POR CÁMARAS DE VIGILANCIA
*Jaime Téllez Marié, Antonio Garza García y Sergio Iván Cadena Lira, ex Subsecretario de Logística y Director General del Centro de Planeación, fueron citados
Xalapa, Ver.- (AVC) El ex secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marié, Antonio Garza García y Sergio Iván Cadena Lira, ex Subsecretario de Logística y Director General del Centro de Planeación y Estrategia, respectivamente en la Secretaría de Seguridad Pública del periodo Yunista, fueron citados a comparecer ante el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en una audiencia inicial para que respondan por su responsabilidad administrativa en la contratación de cámaras de videovigilancia a la empresa "COMTELSAT, S.A., de C.V".
Esto como parte del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa dentro del expediente de investigación ORFIS/SI/IR2018/003/2020.
En un edicto emitido por la Dirección de lo Contencioso y Substanciación del ORFIS, se citó a una audiencia en este mes de noviembre.
El objetivo del citatorio es garantizar su derecho de audiencia y de adecuada defensa, expresó el ORFIS en la notificación.
Este procedimiento del ORFIS es alterno al que hizo el TRIJAEV donde ya se emitió sentencia, pero también está relacionado con el sistema de videovigilancia que pagó la SSP.
¿QUÉ DEBE TÉLLEZ DE LAS CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA?
Jaime Téllez ya ha sido sancionado antes por el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz (TRIJAEV) por la compra presuntamente fraudulenta de videovigilancia en el periodo de la gubernatura de Miguel Ángel Yunes Linares.
Recientemente, la Sala Regional emitió una sentencia que inhabilitó por 20 años al ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie y tres ex funcionarios más, además de que se les ordenó devolver 700 millones de pesos, aunque la sentencia fue impugnada.
En la administración de Cuitláhuac García Jiménez, la SSP, a través de su Órgano Interno de Control, abrió un proceso en contra del ex secretario y tres ex funcionarios tras haber otorgado por mil 116 millones de pesos, de los cuales fueron pagados mil 044 millones de pesos.
De esos, 350 millones de pesos son de recursos federales, y está en investigación por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el resto son recursos estatales que deberán ser pagados.
