Y LO HICIERON
Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER
Con el voto de Morena y sus aliados, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que obligará a extinguir 13 fideicomisos, donde hay disponibles 15 mil 434 millones de pesos.
Sin embargo, esto ha causado inconformidad en los propios trabajadores y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), consi-deró que debilitar al Poder Judicial es un error.
“Debilitarlo presupuestalmente, y más bajo premisas equivocadas, valoraciones políticas o amagos para su sometimiento a otros poderes, dañará no solo a jueces, magistrados y ministros; sino a las víctimas y a quienes claman justicia. Asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial es un despropósito y de manera indirecta una forma de revictimizar a quienes hoy más requieren respaldo”.
En un posicionamiento, señalaron que la Cámara de Diputados pretende realizar un recorte de entre 15 mil y 25 mil millones de pesos al Poder Judicial de la Federación, un recorte que podría representar el 31% del presupuesto que tuvo en 2023.
Esto resulta inaceptable en un contexto donde año tras año crecen el número de casos y de personas que recurren a instancias legales para hacer valer sus derechos.
Al respecto, consideraron necesario advertir que el Poder Judicial desde el año 2019 ha sido severamente golpeado en materia presupuestal.
De haber tenido un presupuesto en 2018 de 95,677 millones de pesos, para 2019 ese monto se redujo a 82,994 millones, un recorte del 15%.
Para 2023, el presupuesto aprobado bajó aún más, llegando a 80,646 millones.
Para solventar su operación en 2024 se solicitó a los diputados asignarle 84,792 millones, pero se ha anunciado que el bloque mayoritario pretende recortar hasta en 31% ese monto, lo que claramente es un riesgo enorme de dejar inoperante al sistema de justicia.
“Desde COPARMEX nos manifestamos para que se haga un análisis profundo de rubros donde el Poder Judicial podría generar economías o reorientar el gasto de manera más eficiente como lo mandata el artículo 134 constitucional. Pero tenemos claro que una cosa es optimizar el gasto y otra -muy distinta- asfixiar a un Poder por cuestiones políticas o venganzas personales”.
Al respecto, advirtieron de al menos 3 impactos severos: El primero, es que se abre la puerta al deterioro en la calidad de perfiles y a la impunidad: El recorte afectaría el ya de por sí complejo funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que es la instancia encargada de sancionar a los impartidores de justicia que realizan mal su trabajo o cometen algún acto indebido. Pero también a la capacitación y profesionalización de los perfiles que laboran en el sistema de justicia.
En segundo lugar, se pondría en riesgo la certidumbre jurídica de la elección en 2024: Otra instancia afectada sería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en un momento clave de la historia del país.
En 2024 se renovarán más de 20 mil puestos de elección popular; entre ellos, la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, 128 senadores, 500 diputados, ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades.
Y el tercer riesgo es que, se ahuyentarán inversiones: Según expertos, México tiene frente a sí la oportunidad de crecer hasta 10 puntos porcentuales adicionales del PIB en los próximos 5 años de aprovecharse el fenómeno de relocalización de empresas o Nearshoring.
Pero eso solo será posible si se cumplen al menos 3 condiciones impostergables: Combatir la inseguridad, invertir en infraestructura y robustecer el Estado de Derecho.
Claramente asfixiar al Poder Judicial es un contrasentido que mandaría una pésima señal al mundo y desalentaría la llegada de nuevas inversiones tan necesarias para crear los empleos que los jóvenes demandan.