AVC/VERÓNICA HUERTA
XALAPA, Ver.- Las veracruzanas Pauleth, Quetzally, Andrea y Teresa son cuatro de un centenar de mujeres víctimas de violencia vicaria, que al carecer de una ley más la corrupción y dilación ejercida por empleados y empleadas de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado están impedidas para tener y criar a sus menores hijos.
Las cuatro mujeres tienen en común haber padecido dentro del hogar la violencia de género, económica, psicológica, golpes, maltato, y cuando decidieron finalizar la relación para salvar sus vidas, el agresor comenzó a ejercer la violencia vicaria.
A través de los hijos e hijas de ellas, sus exparejas continúan la violencia al impedirles la convivencia, verlos, criarlos y tenerlos con ellas.
En entrevista con las víctimas, refieren que la ausencia de una ley para sancionar la violencia vicaria, han padecido la corrupción entre empleados y empleadas de la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial del Estado.
“Hay corrupción, se maneja desde Archivo, Actuaria, Secretarios, Mesas de Acuerdo, son todos; la corrupción con el Juez es el último eslabón, primero empiezan los que notifican les dicen no notifiques o notifica en un domicilio incorrecto y con eso dicen que no llegamos a las audiencias”, señalaron las víctimas.
Señalaron que sus hijos e hijas también son víctimas de la ausencia de una ley para sancionar la violencia vicaria en Veracruz.
ANDREA VIAJA DE GUADALAJARA A XALAPA CADA 15 DÍAS PARA VER A SU HIJA
Andrea Julieta Ortiz González informó que el 22 de julio del 2020, ella se encontraba en un tienda de abarrotes de Puerto Vallarta estado de Jalisco cuando el agresor el arquitecto Alejandro N y ayudado por su hermana le arrebataron a su hija, para traerla a vivir a Xalapa, por lo que ella viaja y gasta sus recursos cada 15 días para poder ver a la menor de edad.
Un ejemplo de la corrupción y dilación del Poder Judicial de Veracruz es que pasaron nueve meses para que el Juez de los Familia celebrara una audiencia y poder dar curso a la situación legal de la menor de edad, refirió.
“A mi hija la desaparece un mes, cuando vuelvo a saber de ella estaba en Xalapa con un depósito judicial; la audiencia que se debió tener a la primera semana que hacen el depósito de un menor, esa audiencia me la dieron hasta a los nueve meses, porque el Juez dijo que estábamos en pandemia” detalló.
