* Denunciada por Empresas Fantasma en el PJEV
Por Alba Alemán
Reportera de NOTIVER
XALAPA, Ver.- La ex directora general de Administración del Poder Judicial de Veracruz (PJEV) Joana Marlene Bautista Flores, no asistió a la audiencia a Pacho Viejo, luego de que fuera citada por un juez local, ante la denuncia en su contra por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió un proceso en su contra, tras las denuncias que presentó en febrero de este año la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, por presuntamente haber contratado empresas fantasma dentro de la institución.
El 9 de febrero Jiménez Aguirre acudió ante la FGE para presentar denuncias que involucra delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado; esto luego de que fueran detectadas estas empresas fantasmas y proveedores en una auditoría interna.
Este día, la ex directora general de Administración del PJEV fue citada para comparecer, en Pacho Viejo, sin embargo, envió un comprobante médico y solo asistieron sus representantes jurídicos.
La audiencia fue programada en el marco de la investigación 144/2023 por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.
Cabe mencionar que este día también fue citada Manuela Saldaña Ríos, quien fungió como subdirectora de Recursos Financieros, pero tampoco asistió y solo acudieron sus abogados.
Durante la auditoría interna que se hizo en el primer semestre del 2023, se detectaron presuntos desvíos por 50 millones de pesos, en ese tiempo Joana Marlene Bautista Flores era la Administradora.
Sin embargo, también Ofir Aly Gutiérrez Ponce, exsubdirector de Recursos Materiales; Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos ex jefes del Departamento de Servicios Generales, son señalados de complicidad.
Estos exfuncionarios son señalados por contratar presuntas empresas fachada.
Una auditoría aplicada al primer semestre de 2023 reveló que no existían elementos suficientes para garantizar que estas empresas operaban conforme a las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos.
Además, no han confirmado sus actividades económicas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y carecen de una estructura funcional para su operación.
Cabe recordar que desde la llegada de la actual presidenta del Poder Judicial señaló que no permitiría actos de corrupción, y advirtió que además de esta auditoría, se estarían realizando otras de años anteriores al 2023.
