Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER
A partir de este miércoles, en las instalaciones del órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) iniciará la etapa de la solventación de observaciones de la Cuenta Pública 2022.
Desde esta fecha, iniciará el desfile de servidores y ex servidores estatales y municipales quienes acumulan un presunto daño patrimonial de mil 503 millones 890 mil 803.76 pesos en la Cuenta Pública 2022.
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De acuerdo al Decreto del Informe de Resultados que se publicó hace un mes, al cumplirse este lapso, los entes fiscalizables deben acudir a las instalaciones del ORFIS para tratar de solventar las observaciones y evitar que se les finque responsabilidades penales.
Del total del probable quebranto financiero, mil 305 millones 891 mil 261.47 pesos son en 195 Ayuntamientos.
En 5 Ayuntamientos hay un presunto daño de 42 millones 719 mil 988.28 pesos por concepto de deuda pública y en 10 entes paramunicipales el presunto daño es por 31 millones 402 mil 907.05 pesos.
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De esta lista, los Ayuntamientos con más observaciones son: Medellín de Bravo, que debe solventar 84.6 millones de pesos; Cotaxtla, 82.4 millones de pesos; Sayula de Alemán, 58.4 millones de pesos; San Andrés Tuxtla, 53.5 millones de pesos; Coscomatepec, 45.7 millones de pesos; Ilamatlán, 44.8 millones de pesos e Ixhuatlán del Sureste, 43.4 millones de pesos.
Además, hay un probable quebranto financiero por 161 millones 952 mil 891.18 pesos en 2 dependencias estatales y en 28 organismos públicos descentralizados.
El Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2022, señala que, en las auditorías realizadas en los entes estatales, se detectó un presunto daño patrimonial por 166 millones 596 mil 635.24 pesos.
Las dos dependencias observadas son la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) con 3 millones 568 mil 141.96 pesos; y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) donde existe un presunto daño por 2 millones 536 mil 385.35 pesos.
De acuerdo al proceso, una vez integrado el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa por la probable comisión de faltas graves, el ente fiscalizador debe otorgar el derecho de audiencia, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que los servidores o ex servidores públicos puedan argumentar lo que a su derecho convenga, así como llevar a cabo las diligencias correspondientes.
