* Mujeres en todo el país viven violencia y cada día se enfrentan a sus agresores, pero también a un sistema judicial que es cómplice y ejecutor
CIUDAD DE MEXICO. (Agencias).- Elisa estuvo seis meses en la cárcel.
Su “delito”: terminar la relación con su expareja por la violencia que él ejercía contra ella y denunciarlo por retener a los hijos de ambos, un día que ella salió de viaje.
Desde el primer momento que su expareja se negó a devolverle a los hijos, Elisa interpuso procesos legales para recuperarlos.
Un día acudió al centro de convivencias como parte del juicio de recuperación, pero en lugar de sus hijos la esperaba un fuerte operativo para arrestarla: su expareja la había denunciado y su prueba era que las plantas que Elisa usaba para sahumar eran hierbas para drogar a los pequeños.
A diferencia de los procesos legales que ella había interpuesto contra él por la violencia doméstica y por impedirle ver a sus hijos, el proceso que él interpuso en contra de ella avanzó rápida y contundentemente: fue detenida en un operativo en Veracruz y trasladada a un penal en Quintana Roo.
El caso fue irregular, con pruebas fabricadas, con amenazas y procesos penales contra quien se atreviera a fungir como su testigo.
Elisa pasó seis meses en prisión preventiva vinculada a proceso.
Eso que él hizo se llama violencia vicaria. Esto es, cuando una persona quiere lastimar a otra y lo hace ejerciendo violencia sobre una tercera persona.
En este caso, los hijos son usados para hacerles daño a las mujeres, según se explica en el “Informe Contextual sobre Violencia Vicaria: Análisis de la legislación estatal desde el enfoque civil y penal versus leyes locales en materia de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, realizado por la Secretaría de Gobernación.
Aunque es un término relativamente nuevo (acuñado hace unos 10 años), la realidad es que las mujeres lo viven desde hace mucho tiempo y de diferentes formas: agreden, violentan o sustraen a las y los hijos u otras personas que dependen de ellas (adultas mayores, personas con discapacidad, etc.).
Se trata de un tipo más de violencia de género que se presenta generalmente por parte de la pareja o expareja cuando ya hubo otras violencias previas.
En la experiencia de mujeres y colectivas se ha documentado cómo las instituciones judiciales posibilitan esta violencia.
Después de seis meses presa Elisa recuperó su libertad, pues la jueza del caso lo cerró por falta de pruebas.
La violencia no terminó ahí, al salir de prisión se encontró con cuatro denuncias más en su contra, amenazas de muerte y sobre todo la imposibilidad de volver a ver a sus hijos.
La separación de hijos e hijas, una violencia a evitar
“La violencia vicaria es la suma de múltiples violencias”, dice Shamanta Sesma, una de las fundadoras de CESODI, un colectivo creado en Baja California en el año 2022 y que actualmente reúne a 40 mujeres.
Cesar, Sofía y Diego conforman las siglas de este colectivo, son el llamado de lucha por los hijos de Shamanta Sesma y la hija de Estefanía Plascencia fundadoras del colectivo.
En 2019, tras seis años de relación, Shamanta decidió separarse por violencia física y psicológica, pero aún separados la violencia continuó.
El 6 de abril de ese año, mientras ella trabajaba, él se llevó a los dos hijos que tuvieron juntos.
Aunque ella intentó denunciar no se lo permitieron argumentando que era el padre biológico.
Un delito que poco se persigue
En México, 28 estados han legislado sobre el tema de violencia vicaria y 18 lo tipificaron en el Código Penal, según la revisión de los Códigos Penales y Leyes de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de todos los estados.
Margarita Salcido Cota es abogada y preside el Movimiento Cabeño contra la Violencia Vicaria.
Por su experiencia asegura que los funcionarios judiciales no conocen el concepto de violencia vicaria y cuando se les explica juzgan a las víctimas y a las abogadas defensoras por “querer dañar a los hombres”.
De hecho, el Movimiento ha llevado a los juzgados el Código Penal impreso con la definición de violencia vicaria, para mostrarle a quienes imparten justicia su existencia.
La tipificación es impulsada por colectivos de mujeres que han vivido violencia vicaria.
Pero incluso su tipificación poco salvaguarda sus derechos.
