Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER
Entre acusaciones de los diputados de oposición, la noche de este lunes, el Congreso Local avaló el dictamen de la Comisión Permanente de Vigilancia por el que son aprobados los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas de los entes fiscalizables del estado de Veracruz, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.
El presunto daño patrimonial fue por mil 546 millones 610 mil 792.04 pesos, donde la mayoría corresponde a los municipios.
El documento fue avalado con 36 votos a favor, siete en contra y cero abstenciones; en el mismo quedó asentado que en 195 municipios se detectaron irregularidades que hacen presumir la existencia de daño patrimonial por un monto de 1 mil 305 millones 891 mil 261 pesos.
Para defender el Dictamen subió el diputado de MORENA Rafael Gustavo Fararoni Magaña quien aseguró que la Comisión de Vigilancia ha sido responsable de una fiscalización ajena a compromisos políticos o de grupo, actuando con objetividad y eficiencia, por lo que las y los veracruzanos “pueden tener la seguridad de que se trata de una Cuenta Pública confiable y transparente”.
También adelantó una posible reforma al ORFIS al señalar que muchas observaciones son producto de temas administrativos.
“Esto se debe en gran parte por falta de dictámenes, permisos, licencias o validaciones requeridos para la ejecución de estas obras, las obras existen, pero existe un problema con la documentación, ante esta problemática la Comisión de Vigilancia y el Orfis implementaremos más acciones para corregir estas deficiencias, proponemos al ORFIS hacer más intenso trabajo de capacitación principalmente con autoridades municipales “, dijo.
Quien fue “duro y a la cabeza” fue la diputada Verónica Pulido Herrera, del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que el Dictamen estuvo repleto de irregularidades para favorecer a alcaldes de Morena y al Gobierno; también, acusó al ORFIS de opacidad.
“La información que se proporciona a Diputadas y Diputados es a cuentagotas y acotada, por lo tanto, la ciudadanía no puede saber realmente como se está ejerciendo el dinero público en sus municipios”, puntualizó.
Por ello, planteó la necesidad de establecer una comunicación regular y equilibrada con todas las fuerzas política, pues la fiscalización corresponde a todo el Congreso y no solo a un órgano.
A respecto, expuso en la tribuna parlamentaria la necesidad de que haya una comunicación constante, objetiva, equilibrada e imparcial durante todo el año, porque en ese Congreso se aprueba el presupuesto de egresos y por ello el Orfis debe presentar democráticamente el informe explicando a cada uno de las diputadas y diputados para dar tiempo a un análisis y una retroalimentación.
El Orfis, resumió, solo rinde cuentas a la Comisión de Fiscalización y no da cuentas a los legisladores de partidos opositores.
Por el Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Marlon Eduardo Ramírez Marín adelantó su voto en contra debido a que, consideró, hay hallazgos que ameritan la observancia de la Comisión de Vigilancia en la dependencia estatal de salud, en relación con indicios de diversas irregularidades.
“He señalado de manera reiterada, pública e institucional en la Comisión que tramita la facultad de auditoría de este Congreso, que me parece sesgada la manera en la que se lleva a cabo la selección de las muestras para los procesos de auditoría”.
Detalló que el presupuesto del Gobierno del Estado de Veracruz es de alrededor de mil 140 millones de pesos, entre dependencias del estado y ayuntamientos, y solo dos dependencias tienen observaciones: la Secretaría del Medio Ambiente, con 3 millones 568 mil pesos, y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario con 2 millones 536 mil pesos.
Asimismo, los organismos públicos descentralizados, tienen observaciones por 161 millones de pesos, y los ayuntamientos tienen observados un total de mil 305 millones de pesos, “cuando diecisiete municipios junto con las dependencias del gobierno que no se mencionaron hicieron un trabajo perfecto, impecable e impoluto”.
“No defiendo y ni acuso a nadie, porque debemos privilegiar la presunción de inocencia, pero muchos presidentes municipales son observados, y en la mayoría de los casos es por deficiencias en la legislación actual vigente, y esa ha sido una de las mayores discusiones”, dijo al enfatizar que con la falta de transparencia en el proceso de fiscalización, los ayuntamientos salen afectados pues genera desconfianza en los ciudadanos, el manejo desordenado de los recursos, “me parece que no se mide con el mismo rasero”.
Finalmente, el Dictamen fue avalado por la mayoría de Morena y aliados.