* Tiene que sancionar a funcionarios
Por Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Contraloría General del Estado de Veracruz investigue y en su caso sancione a funcionarios del Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) por el presunto desvío de 73 millones de pesos.
El documento de la ASF señala que los funcionarios no acreditaron que usaron el dinero en el objetivo del fondo, además, de que se revelaron gastos de auditorías, pero no se mostraron los contratos y el objetivo de la revisión; y se pidió una aclaración sobre el pago a maestros que no cumplían con el perfil.
“La ASF instruye a la Contraloría General del Estado o su equivalente a que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no administraron en una cuenta bancaria específica los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, y no conciliaron los saldos bancarios al 31 de diciembre de 2023 con lo reportado en el documento denominado Ejercicio y Aplicación de los Recursos del FAETA 2023 a la misma fecha, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 36 y 69; de la Ley de Coordinación Fiscal; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de abril de 2013, lineamiento trigésimo segundo” señala el documento.
El ente fiscalizador apunta que el Gobierno de Veracruz infringió la normativa, principalmente en materia de Registro e Información Financiera de las Operaciones y en materia de Servicios Personales; en materia de adquisiciones.
Así como de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; la Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Por lo anterior, corresponde a la Contraloría General iniciar las investigaciones correspondientes.