Actualmente en todo México han interpuesto 609 denuncias por violencia vicaria pero no se ha llegado a ninguna sentencia, de acuerdo con respuestas de las Fiscalías y Procuradurías locales obtenidas a través de solicitudes de información.
Todas las mujeres que denuncian este delito están en la impunidad y únicamente 48 carpetas (el 7.88%) han sido llevadas a un juzgado.
Mayreth, una de las víctimas en Baja California Sur, relató que en su momento fue revictimizada por una funcionaria, quien le aseguró que si su expareja le aportaba $50, eso era suficiente y cumplía con su obligación.
En ese estado la violencia vicaria se tipificó como delito en junio del 2024, sin embargo, de poco ha servido para frenarlo y evitar que los funcionarios participen en ella.
Esa es la historia de Gabriela, quien se enfrentó a agresiones físicas, psicológicas y verbales por parte de su expareja, quien la acusó de intento de homicidio y así pudo quitarle a su hija de apenas un año.
Gabriela tardó año y medio en recuperar a su hija, en este proceso las abogadas Margarita Salcido Cota y Alejandra Placencia, la apoyaron pro bono para que avanzara su proceso, en el cual su expareja la llegó a agredir verbalmente frente a las autoridades asegurando que Gabriela padecía de sus facultades mentales.
“Al final el juez se encontró con muchas mentiras por parte de él y su abogada y determinó que la custodia me sería entregada porque se comprobó por parte de las autoridades que mi expareja me había violentado, que era mentira el supuesto intento de homicidio y además había sustraído de manera ilegal a mi hija y se la llevó fuera del estado”, relató Gabriela.
Ante la falta de respuesta de las instituciones públicas algunas víctimas han intentado recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para sentar precedente y que determine que las instituciones están involucradas en la violencia.
Hasta el momento la CIDH ha admitido dos casos y está pendiente uno más.
El primero fue el de Blanca Estela Paredes Hernández con la petición P-2498-23 promovida con el apoyo de la Red Solidaria Década contra la Impunidad AC (RSDCIAC).
Ella señala como su agresor al exmagistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, José de Jesús Covarrubias Dueña, (quien fue desaforado y está prófugo por los cargos de abuso sexual), con quien tuvo dos hijos.
En su queja indica que el Estado ha sido parte de los violentadores al ser omiso en las violaciones de sus derechos y dilatar injustificadamente los trámites.
El otro caso admitido fue el de Gabriela Pablos Saucedo, bajo la petición P-275-24 con ayuda de la misma Red.
A ella, su expareja le quitó a su hijo usando una denuncia falsa de maltrato infantil y en cuya resolución el juez ignoró la perspectiva de género.
El caso de Elisa Zaldívar, que pasó seis meses en la cárcel de Quintana Roo, también está en análisis para ser admitido.
Apoyo y sororidad
Los colectivos Ley Sabina y Movimiento Cabeño, en Baja California Sur, así como el Colectivo CESODI, en Baja California, han permitido a las mujeres sobrellevar los procesos que involucran la violencia vicaria.
En muchos estados se han conformado organizaciones y colectivos que se apoyan de manera solidaria para salir adelante y enfrentar la continua revictimización institucional.
Además, algunos despachos jurídicos —como el de la abogada Margarita Salcido Cota y el abogado Rubén Jiménez— apoyan a las víctimas de violencia vicaria con asesorías jurídicas con menor costo de lo normal.
“El daño es mayúsculo, no solamente va en la interposición de denuncias falsas, va muchísimo más allá porque tienes que luchar contra ti misma, contra una sociedad e inclusive demostrarle a tus hijos que sí los quieres, que sí eres una buena mamá, y cómo decir que su papá es malo si ellos están haciendo todo lo posible aparentemente por ser unos grandes papás”, destacó Salcido.
Estos colectivos se han agrupado en algunas organizaciones nacionales como el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Gracias a ellos Elisa pudo obtener su libertad después de seis meses de detención injusta; Shamanta pudo tener asesoría legal; Nancy confía en la tipificación de la violencia vicaria en Veracruz para poder denunciar.
Estos colectivos impulsan los casos a instancias locales e internacionales, dan apoyo emocional y hacen frente a la violencia vicaria que realizan las exparejas y las autoridades.
