POR APLICAR LA LEY
* Una subcomisión tendría 30 días para determinar si procede el juicio político o no
* La JUFED llamó a que se garantice la imparcialidad del sistema judicial
CIUDAD DE MÉXICO.- Asociaciones de juzgadores reprobaron la intención de Morena de promover un juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, al advertir que se amenaza la autonomía del Poder Judicial y lo somete a las determinaciones del Estado.
Luego de que morenistas en la Cámara de Diputados informaron que promoverán esta petición que implicaría la destitución o la inhabilitación en el cargo, surgieron denostaciones y muestras de apoyo al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) destacó la trayectoria de Pérez Dayán y llamó a que se garantice la imparcialidad del sistema judicial.
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"Las personas juzgadoras federales asociadas a JUFED respaldan la destacada trayectoria y trabajo del ministro Alberto Pérez Dayan. Enaltezcamos su labor, cuya congruencia y apego a las leyes fortalecen los cimientos de la justicia", expusieron.
"Reafirmamos la importancia de la imparcialidad y la legalidad en nuestro sistema judicial. Por un Poder Judicial de la Federación independiente y autónomo", añadieron.
De igual manera, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (AMJAC) resaltó que la división de poderes es una de las bases del estado democrático liberal.
"Vemos con profunda preocupación cómo crece la tentación de someter al Poder Judicial", externaron en un posicionamiento firmado por la presidenta de su Consejo directivo, la magistrada María Emilia Molina de la Puente.
Recordaron que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la independencia judicial es uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso y el ejercicio autónomo de la función judicial debe ser garantizado por el Estado, tanto en relación con el Poder Judicial, como con la persona de la jueza o el juez específico.
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"(La CIDH) estableció que, para evitar que el sistema judicial y sus integrantes se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial se debe garantizar la función de las mencionadas personas juzgadoras mediante un adecuado proceso de nombramiento; así como garantizar su responsabilidad e inamovilidad en su cargo y su protección contra presiones externas", remarcó la asociación de juzgadoras.
"Sustentando lo anterior en el importante rol que las juezas y los jueces desempeñan en una democracia, en tanto se constituyen en garantes de los Derechos Humanos, lo que exige conocer y salvaguardar su independencia específicamente frente a los demás poderes estatales, pues de otro modo se podría obstaculizar su labor, al punto de hacer imposible que estén en condiciones de determinar, declarar u eventualmente sancionar la arbitrariedad de los actos que puedan suponer vulneración a aquellos derechos, así como ordenar las reparaciones correspondientes", agregaron.
El Poder Judicial, subrayaron, debe cumplir con esta responsabilidad conferida y funge "como fiel balanza" y la independencia es un componente fundamental de la división de poderes.
También acusaron ataques políticos contra las decisiones jurisdiccionales, contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Gelasio Pérez Dayán; y contra el juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, Crescencio Contreras Martínez.
"Ambos por decisiones jurisdiccionales adoptadas en ejercicio de su potestad constitucional como titulares de un poder autónomo del Estado", señalaron.
"Invitamos al diálogo constitucional entre poderes, a la mesura y a buscar siempre la prevalencia del Estado derecho, lo que como se dijo solo, es posible con independencia judicial", pidieron.
