98 mil millones de pesos), para hacer de México la nueva puerta del comercio global.
La mayor parte de los recursos son públicos (60%).
El gobierno espera que el Corredor Interoceánico aporte 2.65% del producto interno bruto del país, atrayendo una inversión de 960 mil millones de pesos.
Es la apuesta a largo plazo para el desarrollo nacional, pero debajo de esas estimaciones quedan aquellos que han vivido mucho tiempo el abandono histórico, la explotación de sus recursos y el despojo de sus tierras.
Desconocen a comunidades indígenas
El Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en favor de que en todos los proyectos de desarrollo anunciados por el gobierno de AMLO se garantice el Derecho a la Consulta y el Consentimiento libre, previo e informado, la práctica de 2019 se replicó en 2021.
El gobierno anunció el desarrollo de parques industriales a lo largo del trazo del ferrocarril, con impactos directos en la tenencia de tierra e indirectos en aspectos sociales y ambientales para los 79 municipios de influencia.
La diferencia fue que en esta ocasión desconoció a los habitantes indígenas de la mayoría de los municipios impactados.
De los 10 Polos de Desarrollo para el Bienestar (Podebi), sólo reconoció como comunidades indígenas a Ciudad Ixtepec, Santa María Mixtequilla y San Blas Atempa en Oaxaca. En 2023, a Asunción Ixtaltepec.
El INPI rechazó consultar a habitantes de municipios como Matías Romero, donde el 57.7% se considera indígena.
El argumento fue que el predio es propiedad de la federación por lo que “no se afectarán derechos territoriales de ninguna comunidad indígena” y que no tienen registro de que las localidades cercanas al polígono “hayan ejercido su derecho a la autoadscripción”.
“Es un hecho notorio que, por el paso del tiempo, la actual ciudad ha abandonado los rasgos identitarios y ha asumido una convivencia urbana en el que prevalecen los derechos individuales”, dijo sobre los 6 mil 500 habitantes indígenas de Texistepec, Veracruz. Lo mismo para Coatzacoalcos, Salina Cruz y San Juan Evangelista.
Una vez más, las consultas fueron exprés y no consensuadas previamente con los órganos internos de cada comunidad.
“Los pueblos nos planteaban que los procesos de consulta han resultado una trampa porque se vuelven el centro de la exigencia, cuando lo más importante es el ejercicio de la libre determinación, es decir, que una comunidad pueda decir que no y que eso se respete”, detalla Hernández Saad, coordinadora en México del IPRI.
En su opinión, las consultas realizadas no fueron informadas ni libres porque hubo mucha presión sobre los habitantes y el Estado ha tomado decisiones sin siquiera preguntarles.
Por ejemplo, la militarización del proyecto debió haberse sometido a consulta, acorde al compromiso de no militarizar los territorios indígenas que suscribió el gobierno mexicano.
No obstante, el presidente López Obrador designó este proyecto a la Secretaría de Marina, como lo hizo con otras obras prioritarias de su sexenio, buscando garantizar que se concrete aún entre protestas.
Las comunidades tampoco fueron consultadas sobre la adhesión de más obras vinculadas que no se les informaron desde 2019, como los parques industriales, los gasoductos, la planta de hidrógeno verde, entre otros proyectos con impactos sociales y ambientales graves.
Se solicitó una entrevista al INPI y a la Marina, pero rechazaron dar una entrevista o responder al cuestionario que se les entregó.
La continuidad de la simulación
Actualmente, el tren de pasajeros sólo hace un viaje por día con un máximo de 400 personas a bordo.
Los trenes de carga pueden trasladar hasta 5,200 toneladas por viaje.
El Pitayal es un territorio rico en biodiversidad y agua, una tierra poblada de mezquite, un elemento fundamental para la fabricación del totopo, sostén de la economía de los habitantes de la región.
Tiene casi 18 mil hectáreas de extensión y forma parte de los Bienes Comunales de San Blas Atempa.
Ahí los habitantes son de lucha y, tras las arbitrariedades en la venta de 331 hectáreas dentro de El Pitayal al gobierno mexicano, ingresaron amparos por la falsificación de firmas y la falta de información sobre los impactos del proyecto.
Desde el 2021 el Podebi planteado para empresas enfocadas en los textiles, metales y la agroindustria, se topó con pared.
Ahí empezaron los encontronazos con el gobierno que, cansados de la defensa legal de las tierras y las manifestaciones públicas a través de bloqueos carreteros, denunció penalmente a 18 habitantes de esta localidad.
“No estamos en contra del progreso, sino que informen a la gente bien, pero lamentablemente no es así. (...) La cuarta transformación era no robar, no mentir, pero se hace lo contrario”, lamenta el comunero Guadalupe Ríos.
Aún con los amparos que protegían la tierra, en mayo de 2023, el gobierno mexicano, a través del organismo denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), declaró como Podebi el terreno de 331 hectáreas.
En la publicación en el Diario Oficial de la Federación notificó el cambio de uso de suelo a tipo industrial y detalló que el CIIT había comprado las tierras desde abril de 2022, pese a las inconformidades de la comunidad.
El gobierno pagó 56 millones de pesos (alrededor de 17 pesos —80 centavos de dólar— el metro cuadrado) por esa área que entregará a una compañía privada para la instalación de un complejo industrial.
La presión del gobierno mexicano surtió efecto apenas en junio de 2024. Tomaron la decisión colectiva de desistir del amparo federal contra el Podebi y dar pie a su instalación “ante el aumento de la tensión al interior de nuestra comunidad y con ello las amenazas al tejido comunitario e integridad física y psicológica de nuestros habitantes por parte de las fuerzas represivas del Estado y los entes paramilitares de la economía criminal regional y transnacional”, según difundieron a través de un comunicado.
